Hay corporativismo en ese sector, lo cual es lo más peligroso para el país, porque no son independientes, declaró el funcionario en entrevista divulgada hoy por el diario local Siglo 21.
El DallÂ�Anese termina su mandato el lunes próximo por razones familiares, aunque admitió que "en tres años, la imagen de cualquiera se deteriora en un puesto así".
Afirmó que hubo avance cero en la independencia de los jueces, sin embargo, aclaró que la mayoría son correctos y cumplen con sus funciones.
Referido al grupito de magistrados que incumplen con sus deberes, recordó que la Cicig señaló a 18 por "prevaricatos flagrantes, indiscutibles", pero la Corte Suprema de Justicia no les levantó la inmunidad.
Como caso extremo del mal proceder de los letrados mencionó el del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), quien se divorció de su esposa Sandra Torres, según lo aprobado por un magistrado de Guatemala.
Pero días después, acotó, "aparece una señora que es jueza (Audi Arana) a decenas de kilómetros de distancia de la capital guatemalteca, que no es la competente, sin el expediente y que no tiene nada que ver con la causa, y anula el divorcio".
"Esa jueza corrupta sigue allí en su puesto bajo las narices de la Corte que no hace nada. Si le hacen esto al presidente, ¿qué no le harán a un pobre campesino o a alguien que no tiene voz para hacer un reclamo? No hubo investigación, no hubo sanciones y esa señora seguirá vendiendo justicia donde está", fustigó.
Para evitar situaciones como esa, Dallâ�ÖAnese recomendó hacer "una cirugía mayor en el poder judicial. Los jueces tienen que ser vitalicios, inamovibles".
Como positivo de su gestión de tres años, aludió a que en este momento la Fiscalía ya desarticula redes, trabaja con el Ministerio de Gobernación (Interior) con total independencia y ha demostrado que puede hacerlo.
Calificó de muy buena la relación con el ministro de Gobernación, Mauricio López, quien "ha aceptado nuestras recomendaciones para la creación de una policía profesional de investigación criminal y ha ordenado que se empiece a diseñar esa plataforma".
Aunque no precisó cuántas redes criminales funcionan en este país, sostuvo que sí las hay grandes y pequeñas, y no descartó que existan también en el sector empresarial.
La impunidad en Guatemala disminuyó del 93 al 70 por ciento, afirmó DallÂ�Anese, al presentar el jueves pasado el sexto informe de labores de esa instancia.
Apuntó que desde 2006 la Cicig ha impulsado 22 sentencias, 18 de estas condenatorias, ha promovido tres antejuicios y está a cargo de 68 investigaciones en curso y 25 denuncias contra funcionarios públicos.
rmh/rsm
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