Marcela Belchior
Adital
En la Isla de Bananal, la mayor isla fluvial el
mundo, situada en el Estado de Tocantins (norte brasilero), y cercada por los
ríos Araguaia y Javaés, a los pueblos indígenas que viven en un territorio
reconocido se les prohíbe cazar, pescar y retirar paja de coqueros para
construir su vivienda y realizar rituales. Es que parte del área está también
reglamentada por ley como Unidad de Conservación, que cohíbe cualquier tipo de
uso directo de la fauna, la flora y otros recursos naturales. Ante la incompatibilidad
aplicada a esos tradicionales maestros del manejo sustentable, los indios han
sufrido la situación de no poder garantizar simples actividades de subsistencia
para sus comunidades.
Quien relata el caso es Sara Sánchez, miembro de la
coordinación de la regional Goiás/Tocantins del Consejo Indigenista Misionero
(Cimi). En entrevista con Adital, ella afirma que órganos como el
Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables
(Ibama) y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad
(ICMBio) han cohibido las actividades tradicionales de las aldeas,
específicamente en la región del tercio norte de la isla, donde se sitúa el
Parque Nacional del Araguaia (PNA), en un área equivalente a 562 mil hectáreas.
Los pueblos indígenas javaés, carajás y
avá-canoeiros vivían, desde la aprobación de la Constitución Federal de 1988,
en un territorio integralmente indígena, cuando fueron retirados poseedores de
tierra y otros no indígenas de la isla. En los últimos años, sin embargo, las
circunstancias cambiaron. La superposición del territorio indígena y el área de
conservación ambiental (el PNA) viene afectando la vida de esa población,
generando un verdadero impasse entre organizaciones conservacionistas y
defensores de los derechos humanos.
La pesca representa la principal actividad económica
y fuente de proteína de la dieta alimentaria en las aldeas de la región. Con la
venta de pescado, las familias adquieren dinero para comprar productos básicos,
como aceite, arroz, café y azúcar. Sin embargo, practicar la pesca con fines
comerciales es, desde el punto de vista jurídico, incompatible con los
objetivos de un parque nacional.
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| La pesca es la principal actividad económica y alimento de la población de la Isla de Bananal. Foto: Reproducción. |
Sara se posiciona: "el Cimi defiende que es una
tierra indígena, que se relaciona con el medio ambiente, hace la protección de
la floresta, de los ríos, de los bosques y de los lagos. Todo lo que ellos
hacen es a través del manejo sustentable, sin depredar el medio ambiente”,
afirma. "El argumento de las organizaciones es la protección ambiental. La
protección ambiental ya es realizada por los propios indígenas que cuidan la
tierra. Estos impasses deben tener intereses políticos, porque si no, ¿qué otra
cosa es?”, indaga la representante del Cimi.
"Sabemos que es importante el trabajo del Ibama de
protección ambiental. Sólo que, en este momento ellos dejan de hacer ese
trabajo. Precisan evitar licencias de deforestación y de incineración. Tienen
que cuidar haciendas degradadas, pescadores clandestinos que depredan la isla,
el monocultivo que chupa el agua del río y la contamina con productos químicos
del cultivo”, destaca Sara. La cuestión, para ella, deja de ser sólo ambiental
para ser un caso de violación de derechos humanos.
Contexto mundial
Tal impasse entre territorios de pueblos aborígenes
y áreas de conservación no ocurren sólo en Brasil. Casos como éste se observan a
nivel mundial. En el informe reciente, titulado "No hay parques sin
pueblos”, lanzado durante el Congreso Mundial de Parques, realizado en
Sydney (Australia), en noviembre de este año, la organización de derechos
humanos Survival International muestra que casi todas las áreas protegidas son (o
fueron) el hogar ancestral de pueblos indígenas, que dependen de esas tierras y
las han manejado por milenios. Sin embargo, en nombre de una supuesta
conservación, pueblos indígenas y tribales estarían siendo ilegalmente
expulsados de esas áreas, acusados de "hurtadores”, por cazar para comer;
estarían además enfrentando detenciones, golpizas, torturas y muerte por parte
de patrullas "anti-robos”, se señala desde la organización.
