Este
11 de marzo son las elecciones parlamentarias en Colombia. Cerca de 36
millones de colombianos podrán acudir a las urnas para elegir 102
senadores y 167 representantes a la Cámara. Se han presentado cerca de
3000 candidatos que aspiran a llenar estas plazas. Es una campaña en que
por primera vez en 56 años han desaparecido como grupo armado las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, que se han
desmovilizado y ahora también ellas concurren a las elecciones como la
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Persiste el
enfrentamiento armado con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en
medio de una frágil negociación suspendida de hecho por las acciones
armadas que esta guerrilla ha protagonizado al finalizar una tregua
bilateral el pasado nueve de enero. La incertidumbre ronda a esa mesa de
negociaciones que no da signos inequívocos de avance pues el ELN aún no
ha definido su abandono a las armas como forma de ejercicio de la
política. Esa es la realidad de fondo de la persistencia de la
confrontación armada. También persisten las acciones armadas de los
grupos paramilitares que sufren una arremetida de la Fuerza Pública en
regiones en las que ejercen dominio territorial, apoyadas en poderes
políticos locales que el Estado central no ha logrado desmantelar por la
connivencia de sectores de la fuerza pública y actores políticos
locales con esas organizaciones criminales. Una parte importante de los
líderes sociales asesinados, 205 hasta comienzos de este mes de febrero,
desde que se pactó la desmovilización de las FARC el 26 de noviembre
del año 2106, han sido asesinados por estas organizaciones
paramilitares.
En medio de esta realidad nos acercamos a
las elecciones parlamentarias en las cuales además se llevaran a cabo
dos consultas para que los ciudadanos elijan los candidatos de los dos
extremos de la contienda política. La extrema derecha escogerá candidato
presidencial entre Iván Duque candidato del Centro democrático apoyado
por el expresidente Álvaro Uribe, Martha Lucía Ramírez apoyada por el
expresidente Andrés Pastrana y el exprocurador Alejandro Ordoñez. En las
más recientes encuestas el favorito para alzarse con la candidatura de
la extrema derecha es Iván Duque. La izquierda también se presenta a
consulta para que los electores decidan el candidato presidencial entre
Gustavo Petro candidato por firmas del movimiento Progresistas y Carlos
Caicedo, también candidato por firmas de Fuerza Ciudadana. En esta
consulta el favorito es el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
En
una época equívocamente llamada de postconflicto se esperaba en teoría
que la campaña se desarrollara en relativa calma y que los electores
finalmente podríamos, sin las FARC en la confrontación armada, elegir
entre los programas ofrecidos por los diversos candidatos y fuerzas
políticas. Algo de eso ha habido pero obnubilado por varios hechos
violentos y por la polarización ya no alrededor de la revisión de los
acuerdos con las FARC, que han pasado a un segundo plano por la
polarización entre la derecha y los candidatos del establecimiento que
intentan por todos los medios convencer a los electores que los
candidatos del Centro y de la izquierda son afines al llamado
castrochavismo y que lo que persiguen es la venezolanización de
Colombia. Es decir el centro del debate no está puesto en las propuestas
para afrontar problemas como el modelo de desarrollo, los estragos
ambientales de la megaminería y extractivismo que es el centro del
actual modelo de desarrollo económico, tampoco la pobreza y la exclusión
social o la desigualdad e inequidad en el segundo país más desigual de
las Américas, la reforma a la salud, la educación y la crisis de cerca
de 10 millones de familias campesinas golpeadas por los tratados de
libre comercio que viven en condiciones de pobreza.
No, el
centro de la discusión en los grandes medios de comunicación es que los
candidatos del centro y de la izquierda que ofrecen cambios y reformas
nos conducen a la pobreza y al modelo fracasado de Venezuela. Allí
quieren instalar el debate. Una propaganda en televisión del candidato
Germán Vargas Lleras muestra la imagen de Gustavo Petro y la voz de
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela para convencernos que Petro es
el candidato castrochavista. Esa propaganda basura y estigmatizadora se
pasa por los principales canales de televisión sin que la autoridad
electoral intervenga y no lo hace porque los magistrados del Consejo
Nacional Electoral, CNE, son elegidos por los partidos y están en ese
politiquero organismo en representación de esos mismos partidos y
candidatos del régimen. Por supuesto no se habla ni se debate la
necesidad de una reforma política para, entre otras cosas, conformar un
poder electoral transparente y que dé garantías reales a los ciudadanos.
Pero
el fenómeno más preocupante ahora es el de la violencia aún por encima
de las falsas noticias que se divulgan en los grandes medios de
comunicación y en las redes sociales. Las dos cosas cabalgan al mismo
tiempo y se refuerzan mutuamente.
En esta recta final de
la campaña el boicot y el saboteo a las campañas comenzó en forma el
pasado 2 de febrero cuando en la ciudad de Armenia el candidato
presidencial Rodrigo Londoño, Timochenko, de la FARC, iniciaba su
recorrido como candidato presidencial. Timochenko fue agredido con
piedras y tomates y la camioneta en que viajaba fue objeto de ataques
que fueron promovidos como hoy se sabe por integrantes del Centro
Democrático como lo hicieron en ese mismo fin de semana en las Ciudades
de Pereira, Cali y Florencia. En Cali un candidato a la Cámara por este
partido megáfono en mano estaba en el boicot. Las condenas fueron muy
tibias y algunas fueron patéticas. Buscaron justificar en vez de
condenar.
Los hechos más graves sucedieron este pasado fin
de semana y el hecho más grave sucedió en Cúcuta ciudad de cerca de un
millón de habitantes en la frontera con Venezuela. Gustavo Petro había
programado para el viernes 2 de marzo a las 4 de la tarde una
manifestación en el Parque Santander. Petro venía de llenar plazas en
distintas ciudades del país. La de Cúcuta era una manifestación con
ciertos riesgos por el entorno político de ésta región del país. Allí
gobierna una fuerza política afín a grupos paramilitares que ejercen en
esa ciudad un poder desmedido. El Alcalde de la Ciudad, César Rojas, es
la ficha política del exalcalde de dicha Ciudad, Ramiro Suárez Corzo,
condenado por asesinato y ficha de los grupos paramilitares que operan
en dicha región del país. Este Alcalde en abierta violación de la
Constitución había promulgado desde mediados de febrero un decreto que
prohibía las manifestaciones públicas en dicho Parque hasta el 12 de
marzo. El Gobierno Nacional lo sabía y en vez de actuar con diligencia
para garantizar el ejercicio del derecho de reunión consagrado en la
constitución y en las leyes de la República se limitó a informar que
había buscado infructuosamente al Alcalde pero que no lo había logrado.
El
carro en que se desplazaba Petro fue objeto de un ataque con objetos
contundentes según la Fiscalía y con bala según la campaña y el propio
candidato. La respuesta del gobierno ha sido tímida y ha dejado en manos
de la Fiscalía las investigaciones que tardíamente aún no muestran
resultados. El Alcalde Rojas y su mentor y jefe Ramiro Suárez, son parte
de la campaña de Germán Vargas Lleras. El Fiscal General Néstor
Humberto Martínez ha sido militante activo de Cambio Radical partido de
Vargas Lleras y ha sido acusado por Petro de intentar montar una causa
criminal en su contra para impedir que fuera candidato presidencial. No
hay pues garantías de imparcialidad en las investigaciones. Aún a estas
alturas la fiscalía contando con todos los medios técnicos no ha dicho
que tipo de objetos contundentes se utilizaron para atacar el vehículo
en que se movilizaba Petro. Las condenas a este hecho también han sido
tímidas. El Gobierno las ha rechazado pero no ha pedido que se
investigue al Alcalde ni a las fuerzas que promovieron el ataque. Y las
condenas de los actores políticos han sido no solo tibias sino
equivocadas en algunos casos. Algunos por ejemplo han señalado al propio
Petro como el causante de estos hechos por supuestamente atizar la
polarización.
Ese mismo día en la ciudad de Popayán la
manifestación del Candidato Iván Duque a quien acompañaba Álvaro Uribe,
recibieron una fuerte rechifla por parte de estudiantes de la
Universidad del Cauca en el emblemático Puente el Humilladero. Las
protestas por la presencia de Uribe y Duque terminaron en disturbios
entre la policía y los manifestantes y la sede del Centro Democrático en
dicha ciudad fue objeto de ataques por parte de los manifestantes.
