La farsa del asedio de Knightsbridge
johnpilger.com
| Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández. |
El
asedio de Knightsbridge es una farsa. Desde hace dos años, la exagerada
y costosa presencia de la policía rodeando la embajada ecuatoriana en
Londres no ha servido más que para hacer ostentación del poder del
Estado. Su presa es un australiano acusado de ningún delito, un
refugiado de una repugnante injusticia cuya única seguridad es el
albergue que le ha dado un valiente país sudamericano. Su verdadero
crimen es haber iniciado una oleada de revelación de verdades en una
era de mentiras, cinismo y guerra.
La persecución a Julian
Assange debe terminar. Incluso el gobierno británico cree claramente
que debe terminar. El 28 de octubre, el viceministro de asuntos
exteriores, Hugo Swire, dijo en el Parlamento que la fiscal sueca
“sería bienvenida” en Londres y que “se le facilitaría absolutamente
todo”. El tono era de impaciencia.
La fiscal sueca, Marianne
Ny, ha rechazado venir a Londres para interrogar a Assange sobre su
presunta conducta sexual inapropiada en Estocolmo en 2010, aunque la
ley sueca lo permite y el procedimiento es rutinario tanto en Suecia
como el Reino Unido. La evidencia de amenaza a la vida y libertad de
Assange por parte de EEUU –en caso de que salga de la embajada- es
abrumadora. El 14 de mayo de este año, los expedientes judiciales de
EEUU revelaron que se había “puesto en marcha” una “investigación
multifacética” contra Assange.
Ny nunca ha explicado
adecuadamente por qué no viene a Londres, tampoco las autoridades
suecas han explicado nunca por qué se niegan a dar a Assange la
garantía de que no van a extraditarle a EEUU en virtud de un acuerdo
secreto establecido entre Estocolmo y Washington. En diciembre de 2010,
el Independent revelaba que los dos gobiernos habían hablado de su extradición a EEUU antes de que se emitiera la Orden Europea de Detención (OED).
Quizá el hecho pueda explicarse considerando que Suecia, en contra de
su reputación como bastión liberal, se ha acercado tanto a Washington
que ha permitido hasta “entregas extraordinarias” secretas de la CIA,
incluyendo la deportación ilegal de refugiados. La entrega
extraordinaria y posterior tortura de dos refugiados políticos egipcios
en 2001 fue condenada por el Comité de las Naciones Unidas Contra la
Tortura, Amnistía Internacional y Human Rights Watch; la complicidad y
duplicidad del Estado sueco aparecen documentadas en exitosos litigios
civiles y en los cables de WikiLeaks. En el verano de 2010, Assange
había estado en Suecia para hablar de las revelaciones de WikiLeaks
sobre la guerra de Afganistán, en la cual Suecia tenía soldados bajo el
mando de EEUU.
Los estadounidenses están persiguiendo a
Assange porque WikiLeaks expuso sus épicos crímenes en Afganistán e
Iraq: la matanza al por mayor de decenas de miles de civiles que habían
tratado de ocultar; y su desprecio por la soberanía y el derecho
internacional, como demostraban vívidamente sus cables diplomáticos
filtrados.
Por su parte, al revelar cómo los soldados
estadounidenses asesinaban a civiles afganos e iraquíes, el heroico
soldado Bradley (ahora Chelsea) Manning obtuvo una sentencia de 35 años
de reclusión tras soportar más de mil días en unas condiciones que,
según el Relator Especial de la ONU, implicaban tortura.
Pocas dudas hay de que a Assange le espera un destino similar si EEUU
le pone las manos encima. Las amenazas de captura y asesinato se han
convertido en la moneda corriente de los extremistas políticos en EEUU
tras la disparatada calumnia del vicepresidente Joe Biden de que
Assange era un “ciberterrorista”. Cualquiera que dude del tipo de
dureza que puede esperar no tiene más que recordar al aterrizaje
forzado del avión del presidente bolivariano del pasado año, cuando
creyeron equivocadamente que en él iba Edward Snowden.
