Guatemala
En
pasado 21 de agosto, cerca de 60 mil indígenas y campesinos/as
guatemaltecos, organizados en resistencia, irrumpieron simultáneamente
en 18 ciudades principales del país exigiendo la nacionalización de la
energía eléctrica en el país.
Luego de caminar varios kilómetros,
con sus pancartas y coloridos trajes, ingresaron a cada una de las
ciudades para recordarle al gobierno y a la sociedad citadina que
incluso en la Guatemala neoliberal la dignidad y la conciencia social
aún está latente en el área rural.
¿Por qué exigen la
nacionalización de la energía eléctrica en un país donde el 63% de los
hogares utiliza la leña como combustible principal? ¿Qué es lo que
obliga a campesinos e indígenas a organizarse en comunidades en
resistencia para hacerle frente, en condiciones desiguales, a
corporaciones extranjeras de distribución de energía eléctrica?
¿Cuándo el derecho a la energía eléctrica se convirtió en una mercancía en Guatemala?
La generación, transporte y distribución de la energía eléctrica, en
diferentes partes del mundo, se ha convertido en uno de los negocios
más seguros y lucrativos para las corporaciones multinacionales.
Aunque las Naciones Unidas, en su Resolución N. 65/151, de 2010,
establece que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano
fundamental, las empresas y corporaciones transnacionales hicieron de
este derecho una lucrativa mercancía para escurrir los bolsillos ya
vacíos de los empobrecidos, con la complicidad de gobiernos
neoliberales.
En Guatemala, hasta inicios de la década de
1950, el servicio de la energía eléctrica era un negocio completamente
monopolizado por las empresas bananeras norteamericanas y otras.
El Presidente Jacobo Árbenz (1951-1954), en su intento de universalizar
el acceso a la energía eléctrica, promovió el involucramiento del
Estado en dicha actividad, impulsando la primera hidroeléctrica
estatal, pero un golpe militar made in USA lo derrocó en 1954, por éste y otros atrevimientos democráticos (GLEIJESES, 2008:230-231).
Años más tarde, ante la falta de voluntad económica del sector privado
para electrificar el país, el debilitado Estado guatemalteco creó el
Instituto Nacional de Electricidad (INDE), en 1959. Esta institución
que actualmente, junto a la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A.
(EEGSA), genera el 80% de la energía eléctrica que consume el país,
construyó la infraestructura y el cableado necesario para transportar y
distribuir dicho servicio en el país.
En 1996, el Presidente
neoliberal Álvaro Arzú, obedeciendo a las recetas económicas del Fondo
Monetario Internacional y Banco Mundial, descuartizó el INDE y entregó
la actividad de la distribución de la energía eléctrica a la empresa
privada con el argumento de modernizar y universalizar el servicio.
Allí comenzó la larga y triste historia de la oscuridad neoliberal en
Guatemala. ¿Por qué no privatizaron la generación o el transporte de la
energía eléctrica que sí requerían de inversión económica? La actividad
de la distribución no requería mayor inversión económica. La energía
eléctrica ya estuvo allí (generado por INDE), al igual que el cableado.
Sólo hacía falta imprimir las facturas y cobrar al usuario. ¿No fue
esto una jugada económica de mala fe en contra del pueblo guatemalteco?
La corporación española Unión Fenosa y el fraude de la privatización
La corporación española Unión Fenosa, fundada en 1912, en la
actualidad, es una de las multinacionales más gigantes en el lucrativo
negocio creciente de la energía eléctrica. Está presente en muchos
países de América Latina y de la Unión Europea. En casos de Guatemala,
México y otros países es famosa por propiciar convulsiones sociales de
usuarios insatisfechos.
En 1998, esta corporación, bajo el
nombre de Unión Fenosa Deocsa-Deorsa, se adjudicó la distribución de la
energía eléctrica en el territorio nacional, utilizando la
infraestructura del INDE y subsidios del Estado, con la promesa de
iluminar a la oscura Guatemala. Prometió también ampliar el tendido
eléctrico.