"A pesar de que los pueblos indígenas han sido
expulsados, los turistas, e incluso en algunas ocasiones los cazadores que
pagan por practicar la caza mayor [modalidad de élite que es cada vez más
demandada por extranjeros, en busca de animales como jabalí, corzo, venado y
muflón], son bienvenidos en estas zonas”, destaca la organización.
De acuerdo con Survival,
que actúa en favor de la autodeterminación de pueblos indígenas y pueblos
aislados, muchas de las mayores organizaciones conservacionistas del mundo
están involucradas en este tipo de práctica. Estaría implicada, por ejemplo, laWorld Wide Fund For Nature (WWF),
creada en 1961 y que dice actuar en varios países por la conservación de la
diversidad biológica mundial, con la garantía de sustentabilidad de los
recursos naturales renovables y la promoción de la reducción de la
contaminación y del desperdicio.
Otra organización que estaría involucrada en la
expulsión de los pueblos aborígenes sería la United for Wildlife, creada por la Fundación Real del Duque y
Duquesa de Cambridge y del Príncipe Harry, los herederos de la Familia Real
británica. Según Survival, la
organización no reconoce los llamados para respaldar los derechos de los
pueblos indígenas de vivir en sus tierras tradicionales y de cazar para alimentarse.
Casos en varias partes del globo
Citando casos recientes de expulsión de pueblos
aborígenes, Survival señala el caso
de los Bayaka, pueblo perteneciente a las tribus pigmeas que viven en selvas de
la región sur-oriental de la República de Camerún, de la zona aldeana de
República del Congo, de la República Centroafricana y de Gabón. Otros pueblos
que estarían sufriendo los desalojos serían los cazadores bosquimanos, de Botswana,
que enfrentan restricciones en sus tierras ancestrales, en la Reserva de Caza
del Kalahari Central del país. Ellos dependen de la caza de subsistencia para
alimentar a sus familias y la práctica fue prohibida sin ningún tipo de
política de compensación.
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| Con el mensaje "Cazadores, no furtivos", los pueblos aborígenes de Botswana reclaman convivencia con el medio ambiente. Foto: Survival Internacional. |
En India, integrantes de una tribu que vive dentro
de una reserva de tigres fueron forzados a abandonar, en 2013, su tierra
ancestral en nombre de la "conservación” de los animales, aunque no haya
ninguna evidencia de que ellos causen algún tipo de daño a la fauna de la
región. Hoy, ellos viven en condiciones miserables, albergados en refugios
improvisados con plástico.
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| Pueblos autóctonos no pueden entrar en la Reserva de Tigres de Khana, en India, donde fue su hogar por incontables generaciones. Foto: Survival Internacional. |
Para Survival
Internacional, los pueblos indígenas y tribales son los mejores
conservacionistas y guardianes del mundo natural. Según la organización, el
actual modelo de conservación necesita un cambio radical. "La conservación debe
ajustarse al derecho internacional, proteger los derechos territoriales de los
pueblos indígenas y tribales, preguntarles qué ayuda necesitan para proteger
sus tierras, escucharlos y estar preparada para respaldarlos tanto como sea
posible”, defiende la organización.
"Cada día los conservacionistas gastan millones, sin
embargo el medioambiente está en una crisis cada vez más profunda. Es hora de
despertar y darse cuenta de que hay otro camino (...). En primer lugar, los
derechos de los pueblos indígenas y tribales tienen que ser reconocidos y
respetados. En segundo lugar, tienen que ser tratados como los mayores expertos
en la defensa de sus propias tierras. Los conservacionistas deben darse cuenta
de que ellos son los socios menores en esta causa”, afirma Stephen Corry,
director de Survival Internacional.
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