México, CRÍMENES DEL NARCOESTADO

  Escrito por PABLO JOFRÉ LEAL

El día 26 de septiembre en el estado de Guerrero, en el municipio de Iguala de la Independencia, seis muertos y 43 estudiantes normalistas desaparecidos, con la complicidad de políticos, policías municipales, Ejército y narcotraficantes y los efectos sociales y políticos constatan que el Gobierno de Enrique Peña Nieto va cuesta abajo en la rodada.

Y hablamos de camino al despeñadero, pues la agudización de la crisis política y social mexicana no puede ya ser sofocada a punta de represión y más muerte, sin que ello conlleve la posibilidad cierta de tener a Peña Nieto fuera del Palacio de Gobierno. Sobre todo si el establishment mexicano, sus partidos tradicionales y la estructura de poder que sustenta el actual Estado - incluyendo el poder fáctico ligado al narcotráfico - define que el mal menor es sacar al actual mandatario, para tratar de salvar un modelo que agoniza.

La crisis mexicana se intensifica al observar los nulos resultados en materia de combate al narcotráfico, en depurar y democratizar las instituciones del Estado, entre ellos el Ejército, la Policía y el Poder Judicial, y sobre todo, poner fin a la violencia crónica que se ha apoderado de este país del norte americano - con 120 mil muertos y 50 mil desparecidos desde que se firmó, sintomáticamente, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos - el año 1994. Un país donde los actores políticos tradicionales han devenido en cómplices de las actividades delictivas y que han llevado a denominar a México como un Narcoestado. Un dramático neologismo, que da cuenta que este extraordinario país, está dominado en su acción por los poderosos grupos criminales de narcotraficantes, que han expandido su acción a todos los rincones políticos, sociales y económicos de México. Un país que transita desde la adoración de la Virgen de Guadalupe a la presencia de San Jesús Valverde, el santo de los narcos.

Según las últimas investigaciones ligadas a la desaparición de los estudiantes normalistas, los 43 jóvenes habrían sido asesinados por miembros del denominado Cartel Guerreros Unidos, tras ser detenidos por policías municipales por orden del alcalde de Iguala, José Luis Escobar, con la complicidad de su esposa. Entregados posteriormente a sicarios del narcotráfico, torturados, quemados y luego tirados en un basurero del Municipio de Cocula, localidad vecina a Iguala de la Independencia. Esta versión oficial, como muestra del descrédito de los organismos del Estado, no convence a los familiares, quienes han intensificado sus denuncias nacionales e internacionales, hasta que exista una confirmación certera y científica, que los restos encontrados correspondan a sus familiares.

Para el investigador del Centro de Investigaciones Pedagógica y Sociales mexicano Rafael Lucero “con la desaparición de los normalistas, el fantasma del Estado fallido cabalga por todo México, ante la exigencia de justicia de padres, maestros y estudiantes, de por lo menos cincuenta ciudades del país…los hechos en México, los crímenes cometidos reiteran, una vez más, lo que desde hace tiempo el pueblo de México sabe y padece: el crimen, la impunidad y la corrupción. Tres conductas que se han impuesto y que Ayotzinapa, sus estudiantes y padres nos reclaman a la sociedad mexicana y el Estado mexicano”. La protesta social se ha multiplicado por todo México con un nivel de intensidad cada día más creciente y ante lo cual el gobierno reacciona tarde, sin propuestas y donde incluso los monopolios informativos mexicanos no pueden acallar lo que sucedió en Ayotzinapa,

Para el analista político mexicano, Josafat Hernández “el gobierno de Peña Nieto no puede aplicar fórmulas de ninguneo, porque las protestas han alcanzado tal intensidad y extensión que es imposible acallar las voces exigiendo justicia y que deje de generar acciones (como la detención del alcalde Iguala y su esposa como también algunos miembros del cartel Guerreros Unidos) que sólo generan apariencias de interés de solucionar un problema que tiene que ver con la estructura misma del Estado”. Voces de reclamo que vienen también de gran parte de los gobiernos del mundo, organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación.

En un interesante trabajo sobre el tema de la desaparición de los normalistas y los efectos políticos de ese crimen el analista y licenciado en Filosofía de la UNAM Ismael Hernández Lujano “El desenlace del movimiento popular que busca la justicia por lo sucedido en Iguala marcará el futuro inmediato del país. Se vislumbran dos escenarios. En el primero, el movimiento de indignación se sostiene y hasta crece en cantidad y vigor, y sus demandas poco a poco van haciéndose más radicales. Esto podría conducir a la caída de Peña Nieto. Un colapso del régimen neoliberal similar al de Venezuela en 1989, Argentina en 2001 o Bolivia el año 2003. Esto abriría las puertas a una nueva etapa del país y las posibilidades de construcción de un gobierno popular. El segundo escenario es el de la derrota del movimiento, sea por el desgaste, por la represión o ambos. Esto abriría la puerta para que el régimen se recomponga y el año próximo pueda realizar en relativa calma las elecciones intermedias, con lo cual recuperaría ante el mundo la imagen de legalidad, estabilidad y fuerza que ha perdido”.

En México, más allá de las elucubraciones sobre si Peña Nieto cae, se mantiene, se desintegra el actual modelo político o se recompone; se habla y con certeza de la instalación del narcoestado y los efectos que tal modelo significa. Para los padres de los normalistas desaparecidos, los analistas políticos que han asistido con asombro a las diarias incongruencias de las voces oficiales respecto a estos crímenes y para una sociedad cada día más numerosa, existe en México, una verdad indesmentible como afirma el cientista político Arsinoé Orihuela “la delincuencia organizada es el Estado Mexicano y el narco es el jefe supremo de ese estado”.

Para mayor precisión, las familias de los normalistas afirman “a nuestros hijos se los llevó la autoridad municipal, en complicidad con otra gente, pero se los llevó la policía en unas patrullas. Se los llevó la autoridad… pueden haber mil líneas de investigación, pues bien sabemos que en Guerrero te ejecutan, te desaparecen, te asesinan, te encarcelan, te reprimen y no pasa nada. Eso ya lo conocemos nosotros. Pero no queremos que se desvíe la investigación respecto a que fue la policía quienes se los llevaron y es el estado mexicano el que tiene que responder por eso. Fue su crimen”.

La pregunta que surge en estos días en México es ¿hasta cuándo, hasta qué niveles de indignación y rabia llegará la sociedad mexicana? Por lo pronto, ha comenzado a oírse un coro que exige la salida del actual presidente Enrique Peña Nieto, y con él toda la clase política mexicana en un remake de esa Argentina del año 2001 que gritaba a viva voz ¡que se vayan todos! Lo trágico es que en general esa clase política, con amplias ramificaciones en poderes legales e ilegales, suele reciclarse y vuelve a salir a flote generando la frustración de una sociedad cansada de tanto abuso, de tanto crimen, de tanta corrupción e impunidad. Pobre México, solía decirse, tan lejos de dios y tan cerca de Estados Unidos, a lo que se une la nueva máxima: pobre México tan lejos de la justicia y tan cerca de la hecatombe.

PABLO JOFRÈ LEAL es periodista y escritor chileno. Analista internacional, Master en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en temas principalmente de Latinoamericanos y Oriente Medio. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales.