En el mismo acto pidió perdón
a las víctimas de la violencia en el sur de Chile, por no haber sabido
defender la integridad de ese pueblo. "En mi calidad de Presidenta de la
República, quiero solemne y humildemente pedir perdón al pueblo mapuche
por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en
nuestra relación con ellos y sus comunidades".
Finalmente, Bachelet propuso inversiones en infraestructura educativa, caminos y obras para garantizar el agua potable, ya que las enormes plantaciones de pinos y eucaliptus están secando las fuentes de las comunidades.
Lea más: Indígenas de Latinoamérica enfrentan muros al interior de sus países
El dirigente del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, dijo que el perdón de Bachelet "no tiene efecto alguno", porque omite la responsabilidad del Estado chileno en "el crimen de lesa humanidad cometido contra el pueblo mapuche y la confiscación de su territorio y recursos".
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
Simultáneamente
la presidenta presentó los puntos centrales de su programa para la
Araucanía que se resumen en una lista de medidas simbólicas y de
reparación. Propone "políticas de reconocimiento de los pueblos
indígenas y nuevas formas de participación", entre las cuales destaca la
defensa de los derechos colectivos del pueblo mapuche y "oficializar el
uso del mapuzungun en la región de La Araucanía".
También propone
declarar el 24 de junio como Día Nacional de los Pueblos Originarios,
fecha que marca el año nuevo indígena en América Latina. La creación de
un Ministerio de Pueblos Indígenas, también anunciada, fue una de las
decisiones más polémicas ya que supone un crecimiento del aparato
burocrático.Finalmente, Bachelet propuso inversiones en infraestructura educativa, caminos y obras para garantizar el agua potable, ya que las enormes plantaciones de pinos y eucaliptus están secando las fuentes de las comunidades.
Sin
embargo, ninguna de estas medidas supone un cambio de fondo en la
situación del millón y medio de mapuches (un 10% de la población de
Chile). El primer problema que enfrentan las comunidades es la
militarización de sus territorios al sur del río Bio Bio. En los días
previos al pedido de perdón, fueron muertos dos jóvenes mapuche por un
terrateniente de ultraderecha, ex Carabinero, que les disparó porque
ingresaron a su campo a recuperar un caballo.
El 14 de junio,
apenas una semana antes del lanzamiento del Plan Araucanía, el cuerpo de
Carabineros ingresó en una escuela de la comunidad Temucuicui, en
Ercilla, disparando gases lacrimógenos que se colaron en las aulas donde
decenas de niños y niñas asistían a clase. Este tipo de actitudes son
habituales en un Estado chileno que mantiene 37 presos políticos mapuche
en diversas cárceles del país y considera a los indígenas como
enemigos. Amnistía Internacional recordó que hay antecedentes de acciones similares de Carabineros y pidió investigación y sanción a los responsables.Lea más: Indígenas de Latinoamérica enfrentan muros al interior de sus países
El dirigente del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, dijo que el perdón de Bachelet "no tiene efecto alguno", porque omite la responsabilidad del Estado chileno en "el crimen de lesa humanidad cometido contra el pueblo mapuche y la confiscación de su territorio y recursos".
En opinión
del dirigente de una de las mayores organizaciones indígenas mapuche,
"un perdón efectivo y sincero debió ser resultado del esclarecimiento
histórico de la Araucanía y del pueblo mapuche. Paralelamente, debió
haber incluido un programa de resarcimiento e indemnización a las
víctimas por el daño causado".
El dirigente también criticó el
anunciado Ministerio de Asuntos Indígenas, ya que "no será más que una
burocracia para mediar el conflicto del Estado chileno con el pueblo
mapuche", que busca "entretener a los pueblos indígenas alejados del
poder".
El calvario mapuche
comenzó
con la Pacificación de la Araucanía (1860-1883), la guerra de ocupación
del territorio que supuso la confiscación del 90% de las tierras de las
comunidades. Para el historiador José Bengoa, autor de una obra pionera
sobre la historia mapuche, fue "una guerra de exterminio". La nueva y
vigorosa camada de historiadores mapuche, asegura que la ocupación
implicó la muerte violenta del 20 al 30% de la población de la
Araucanía.
La dictadura del general Pinochet profundizó el
despojo. En 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9,2
hectáreas, pero al terminar la dictadura le correspondían poco más de 5.
El broche final lo puso la democracia, por medio del avance de las
grandes empresas forestales y la construcción de hidroeléctricas: en
2011 cada familia mapuche contaba con sólo 3 hectáreas.
En
la actualidad el mayor problema que enfrentan las comunidades es la
masiva forestación de sus territorios con las plantaciones de pinos y
eucaliptos que arrasan con los bosques nativos. Las tierras mapuches no
llegan a 500 mil hectáreas, donde viven unos 250 mil comuneros en unas 2
mil reservas que son islotes en un mar de árboles. Las familias
indígenas tienen la mitad de ingresos que las no indígenas; sólo 41% de
las viviendas mapuches tiene alcantarillado y 65% electricidad. La
mortalidad infantil en algunos municipios indígenas supera en 50% a la
media nacional.
A los agravios históricos y socio-económicos, se suma el doble estándar legal que se aplica al pueblo mapuche. Como señala
el politólogo José Marimán, "Chile sanciona a los mapuches con leyes
que no aplica a otros ciudadanos, dándoles el trato de seres de segunda
categoría o colonizados". Según Marimán, "se les aplica la ley
antiterrorista por actos que en otras partes del mundo no pasan por tal,
y algunos son juzgados por tribunales militares y civiles a la vez".
Poco
antes de las elecciones de 2014, la entonces candidata Bachelet se
comprometió a dejar de aplicar la ley antiterrorista (promulgada por la
dictadura en 1984) a miembros de pueblos indígenas y aseguró que la
modificaría para adecuarla a los estándares internacionales.
En
efecto, la ley es cuestionada por la comunidad internacional, al punto
que el Relator Especial de Derechos Humanos de la ONU, Ben Emmerson,
dijo
que el Estado chileno discrimina repetidamente a los mapuche al
aplicarle la legislación antiterrorista "de una manera confusa y
arbitraria que termina generando una verdadera injusticia".
El
próximo domingo 2 de julio se realizan Elecciones Primarias
Presidenciales y Parlamentarias. El pueblo mapuche, que cuenta cada vez
con más amplios apoyos en la sociedad chilena, sospecha que el pedido de
"perdón" de la presidenta es una nueva jugada electoralista destinada a
mejorar la pobre imagen de los gobernantes.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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