Para esta promesa mesiánica se creó un fondo de
fideicomiso de 300 millones de dólares con aportes del Estado
guatemalteco ($195 millones) y de la cooperación internacional ($105
millones). Pero dicho fondo fue transferido a los EEUU para que lo
administrara nada menos que la corrupta corporación ENRON, que en ese
tiempo ya tenía una fuerte presencia en el mercado de energía eléctrica
en el país. ¿Qué sucedió con dicho fondo? Nadie sabe en Guatemala.
Lo cierto es que Unión Fenosa Deorsa-Deocsa no sólo lucró de manera
gratuita con la infraestructura eléctrica construida por la empresa
estatal INDE, sino, lejos de pagar al Estado por el negocio adjudicado,
se benefició con aquel fondo de fideicomiso, y los subsidios anuales
por la electricidad.
Según datos del sindicato de
trabajadores del INDE, Unión Fenosa Deorsa-Deocsa compraba energía
eléctrica al INDE a Q. 0.66 el kw/hr. de energía, y vendía a los
usuarios a Q.1.89 el mismo kw/hr., sin haber invertido un solo centavo.
Es decir, por cada kw/hr., la empresa distribuidora gana Q.1.23 ($0.16)
Esta situación no es diferente, ahora, con la corporación inglesa ACTIS
(Energuate)
En Guatemala, el kilowatio hora de electricidad,
para el consumidor final, cuesta el equivalente a $0.23, mientras que
en países como México, Bolivia, Venezuela y otros no pasa de $0.05. Por
concepto de alumbrado público, en Guatemala, se cobra hasta 12 ó 15
dólares mes. Mientras en Honduras no pasa de 2 ó 3 dólares. (CODECA,
2013) Aquí incluso cobran por alumbrado público en comunidades donde no
existe dicho servicio. Si esto no es abuso, ni robo, entonces, ¿qué es?
Una creciente convulsión social exige la nacionalización de la energía eléctrica
“Antes de la privatización pagábamos entre 10 a 15 quetzales mes.
Luego, con la empresa privada las facturas venían hasta 500 a 700
quetzales mensuales. De dónde vamos a pagar tanto. Por eso hemos
entrado en la lucha por la nacionalización de la energía”, se queja don
Antonio Coc, uno de los miles de usuarios organizados en resistencia
para la nacionalización de la energía eléctrica.
Con la
privatización, se institucionalizó el cobro abusivo de facturas
excesivas por parte de la empresa. Existen familias que con tres o
cuatro focos tienen cobros de hasta Q. 1000.00 mes ($120.00), pero el
jornal en el campo no llega ni a Q. 70.00. Esto ocurre en un país donde
las corporaciones hicieron del Estado su gendarme disciplinado para sus
negocios.
Ante esta situación, desde inicios del año 2000,
algunas comunidades, organizadas localmente, comenzaron a desconectarse
de los medidores de la empresa y a conectarse directamente al fluido
eléctrico.
Luego, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA),
un movimiento indígena campesino, con presencia en 19 de los 22
departamentos del país (fundado en 1992), obedeciendo a sus bases
asumió la demanda de la nacionalización de la energía eléctrica como
parte de su agenda de lucha, desde 2008.
“La única salida a
este abuso es que la distribución de la energía eléctrica vuelva al
INDE”, indica Don Mauro Vay, dirigente de CODECA, organización que
tiene más 700 comunidades locales organizadas en resistencia, en más de
100 municipios, y en 19 departamentos del país.
La
resistencia comunal por la nacionalización de la energía eléctrica
crece incontenible en todos los rincones del país. Las comunidades, en
base a los artículos 44° y 45° de la Constitución Política de
Guatemala, el Art. 55º de la Ley General de Electricidad, y amparados
en las resoluciones (Nº 1803, del año 1962 y Nº 65/151 del año 2010) de
la ONU, ratificadas por el Estado de Guatemala, se declaran en
resistencia para exigir el respeto de su derecho a la energía eléctrica
bajo el eslogan: “La energía eléctrica es un derecho, no una mercancía.