Según
los documentos publicados por Snowden, Assange ocupa uno de los lugares
más altos en la “lista de la cacería”. La oferta de Washington para
atraparle, según se expone en algunos cables diplomáticos australianos,
“no tiene precedente en escala y naturaleza”. En Alexandria, Virginia,
un gran jurado secreto se ha pasado cuatro años tratando de inventar un
delito por el que procesar a Assange. Pero no es fácil. La Primera
Enmienda de la Constitución de EEUU protege a editores, periodistas y
denunciantes. Barack Obama, como candidato presidencial en 2008, elogió
a los denunciantes de conciencia como “parte de una democracia sana y a
los que hay que proteger de represalias”. Sin embargo, bajo la
presidencia de Obama han sido procesados más denunciantes que bajo el
resto de presidentes estadounidenses juntos. Incluso antes de que se
anunciara el veredicto del juicio de Chelsea Manning, Obama había
declarado culpable al denunciante.
“Los documentos publicados
por WikiLeaks desde que Assange se trasladó a Inglaterra”, escribía Al
Burke, editor de la página online Nordic News Network, toda una
autoridad en los múltiples giros y peligros a que se enfrenta Assange,
“indican claramente que Suecia se ha sometido constantemente ante las
presiones de EEUU en materias relativas a los derechos civiles. Hay
muchas razones para creer que si Assange pasa a ser custodiado por las
autoridades suecas, estas podrían entregarle a EEUU sin la debida
consideración a sus derechos legales”.
Hay indicios de que el
público y la comunidad jurídica suecos no apoyan la intransigencia de
la fiscal Marianne Ny. La prensa sueca, en otro tiempo implacablemente
hostil con Assange, ha publicado titulares como “¡Por el amor de Dios,
vete ya a Londres!”.
¿Por qué no quiere ir? Y más en
concreto, ¿por qué no permite que los tribunales suecos accedan a los
cientos de mensajes SMS que la policía extrajo del teléfono de una de
las dos mujeres implicadas en las acusaciones de conducta sexual
inapropiada? Ny dice que no está obligada legalmente a hacerlo hasta
que haya una acusación formal y haya interrogado a Assange. Entonces,
¿por qué no le interroga?
Esta semana, el Tribunal de
Apelación sueco decidirá si ordena a Ny que entregue los mensajes SMS;
o si el asunto irá al Tribunal Supremo y al Tribunal Europeo de
Justicia. Siguiendo con la farsa, a los abogados suecos de Assange se
les permitió sólo “revisar” los mensajes SMS, que tuvieron que
memorizar.
Uno de los mensajes de una de las mujeres deja
claro que no quería que se presentaran cargos contra Assange, “pero la
policía no estaba dispuesta a rendirse”. Se quedó “conmocionada” cuando
le arrestaron porque ella “sólo quería que se hiciera una prueba
[VIH]”. “No quería acusarle de nada” y “fue la policía la que orquestó
los cargos”. (En la declaración de un testigo, se la cita diciendo que
se había sentido atropellada por la policía y otros”.)
Ninguna de las mujeres afirmó que Assange la hubiera violado. Así es,
ambas han negado haber sido violadas y una de ellas lo ha manifestado
en un tweet: “No me violó”. Resulta evidente que fueron
manipuladas por la policía y que se ignoraron sus deseos, digan lo que
digan sus abogados ahora. En verdad que son víctimas de una saga digna
de Kafka.
En cuanto a Assange, su único juicio ha sido el
enjuiciamiento en los medios de comunicación. El 20 de agosto de 2010,
la policía sueca abrió una “investigación por violación” e
inmediatamente –e ilegalmente- comunicó a los tabloides de Estocolmo
que había una orden de arresto de Assange por la “violación de dos
mujeres”. Esta fue la noticia que recorrió el mundo.