El sábado 3 de marzo fue detonado un artefacto explosivo artesanal en
el municipio de Segovia en el departamento de Antioquia durante el
cierre de la campaña de Olga Suárez Mira y de Horacio Gallón, ambos
candidatos al Congreso por el Partido Conservador. La Policía informó
que la explosión dejó nueve personas heridas, entre ellas dos policías
que estaban de servicio en el lugar. El llamado Clan del Golfo, grupo
paramilitar se responsabilizó de esta atentado sin que tampoco allí
hayan avanzado las investigaciones para esclarecer los hechos.
Jugando con fuego
Escribió
Gianfranco Pasquino en su libro La Oposición que todos los regímenes
políticos tienen la oposición que ellos mismos han contribuido a crear.
Así en regímenes democráticos se cuenta con una oposición democrática
respetuosa de las normas y de las reglas que norman las campañas
políticas. Se respetan los resultados y las decisiones de las
autoridades electorales que gozan de prestigio por ser transparentes y
diligentes al momento de garantizar los resultados sean cuales fueren.
Nosotros estamos muy lejos en Colombia de esta realidad descrita por
Pasquino. Recientemente el Consejo de Estado reconoció en sentencia que
entregó tres renglones en el Senado de la República al Partido Político
Mira que en las elecciones de 2014 hubo fraude contra dicho partido que
tesoneramente lo demostró. El CNE cerró la investigación en contra de la
campaña electoral del Candidato uribista Oscar Iván Zuluaga por
financiamiento ilegal de la multinacional de la corrupción brasilera
Odebrecht a pesar de las pruebas que circulan en los medios de
comunicación y está a punto de prescribir en ese mismo organismo
politiquero la investigación en contra de la campaña de Juan Manuel
Santos por el mismo delito de financiamiento ilegal de su campaña.
Los
hechos señalados contra la campaña y en contra del candidato Gustavo
Petro en Cúcuta muestran que el Estado central ejerce un poder limitado
en vastas regiones del país. También lo demuestran los hechos de Segovia
en contra de la campaña conservadora en este municipio antioqueño. El
régimen central ha permitido el poder de las mafias y del
paramilitarismo en diversas regiones del país en donde se han conformado
alianzas entre poderes políticos locales en las Alcaldías y grupos
armados del paramilitarismo y bandas de narcotraficantes. Estas alianzas
cuentan con la connivencia de sectores de la Fuerza Pública en dichas
regiones y con la anuencia del poder central. Esta realidad se vive hoy
también en las regiones que fueron abandonadas por las FARC como
producto de su desmovilización en las cuales el Estado no ocupó estos
territorios en lo que las FARC ejercían dominio militar. Allí han sido
asesinados el 56% del total de los líderes sociales y defensores de los
derechos humanos desde la firma de los Acuerdos de Paz.
La
violencia política se profundizó en Colombia, no debemos olvidarlo, a
raíz del asesinato nunca aclarado del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán
el 9 de abril de 1948. Allí en el despojo de sus tierras a los
campesinos y en la exclusión política tuvieron origen las guerrillas
revolucionarias que aún hoy persisten. Sobre 200 mil cadáveres que
arrojó esta guerra se legitimó la confrontación armada que aún persiste
pese a la desmovilización de las FARC la guerrilla militarmente más
poderosa y más numerosa. Por ello la condena sin dudas y de manera
contundente por parte de la sociedad y de los diversos actores políticos
acompañada de las reformas sociales y políticas que nos conduzcan a una
sociedad más justa, deben ser las banderas de los demócratas. Hay que
condenar los hechos de violencia en la campaña en curso. Todos los
saboteos a todas las campañas deben ser condenados sin ambigüedades. Hay
que persistir en la necesidad de un pacto nacional para sacar las armas
y la violencia de la política.
Bogotá marzo 8 de 2108, día internacional de las mujeres
Pedro Santana Rodríguez
Director de la Revista Sur
https://www.alainet.org/es/articulo/191518
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