Marielos Monzón
Cada año, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) presenta un informe respecto de la situación que las y los defensores afrontan. Se hace un recuento del número y tipo de agresiones sufridas, del trabajo que realizan quienes son atacados y las posibles causas que originaron la agresión. Los casos que se registran son solamente aquellos en los que se ha interpuesto una denuncia ante los órganos competentes y cuentan con una verificación que constata si se trata de un ataque por el trabajo en defensa de los derechos humanos.
Los números presentados en el informe 2011 son realmente alarmantes. No únicamente porque sobrepasan las cifras de años anteriores, sino porque se registran 19 asesinatos, en su mayoría de sindicalistas y líderes campesinos y comunitarios que defienden los derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales.
El informe destaca que “el agravamiento de la situación de defensores y defensoras de derechos humanos está directamente relacionado a la ausencia de atención a los conflictos de tierra y la política represiva en contra de las comunidades que objetan el uso de sus recursos sin consulta previa”. Léase represión a través de desalojos a comunidades que ocupan tierras exigiendo cumplimiento a sus derechos laborales o a la propiedad del terreno; y represión y criminalización contra quienes se organizan para defender sus territorios de los megaproyectos y las industrias extractivas. Un número importante de agresiones se dio también contra defensores que trabajan en el área de memoria, verdad, justicia y reparación.
De acuerdo con Udefegua, el 2011 terminó con 402 hechos violentos en contra de defensores, incluidos allanamientos, amenazas, detenciones ilegales, difamación, persecución, criminalización, secuestro y asesinato. En total, durante los últimos cuatro años, se registraron mil 224 agresiones. El documento destaca: “Durante el 2011, el gobierno retomó la práctica de la difamación a los defensores y defensoras de derechos humanos y con ello se abrió la puerta a más amenazas y a la criminalización, articulada por actores no estatales. En este marco, el trabajo de los y las periodistas se ha visto en riesgo durante este período gubernamental”. Sumemos a esto el discurso antiderechos humanos desde los espacios mediáticos y de opinión que genera mayor vulnerabilidad y riesgo.
Lamentablemente, la impunidad frente a las agresiones y ataques sigue siendo la constante. Aún y cuando se dieron avances en la persecución penal en algunos de los casos, estos son mínimos, y en la mayoría, no se ha hecho justicia. Las estructuras paralelas que actúan a su antojo en diversos hechos —desalojos, asesinatos, allanamientos, desaparición de pruebas, escuchas ilegales y un largo etcétera— siguen sin ser desmanteladas y su margen de acción continúa.
No se trata solamente de garantizar la vida y la seguridad de las y los defensores de derechos humanos, sino de reconocer su trabajo y su aporte fundamental para que en este país los derechos sean para todos y no solamente para quienes pueden pagar por ellos.
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