En
Washington, un sonriente secretario de defensa, Robert Gates, dijo a
los periodistas que el arresto “me parece una muy buena noticia”. Las
cuentas de Twitter asociadas al Pentágono describían a Assange como “violador” y “fugitivo”.
Menos de veinticuatro horas después, la Fiscal Jefe de Estocolmo, Eva
Finne, asumió la investigación. No malgastó tiempo en cancelar la orden
de arresto diciendo: “No creo que haya ninguna razón para sospechar que
cometió violación”. Cuatro días más tarde, desestimó también la
investigación por violación diciendo: “No hay sospecha alguna de delito
alguno”. Caso cerrado.
A continuación entra en acción Claes
Borgstrom, un político de alto perfil del Partido Socialdemócrata que
entonces era candidato en unas inminentes elecciones generales en
Suecia. A pocos días de que la fiscal jefe hubiera desestimado el caso,
Borgstrom, que es abogado, anunció a los medios que estaba
representando a las dos mujeres y que había buscado otra fiscal en la
ciudad de Gothenberg, que resultó ser Marianne Ny, a quien Borgstrom
conocía bien porque también estaba involucrada con los
socialdemócratas.
El 30 de agosto, Assange acudió
voluntariamente a una comisaría de Estocolmo y contestó a todas las
preguntas que le hicieron. Entendió que ahí acababa todo. Pero dos días
después, Ny anunció que iba a reabrir el caso. Un periodista sueco le
preguntó a Borgstrom por qué estaba reiniciando el caso si ya se había
desestimado, citando a una de las mujeres que había dicho que no la
había violado. Él contestó: “Ah, pero ella no es abogado”. El abogado
australiano de Assange, James Catlin, respondió: “¡Qué vergüenza, se
van inventando todo sobre la marcha!”.
El día que Marianne Ny
reactivó el caso, el jefe del servicio de la inteligencia militar de
Suecia (“MUST”) denunció públicamente a WikiLeaks en un articulado
titulado “WikiLeaks [es] una amenaza para nuestros soldados”. A Assange
se le advirtió que los servicios de inteligencia estadounidense le
habían dicho a sus homólogos suecos del SAP que los acuerdos para
compartir inteligencia entre EEUU y Suecia iban a “clausurarse” si
Suecia le ofrecía refugio.
Durante cinco semanas, Assange esperó en Suecia a que la nueva investigación siguiera su curso. El Guardian estaba
entonces a punto de publicar los “Registros de la Guerra” de Iraq a
partir de las revelaciones de WikiLeaks, que Assange tenía que
supervisar. Su abogado en Estocolmo le preguntó a Ny si había alguna
objeción a que saliera del país. Le dijo que era libre de marcharse.
Inexplicablemente, tan pronto como salió de Suecia –en el punto
culminante del interés de los medios y del público en las revelaciones
de WikiLeaks-, Ny emitió una Orden Europea de Detención (OED) y una
“alerta roja” de la Interpol, normalmente utilizadas para terroristas y
criminales peligrosos. Enviadas en cinco idiomas por todo el mundo,
aseguraba el frenesí mediático.
Assange acudió a una
comisaría en Londres, fue arrestado y pasó diez días en la prisión de
Wandsworth, confinado en solitario. Liberado tras pagar una fianza de
340.000 libras, fue etiquetado electrónicamente, se le exigió que se
presentara a diario ante la policía y se le puso bajo virtual arresto
domiciliario mientras su caso empezaba el largo viaje hacia el Tribunal
Supremo. Todavía no se le había acusado de ningún delito. Sus abogados
repitieron su oferta para que Ny le interrogara en Londres, señalando
que le había dado permiso para dejar Suecia. Sugirieron unas
instalaciones especiales de Scotland Yard que se utilizaban para ese
fin. Ella lo rechazó.
