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viernes, 24 de enero de 2014

Petro logra suspensión de su proceso de destitución como Alcalde

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, destituido e inhabilitado por un periodo de quince años a causa de un fallo de la Procuraduría de Colombia, consiguió un punto a favor este jueves luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera el proceso en su contra.

El tribunal rechazó los dos fallos de la Procuraduría, al cuestionar en primer lugar la competencia de este ente de control disciplinario de funcionarios públicos para emitirlos, además de argumentar que los mismos contradicen los derechos políticos de los ciudadanos y del alcalde.

“El tribunal ha emitido dos fallos en los que determina que la destitución ordenada por la Procuraduría vulnera los derechos políticos de los ciudadanos y del alcalde”, informó Luis Eduardo Parra, abogado de Petro, al agregar que, en otro veredicto, se argumenta que la Procuraduría no tiene competencia para decidir la destitución.

Esta decisión del tribunal ha recibido las críticas de la Procuraduría, al anunciar que lo impugnará ante el Consejo de Estado, considerada la máxima instancia de Justicia Administrativa en Colombia.

En reacción a esta noticia, Petro ha manifestado en un mensaje de felicitación en Twitter: “Tenemos una victoria democrática transitoria, pero valiosa. La justicia y la multitud detienen la tiranía. Viva la paz y la democracia”.

Desde que el máximo funcionario de la Alcaldía de Bogotá fue desbancado, sus partidarios han celebrado numerosas marchas masivas en defensa de su voto y en demanda de la restitución de Petro.

En su condición de alcalde mayor de Bogotá, Petro fue acusado de “tres faltas gravísimas en la implementación del nuevo modelo de aseo en la ciudad”. Se refiere a un esquema de recolección de basuras que pretendía quitar esta gestión de manos de los operadores privados y cederlo a una empresa pública. Sin embargo, según el ente de control, se presentaron serias irregularidades y, además, la decisión del alcalde violaba un principio constitucional que garantiza la libre competencia.

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