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miércoles, 15 de enero de 2014

Toma un nuevo rumbo caso de destitución del alcalde bogotano

Bogotá, 15 (PL) La suspensión temporal del fallo de la procuraduría contra el alcalde bogotano Gustavo Petro, por decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, abre un nuevo derrotero a la posibilidad de que su destitución e inhabilitación queden sin efecto.
La sentencia dictada por el procurador general Alejandro Ordóñez, el pasado 9 de diciembre y ratificada en segunda instancia la víspera, no quedará en firme hasta que el presidente Juan Manuel Santos la valide, y por el momento permanecerá congelada.

Con la aceptación del recurso interpuesto por el ciudadano José Gotardo Pérez ante la segunda sección del Tribunal de Cundinamarca, "en su propio nombre y como agente oficioso de Petro", hay por delante un plazo de 10 días para que esa instancia estudie el recurso y llegue a una decisión de fondo.



En consecuencia el magistrado José María Armenta ordenó al presidente Juan Manuel Santos abstenerse de validar lo dispuesto por Ordóñez y sus efectos "hasta tanto se adopte la decisión de fondo que ponga fin al proceso en trámite" y suspende temporalmente el fallo del Procurador.

A la par, Rafael Barrios, uno de los abogados del equipo de Petro anunció una decisión inminente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual Petro solicitó medidas cautelares que, de ser concedidas, anularían el dictamen del procurador por ser de obligatorio cumplimiento para el gobierno colombiano.

Aunque Ordóñez señaló que la CIDH no podía ordenar sino solo sugerir, esa no es la opinión del exsecretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Canton, quien señaló que el fallo de la Comisión si tiene carácter obligatorio.

Nada en su reglamento le impide, además, otorgar esas medidas, subrayó, aún en el nuevo contexto creado tras la decisión del Tribunal de Cundinamarca.

En ese caso, Petro se mantendría en su cargo y el dictamen del procurador se vendría abajo.

tgj/ag

En su acción de tutela (protección de sus derechos), Pérez alegó que el dictamen del procurador violaba su derechos a elegir y ser elegido.

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