Katrin Axelsson y Lisa Longstaff de
Mujeres Contra la Violación escribieron: “Las acusaciones contra
Assange son una cortina de humo tras la cual un grupo de gobiernos
están tratando de atacar a WikiLeaks por haber revelado audazmente a la
gente sus planes secretos de guerra y ocupación con sus consiguientes
violaciones, asesinatos y destrucción… A las autoridades les importa
muy poco la violencia contra las mujeres que están manipulando a su
antojo en las acusaciones de violación. Assange ha dejado claro que
está dispuesto a que le interroguen las autoridades suecas, en Gran
Bretaña o a través de Skype. ¿Por qué se niegan a dar este paso
esencial para su investigación? ¿De qué tienen miedo?”.
Esta
pregunta ha quedado sin respuesta mientras Ny desplegaba su OED, un
producto draconiano de la “guerra contra el terror” supuestamente
diseñado para atrapar terroristas y criminales organizados. La OED
había abolido la obligación del Estado peticionario de proporcionar una
prueba del delito. Cada mes se emiten más de mil OED; pero sólo unas
pocas tienen algo que ver con potenciales acusaciones de “terrorismo”.
La mayoría se emiten por delitos triviales, como demora en gastos
bancarios y multas. Muchos de los extraditados se enfrentan a meses en
prisión sin cargos. Ha habido una serie de fallos impactantes de la
justicia con los que los jueces británicos se han mostrado muy
críticos.
El caso Assange llegó finalmente al Tribunal
Supremo británico en mayo de 2012. En un juicio motivado por la OED
–cuyas rígidas exigencias habían dejado a los tribunales casi sin
posibilidad de maniobra-, los jueces encontraron que los fiscales
europeos podían emitir órdenes de extradición en el Reino Unido sin
supervisión judicial alguna, incluso aunque el Parlamento tuviera otras
intenciones. Dejaron claro que el gobierno Blair había “engañado” al
Parlamento. El Tribunal apareció dividido, 5 contra 2, y, en
consecuencia, dictaminaron contra Assange.
Sin embargo, el
Presidente del Tribunal, Lord Phillips, cometió un error. Aplicó el
Convenio de Viena sobre la interpretación de tratados, permitiendo que
las prácticas estatales ignoraran la letra de la ley. Como señaló la
abogada de Assange, Dinah Rose QC, esto no se aplicó a la OED.
El Tribunal Supremo sólo reconoció este error crucial cuando tuvo que
abordar otra apelación contra la OED en noviembre del año pasado. El
veredicto a Assange había sido un error pero ya no podía volverse
atrás.
Las opciones de Assange eran precarias: extradición a
un país que se había negado a decir si iba a enviarle o no a EEUU, o
buscar lo que parecía ser su última oportunidad de refugio y seguridad.
Apoyado por la mayoría de países latinoamericanos, el valiente gobierno
de Ecuador le garantizó el estatuto de refugiado sobre la base de las
pruebas documentadas y la asesoría legal de que se enfrentaba a la
perspectiva de un castigo cruel y extraordinario en EEUU; que esta
amenaza violaba sus derechos humanos básicos; y que su gobierno en
Australia le había abandonado y conspiraba con Washington. El gobierno
laborista de la primera ministra Julia Gillard incluso había amenazado
con retirarle el pasaporte.
Gareth Peirce, la renombrada
jurista de los derechos humanos que representa a Assange en Londres,
escribió al entonces primer ministro australiano Kevin Rudd: “Dado el
alcance de la discusión pública, con frecuencia sobre la base de
asunciones completamente falsas… es muy difícil intentar mantener
cualquier presunción de inocencia. El Sr. Assange tiene ahora colgando
sobre él dos espadas de Damocles: la potencial extradición a dos
jurisdicciones diferentes por dos supuestos y diferentes delitos,
ninguno de los cuales es delito en su propio país, y el riesgo que
corre su seguridad personal en circunstancias de alta carga política”.
