Puerto Rico
San
Juan, PR – El Movimiento Socialista de Trabajadores denunció en
conferencia de prensa hoy que varios de sus militantes han recibido
acusaciones y citaciones en los tribunales por parte de Policías
Municipales de al menos dos municipios cuyos alcaldes pertenecen al
Partido Popular Democrático. En el Municipio de Carolina una
agente municipal intentó detener una repartición de propaganda sobre la
actividad del Día del Desempleo que realizará la organización el 2 de
septiembre. La oficial alegó que existe una ordenanza municipal que
prohibe la repartición de propaganda en las intersecciones de las
carreteras. La citación de dos militantes del MST para el tribunal de
Carolina en donde se dilucidará la querella es para el jueves 29 de
agosto.
Amparándose en una ordenanza municipal firmada por el convicto ex alcalde Sol Luis Fontanes, agentes de la policía municipal de Barceloneta detuvieron a dos ciudadanos que ejercían su derecho a la libre expresión. Los militantes del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), pasquinaban propaganda alusiva a la campaña del Desempleo. Producto de la intervención, Carlo Rivera fue esposado y llevado al cuartel municipal. Allí, los agentes lo citaron a vista el día 9 de septiembre de 2013 por alegadamente haber violado la Ordenanza Núm. 36 de 2002-2003.
Dicha ordenanza establece que “se prohíbe la práctica de pasquinar, y rotular utilizando cualquier tipo de pegamento en los postes, puentes, paredes, edificios públicos, etcétera, del área del código de orden público en Barceloneta”. La pena por violar las disposiciones de la referida ordenanza es delito menos grave y además una multa que no excederá de $500.00 o cinco días de cárcel o ambas penas, a discreción del tribunal.
El MST establece que dicha ordenanza es una herramienta de represión utilizada selectivamente contra minorías políticas y es claramente inconstitucional, pues prohíbe actividades de libertad de expresión que el Tribunal Supremo ha expresado que son permitidas en el ordenamiento jurídico actual. Esta controversia fue resuelta en los casos de Mari Brás v. Alcaide de 1972 y Pueblo v. Arandes De Celis de 1988. Ambos casos tratan sobre hechos similares en donde se pretendía procesar a militantes de organizaciones independentistas y socialistas precisamente por pasquinar en postes y/o columnas. Además, la ordenanza es contraria al Art. 201 del Código Penal que claramente exime de responsabilidad penal a personas que peguen carteles sobre postes y columnas públicos.
La organización socialista indica que no es casualidad que las detenciones se haya dado en municipios claramente identificados con el partido de gobierno y que se haya dado para detener una campaña que entre otras cosas denuncia la incapacidad del PPD de establecer políticas favorables para los trabajadores y trabajadoras del país. Sin embargo, aclararon, que esa intentona no sería exitosa y que continuarían con sus actividades para promover el socialismo.
La organización declaró que estará usando medios alternativos para llevar el mensaje de la actividad ante la persecución política. “No detendremos nuestra campaña y continuaremos pasquinando y repartiendo nuestra propaganda. De la misma forma este lunes estrenaremos un video sobre la crisis del desempleo por nuestra pagina web bandera.org y las redes sociales.” indicó Hugo Delgado-Martí, portavoz de la organización.
Amparándose en una ordenanza municipal firmada por el convicto ex alcalde Sol Luis Fontanes, agentes de la policía municipal de Barceloneta detuvieron a dos ciudadanos que ejercían su derecho a la libre expresión. Los militantes del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), pasquinaban propaganda alusiva a la campaña del Desempleo. Producto de la intervención, Carlo Rivera fue esposado y llevado al cuartel municipal. Allí, los agentes lo citaron a vista el día 9 de septiembre de 2013 por alegadamente haber violado la Ordenanza Núm. 36 de 2002-2003.
Dicha ordenanza establece que “se prohíbe la práctica de pasquinar, y rotular utilizando cualquier tipo de pegamento en los postes, puentes, paredes, edificios públicos, etcétera, del área del código de orden público en Barceloneta”. La pena por violar las disposiciones de la referida ordenanza es delito menos grave y además una multa que no excederá de $500.00 o cinco días de cárcel o ambas penas, a discreción del tribunal.
El MST establece que dicha ordenanza es una herramienta de represión utilizada selectivamente contra minorías políticas y es claramente inconstitucional, pues prohíbe actividades de libertad de expresión que el Tribunal Supremo ha expresado que son permitidas en el ordenamiento jurídico actual. Esta controversia fue resuelta en los casos de Mari Brás v. Alcaide de 1972 y Pueblo v. Arandes De Celis de 1988. Ambos casos tratan sobre hechos similares en donde se pretendía procesar a militantes de organizaciones independentistas y socialistas precisamente por pasquinar en postes y/o columnas. Además, la ordenanza es contraria al Art. 201 del Código Penal que claramente exime de responsabilidad penal a personas que peguen carteles sobre postes y columnas públicos.
La organización socialista indica que no es casualidad que las detenciones se haya dado en municipios claramente identificados con el partido de gobierno y que se haya dado para detener una campaña que entre otras cosas denuncia la incapacidad del PPD de establecer políticas favorables para los trabajadores y trabajadoras del país. Sin embargo, aclararon, que esa intentona no sería exitosa y que continuarían con sus actividades para promover el socialismo.
La organización declaró que estará usando medios alternativos para llevar el mensaje de la actividad ante la persecución política. “No detendremos nuestra campaña y continuaremos pasquinando y repartiendo nuestra propaganda. De la misma forma este lunes estrenaremos un video sobre la crisis del desempleo por nuestra pagina web bandera.org y las redes sociales.” indicó Hugo Delgado-Martí, portavoz de la organización.
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