(Foto: Archivo)
Aunque el fallo fue emitido el pasado 6 de agosto, no fue sino hasta este martes que el alto tribunal notificó su decisión a las partes involucradas, según informó el querellante Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
El pasado 31 de mayo, los abogados del General retirado buscaron favorecerlo con la Ley de Reconciliación Nacional, una amnistía decretada por el Congreso en 1996, sólo aplicable a delitos políticos cometidos por militares y guerrilleros durante los 36 años de guerra interna que vivió este país centroamericano
Para ello, presentaron un recurso de inconstitucionalidad, alegando que los hechos por los cuales es imputado “ocurrieron antes de que se promulgara la Ley de Amnistía”, que los declara imprescriptibles, por lo que la norma jurídica no podía aplicarse a este caso.
En tanto, la CC rechazó el recurso de inconstitucionalidad y dejó claro que dichos delitos ya estaban tipificados en el Código Penal antes de la Ley de Amnistía y que, en cualquier caso, son imprescriptibles, de acuerdo con las convenciones internacionales.
La Corte precisó que el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional “establece con claridad” que “a los delitos de genocidio y de lesa humanidad no se les puede aplicar una amnistía porque son imprescriptibles”.
Asimismo, el tribunal agregó que esos delitos estaban vigentes en la legislación nacional desde 1950, cuando Guatemala ratificó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
El dictador guatemalteco es acusado por genocidio y crímenes de lesa humanidad, específicamente por el asesinato de mil 771 indígenas ixiles, ocurrido entre marzo de 1982 y agosto de 1983, período en el que gobernó al país.
El histórico juicio comenzó el pasado 19 de marzo y concluyó el 10 de mayo. La presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, lo declaró culpable de los cargos de genocidio, por el que le impuso una condena de 50 años de cárcel, y de crímenes contra la humanidad, con otros 30 años de prisión.
En cambio, su antiguo jefe de Inteligencia Militar, el general José Rodríguez, fue absuelto de los mismos delitos “por falta de pruebas en su contra”.
Posteriormente, el día 20 de mayo, el proceso judicial se estancó cuando la CC dejó sin efecto todo lo actuado a partir del 19 de abril, debido a supuestas “irregularidades”, un fallo que supuso la anulación de la sentencia de la juez Barrios.
Desde entonces, Ríos Montt y Rodríguez se encuentran en arresto domiciliario, hasta la celebración del nuevo debate oral y público -esperado para abril de 2014, que esta ocasión será celebrado por el Tribunal B de Mayor Riesgo, luego que el A se excusara por haber emitido ya una sentencia.
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