Peirce no recibió respuesta hasta que no contactó con la Alta Comisión
Australiana en Londres, que no contestó a ninguno de los puntos
urgentes que planteaba. En una reunión que mantuve con ella, me contó
que el Cónsul General australiano Ken Pascoe, hizo la sorprendente
afirmación de que “sólo sabía lo que leía en los periódicos” sobre los
detalles del caso.
Mientras tanto, la perspectiva del
grotesco fallo de la justicia se ahogó con una campaña injuriosa contra
el fundador de WikiLeaks. Los ataques, profundamente personales,
mezquinos, feroces e inhumanos contra un hombre aún no acusado de
delito alguno, aunque sometido a un trato que ni siquiera se le
inflinge a un acusado que se enfrenta a extradición por la acusación de
asesinar a su mujer. Que la amenaza de EEUU a Assange fuera una amenaza
a todos los periodistas, a la libertad de expresión, fue algo que se
perdió entre lo sórdido y lo ambicioso.
Se publicaron libros,
se hicieron películas y se multiplicaron las apariciones en los medios
a costa de WikiLeaks y de la suposición de que atacar a Assange era una
presa legítima y demasiado pobre para iniciar demandas. La gente ha
hecho dinero, a menudo mucho dinero, mientras WikiLeaks luchaba por
sobrevivir. El editor del Guardian, Alan Rusbridger, llamó a
las revelaciones de WikiLeaks, que su periódico publicó: “una de las
primicias periodísticas de mayor impacto de los últimos treinta años”.
Se convirtió en parte de su plan de marketing para aumentar el precio
del periódico.
Sin que a Assange ni a WikiLeaks les llegara ni un penique, un libro, publicitado a bombo y platillo por el Guardian,
acabó convirtiéndose en una lucrativa película de Hollywood. Los
autores del libro, Luke Harding y David Leigh, describían gratuitamente
a Assange como “personalidad dañada” e “insensible”. También revelaron
la contraseña secreta que les había dado en confianza y que se había
diseñado para proteger un archivo digital que contenía los cables de la
embajada de EEUU. Con Assange ya atrapado en la embajada ecuatoriana,
Harding, de pie entre la policía de fuera, se regodeaba en su blog
diciendo que “Puede que Scotland Yard ría el último”.
La
injusticia infligida a Assange es una de las razones por las que el
Parlamento finalmente votará una reforma de la OED. El draconiano “vale
todo” utilizado contra él podría no repetirse ahora; las acusaciones
formuladas y el “interrogatorio” serían terrenos insuficientes para la
extradición. “Su caso está totalmente ganado”, me dijo Gareth Pierce,
“esos cambios en la ley significa que el Reino Unido reconoce ahora
como correcto todo lo que hemos sostenido en su caso. Pero él no va a
beneficiarse. Ni el Reino Unido ni Suecia cuestionan la nobleza del
ofrecimiento del santuario de la embajada de Ecuador”.
El 18
de marzo de 2008 se anunció una guerra contra WikiLeaks y Julián
Assange en un documento secreto del Pentágono preparado por la “Cyber
Counterintelligence Assessment Branch” [Rama de Evaluaciones de la
Cibercontrainteligencia]. En él se describía un detallado plan para
destruir el sentimiento de “confianza” que es el “centro de gravedad”
de WikiLeaks. Pensaban conseguirlo mediante amenazas de “denuncia y
procesamiento penal”. Silenciar y criminalizar esta fuente excepcional
de periodismo independiente era el objetivo, calumniar el método. No
hay peor furia que la de un gran poder despechado.
Para ampliar información, puede consultarse:
John Pilger es un periodista, cineasta y escritor de origen
australiano. Es autor, entre otros, del libro: “Freedom Next Time”. Sus
documentales pueden verse de forma gratuita en su página web: http://www.johnpilger.com/
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