El comunitario Douglas Escobar reclama a las autoridades guatemaltecas por la forma como los desalojaron y pide que se respeten sus derechos.
Los guatemaltecos se encuentran en México desde el 23 de agosto, tras haber sido desalojados del Parque Nacional Sierra del Lacandón, La Libertad, Petén.
A la cita acudieron el gobernador de Petén, Rudel Álvarez; el auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos Kendel Castellanos, y el director del Fondo Nacional de Tierras, Sergio Iván Contreras.
Los desterrados se mostraron reacios a dialogar con Álvarez y Castellanos, por considerarlos “corruptos”, y a Contreras le dijeron que por haber llegado con las autoridades peteneras, no era bien recibido.
Sin acuerdo
Los afectados resaltaron que quieren regresar a Nueva Esperanza, pero a la le vez reclamaron a las autoridades por haberles destrozado sus covachas y sus cosechas y porque los soldados se comieron sus animales domésticos.
Sugieren atención
Francisco Javier Conde, coordinador general del Gobierno de Tabasco, y Alfonso Cifuentes, representante del Ayuntamiento de Nuevo Progreso, Tenosique, en tono airado exigieron a las autoridades guatemaltecas que enfrenten el problema con seriedad.
Cifuentes expuso que su comunidad le ha demostrado “cierta alarma” por lo que ocurre en Nuevo Progreso, y exigió al Gobierno de Guatemala que haga algo para que los desplazados tengan salud y educación.
Los campesinos exigieron al gobernador que les paguen daños y perjuicios por los tres desalojos de que han sido objeto, y también solicitaron asilo político al gobierno mexicano. Conde agregó que respetarán la decisión de sus similares guatemaltecos y que haría la consulta a la Migración de su país.
Presenta propuestas
El gobernador de Petén aseguró que ya están listas 15 casas y el compromiso de construir otras 20 para que los refugiados regresen a territorio nacional.
Las viviendas se ubican en Machaquilá, Santa Elena, y cada una cuesta Q100 mil, aunque los comunitarios solo pagarían la mitad. Álvarez añadió que no hay espacio para que cultiven.
Las partes acordaron que mañana fijarán una nueva reunión —probablemente para el próximo viernes—, pero los afectados insistieron en que deberá ser con autoridades de la capital.
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