Navegaciones
Pedro Miguel
En Guatemala las marchas se suceden desde abril, tienen varios epicentros,
rotagonistas múltiples y hasta contradictorios, consignas claras y ninguna dirigencia, o bien muchas
Las
tumbas del Cementerio General de Guatemala se deslizan poco a poco
hacia el basurero. Más de dos decenas de ellas han caído ya por una
ladera vertical que da al barranco en el que la humana pobreza extrema
compite por el alimento con la repugnante majestad de los zopilotes. En
su camino al fondo los mausoleos familiares han dejado un reguero de
lápidas, esculturas, ataúdes, huesos y nombres de bronce que alimentan
las pilas de desperdicios. Una parte del camposanto capitalino ha sido
cerrada ya a las visitas y sólo se admite el paso a quienes llegan a
exhumar a sus difuntos. En las hileras de pequeñas construcciones
góticas, neoclásicas y modernas más próximas al abismo pestilente sólo
quedan los nichos abiertos y vacíos que atestiguan la mudanza
apresurada. El barranco avanza y no faltan las teorías conspirativas;
por ejemplo, que una empresa minera ha estado socavando sus acantilados
de manera furtiva porque bajo el cementerio se sospecha que hay un gran
filón de oro. Cierto o no, el lento deslizamiento de la necrópolis
hacia el botadero municipal es un símbolo desconsolador de la lucha
contra el olvido, la descomposición general y la entropía.
Desde abril pasado esa lucha también ha adquirido un carácter de
urgencia en el mundo de los vivos. Todo empezó por las imputaciones de
la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en
contra de dos decenas de funcionarios del gobierno del general Otto
Pérez Molina (aún en la presidencia) por defraudación fiscal. Entre
ellos se encontraban los secretarios del aún presidente Otto Pérez
Molina y de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, y directivos de
la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Aunque Baldetti
y Pérez Molina no han sido directamente implicados, hay indicios de su
participación en la organización delictiva La Línea, urdidora
de fraudes y desfalcos, y la primera fue obligada a renunciar en mayo
pasado en el contexto de movilizaciones populares masivas. De entonces
a la fecha la CICIG ha extendido sus denuncias por corrupción a buena
parte de la clase política guatemalteca, incluidos los integrantes del
Congreso en su conjunto (los diputados han repartido, al mejor postor o
entre sus allegados, centenares de plazas fantasma), y ha señalado por
medio de su titular, el comisionado Iván Velásquez, que en el país
la actividad política está financiada por la corrupción. Las empresas extranjeras PISA (mexicana, medicamentos), M. Tarcic Engineering Ltd. (israelí, control de daños ambientales), Jaguar Energy (energía, filial de la texana AEI) y otras han sido señaladas como operadoras de negocios sucios al amparo de la corrupción que pudre a la institucionalidad. Un ex presidente del Congreso, un ministro de Gobernación, una ministra de Medio Ambiente, y un presidente del banco central están en la picota judicial y tal vez la ex vicepresidenta Baldetti sea extraditada a Estados Unidos. Aunque el aspirante presidencial que encabeza las preferencias de voto hacia las elecciones generales programadas para el próximo 6 de septiembre, Manuel Baldizón (partido Líder), tiene fama pública de narco, la CICIG no lo ha tocado en sus revelaciones, pero su compañero de fórmula, Édgar Barquín, enfrenta un antejuicio por lavado de dinero. Como el cementerio, la clase política se desliza al basurero. Y para colmo, por estos días el ex dictador Efraín Ríos Montt busca refugio en un manicomio para escapar a las acusaciones en su contra por genocidio.
Hay que decir también que la trama de la corrupción tiene una
contratrama de la investigación por parte de la CICIG: muchos piensan
que las explosivas revelaciones de esa poderosa instancia internacional
han sido posibles gracias a los Niños Cantores de Miami, una
serie de delincuentes que fueron extraditados y que desde Florida
proporcionaron a la CIA y a la DEA gringas algunos de los pormenores de
la vinculación entre los políticos y las diversas especialidades de la
delincuencia organizada. En todo caso, Washington y la embajada de
Estados Unidos en el país centroamericano desempeñan un papel abierto y
descarado en la demolición del gobierno aún en curso y de los partidos
en general. Las masivas protestas contra la corrupción que tienen lugar
tanto en Guatemala como en la vecina Honduras han recibido el respaldo
del consejero del Departamento de Estado Thomas Shannon, quien hace
unos días, en Madrid, elogió a la juventud que ha tomado las calles en
ambos países porque
no tiene miedo a la represióny dijo que si bien la Casa Blanca considera
sociosa los gobiernos correspondientes, los insta a
respetar las protestas.
En
Guatemala las marchas se suceden desde abril, tienen varios epicentros,
protagonistas múltiples y hasta contradictorios, consignas claras y
ninguna dirigencia, o bien muchas. En el G4 se reúnen representantes de
la Iglesia católica, Alianza Evangélica, Procuraduría de los Derechos
Humanos (PDH) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) –esta
última hospeda las reuniones de la Plataforma Nacional para la Reforma
del Estado, en la que confluyen organizaciones indígenas y campesinas,
sindicales, estudiantiles y juveniles, de genero y derechos humanos–;
la Asamblea Social y Popular, que agrupa a gente de 72 comunidades; la
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC); el Comité de
Desarrollo Campesino (Codeca) y grupos de intelectuales y activistas.
En la larga mesa de reuniones ubicada en el paraninfo universitario se
sientan también representantes del Comité Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el
organismo patronal de la oligarquía tradicional y al que se señala como
cerebro de cuantas políticas represivas, antipopulares y
antidemocráticas fueron aplicadas en el pasado reciente en el país
centroamericano, ya fuera por medio de dictaduras militares
desembozadas o democracias de fachada. Hay recelos mutuos (cómo no) y
desacuerdos profundos, pero más o menos todo mundo allí encuentra que
es indispensable posponer el proceso electoral, reformar la ley
correspondiente y convocar a una asamblea constituyente. Casi todo
mundo piensa que Pérez Molina carece de autoridad moral para seguir al
frente del Estado, y no necesariamente por sus antecedentes como
militar genocida (durante la dictadura de Ríos Montt) sino porque está
justo en el centro de un entramado de corrupción.
Los diputados en el Congreso se han puesto tapones en los oídos para
no escuchar el clamor social. Otro tanto ocurre con los magistrados del
Tribunal Superior Electoral (TSE), quienes insisten varias veces al día
en mantener los comicios del 6 de septiembre contra viento y marea, en
dar más importancia a la letra que a su espíritu y en proclamar que
el pueblo forja su propio destino a través del voto. El problema es que no hay en el escenario político del presente un aspirante viable y con autoridad moral al cual otorgárselo y que la institucionalidad política ha sido exhibida como una mera máquina para hacer dinero por medios ilícitos. Por ello, desde abril, sábado tras sábado, ciudadanos de todas las edades, géneros, etnias y condiciones sociales se reúnen en el Parque Central de la capital para exigir decencia. A unos kilómetros de allí el Cementerio General prosigue su deslizamiento hacia el barranco de la basura.
Twitter: @Navegaciones
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