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jueves, 16 de diciembre de 2010

Ejército hondureño reprime a campesinos que reclaman un reparto justo de las tierras

aguan

El Ejército y la policía de Honduras desalojaron este miércoles a decenas de campesinos que bloqueaban una carretera para exigir soluciones al conflicto agrario en la región del Valle del Aguán, en el norteño departamento de Colón.

Los trabajadores afiliados al Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (Muca) mantenían la medida de fuerza desde hacía 11 días, reseñó Prensa Latina.

Demandaban el cese de la militarización en la zona y el cumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno en abril pasado sobre repartición de tierras.

El régimen de Porfirio Lobo se comprometió a entregar 11.000 hectáreas a las familias asentadas en el valle, pero al contrario el Ejecutivo ordenó el desalojo de los campesinos.

Además, desde Muca reclamaban una reforma agraria integral y acceso a los servicios de salud y educación.

“Necesitamos que cada campesino tenga su predio donde pueda ganarse la vida”, declaró Agustín Cálix, miembro de la organización.

El referente también denunció que 35 campesinos ya fueron asesinados que luchaban por la obtención de tierra para trabajar.

Por su parte, el jefe de la Policía hondureña, José Luis Muñoz Licona, anunció que los desalojos continuarán en los próximos días.

Aunque fue documentado que terratenientes como Miguel Facussé organizan ejércitos privados para atacar a los campesinos, desde el régimen de Lobo se acusó a los trabajadores de portar armas de grueso calibre.

En noviembre pasado, guardias bajo el mando de Facussé asesinaron a los campesinos Ignacio Reyes, Teodoro Acosta, Siriaco Muñoz, Raúl Castillo y José Luis Sauceda, miembros del Muca.

Desde la organización campesina también denunciaron que otros terratenientes, como René Morales y Reynaldo Canales, brindan a los ejércitos privados vehículos y armas de grueso calibre, como fusiles M-16 y M-60.

Luego de estos asesinatos, el abogado Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), propuso llevar el caso al Consejo de Derechos Humanos y al Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para expresar a la comunidad internacional que en Honduras hay impunidad.

La propia fiscal especial sobre Derechos Humanos del país, Sandra Ponce, reconoció este miércoles que las violaciones de libertades civiles en la nación centroamericana aumentaron en 2010 en Honduras, donde en el último semestre fueron registrados más de 700 casos.

Esta situación registra un deterioro progresivo desde el golpe de Estado de junio de 2009 contra el Gobierno del presidente legítimo Manuel Zelaya.

Por su parte, el director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y de sus Familiares, Juan Almendares, calificó de alarmante el clima de impunidad prevaleciente en Honduras.

Reveló que aún siguen sin castigo los responsables de los asesinatos de campesinos, maestros, periodistas y sindicalistas opuestos al golpe de Estado.

AVN

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