Recuperarla es nuestro deber”.
Nadie sabe a ciencia cierta
cuántas comunidades se han conectado directamente al fluido eléctrico,
lo cierto es que Unión Fenosa Deocsa-Deorsa abandonó el negocio en 2012
y asumió dicho negocio conflictivo la empresa Energuate de la
corporación inglesa Actis
Corporación inglesa ACTIS persigue dirigentes locales y criminaliza la cooperación internacional
En 2012, luego de haber obtenido millonarias ganancias económicas sin
mucho esfuerzo, Unión Fenosa Deorsa-Deocsa, presionado por la
convulsión social creciente, abandonó el negocio de la distribución de
la energía eléctrica, y se lo adjudicó la corporación inglesa ACTIS,
bajo el nombre de Energuate.
Igual, la empresa no ha
invertido casi nada aún, pero las facturas de la electricidad continúan
activando más comunidades en resistencia, quienes luego de auto
convocarse a una asamblea local, levantan un acta consignando su junta
directiva y sus objetivos, colocan sus mantas en las calles con
mensajes de “Fuera Energuate. Exigimos la nacionalización de la energía
eléctrica”. Luego, con la ayuda de un técnico local desconectan sus
medidores y se conectan de manera directa al fluido eléctrico. Cuando
llegan los técnicos de Energuate no les dejan ingresar a la comunidad
aduciendo que están en resistencia hasta que se nacionalice la energía.
Y así, la resistencia por la nacionalización se expande por todo el
territorio nacional como hormigas en verano.
Energuate ACTIS,
lejos de buscar solución a las consecuencias de sus malos servicios y
cobros indebidos, ha contratado pesados equipos de abogados para
difamar y perseguir legalmente a campesinos e indígenas analfabetos (en
su gran mayoría) en resistencia.
En los últimos meses se ha
capturado a 5 dirigentes indígenas campesinos de CODECA. Asesinaron a
un dirigente en resistencia por la nacionalización de la energía en la
aldea La Cumbre, Huehuetenango, el pasado julio. Energuate no escatima
recursos para publicar sendos comunicados de prensa calumniando y
difamando a las comunidades en resistencia como “ladrones de energía
eléctrica”.
Contrata numerosos equipos de “consultores” para
que visiten e intimiden a las comunidades organizadas en resistencia.
Contrata “analistas” para difamar y criminalizar desde los medios la
resistencia social pacífica, aduciendo que la idea de la
nacionalización es descabellada. ¡Organiza y financia cursos para
periodistas en algunas ciudades del país!
Hace unos meses
atrás, en el mundo virtual aparecieron espacios exclusivos para difamar
a las organizaciones en resistencia y calumniar de “injerencistas” a
las agencias solidarias de cooperación internacional que trabajan con
CODECA.
Pero, lo que más indigna a las y los guatemaltecos en
resistencia es que los gobiernos municipales, la policía nacional y
jerarcas de la iglesia católica “se han puesto del lado de la empresa”.
Así, esta batalla por el derecho a la energía eléctrica universal se
convierte cada día más en una guerra desigual.
Mientras
tanto, el tendido de energía eléctrica apenas alcanza una cobertura del
42%, del territorio nacional, siendo una de las más bajas de
Latinoamérica.
Según información oficial, la cantidad de
usuarios de este derecho mercantilizado, en 2011, fue de 2.7 millones
de hogares. Pero, otros 2.2 millones de hogares sobreviven en
tinieblas, mirando cómo lucran con su derecho. En Guatemala del siglo
XXI, 6 de cada 10 hogares aún utilizan la leña como fuente de energía,
y casi el 70% del total de la energía eléctrica es producido por
combustibles fósiles.
Esta nefasta realidad de la energía
eléctrica en el país es una muestra más de que jamás se debió
privatizar este servicio. Por eso, ahora, el debate de la recuperación
del servicio de la energía eléctrica, al igual que otros servicios
privatizados, debe ser una prioridad de todo el pueblo de Guatemala.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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