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martes, 4 de octubre de 2011

Más de lo mismo

Marielos Monzon 
Después del desempleo, la preocupaciónmás sentida de la gente es la inseguridad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Latinoamérica es la región más violenta del mundo en términos de violencia homicida; y la presencia del crimen organizado ha venido a complicar más el panorama. Pretender meter todo en un mismo saco y darle igual tratamiento a la criminalidad organizada que a la delincuencia juvenil ha sido parte del problema. De acuerdo con un estudio de Usaid,

las políticas de mano dura en los países que conforman el triángulo norte de Centroamérica —Guatemala, El Salvador y Honduras— han demostrado su ineficacia: la criminalidad ha ido en ascenso al igual que el número de jóvenes que integran las pandillas. “El castigo penal drástico empleado no minimiza, sino que intensifica e incluso incrementa el atractivo de la pandilla”. 

Porque una cosa es el combate y la desarticulación de las bandas del crimen organizado —a las que el Estado debe perseguir y castigar con toda su fuerza— y otra muy distinta es el uso de la represión como única medida contra la juventud que entra en conflicto con la ley.

Un estudio del PNUD señala que uno de cada cuatro jóvenes latinoamericanos no tiene acceso a la escuela ni al mercado de trabajo, son los llamados jóvenes “ni-ni”. La falta de oportunidades sumada a la desintegración familiar y a la altísima vulnerabilidad social los hace presa fácil de las bandas del crimen organizado. Al respecto, el economista argentino Bernardo Kliksberg afirma: “En la práctica, la aplicación de la mano dura ha llevado a empujar aún más lejos de la sociedad a los jóvenes en riesgo, llenar las cárceles de ellos, y ha preparado el camino, para que, ante la falta de respuestas de la sociedad, puedan ser reclutables por el crimen organizado”. En el mismo sentido se pronuncia la Universidad Nacional Autónoma de México: “La base de apoyo social del narcotráfico comprende a más de 500 mil personas (…) mientras no haya una política económica y social para reducir la pobreza, será difícil revertir la situación”.

Según se desprende del Informe “El estado de la seguridad en América Latina” del PNUD, hay una relación inversa entre el índice de desarrollo humano y los índices de homicidios. Es decir, los países con mejores índices de desarrollo humano de la región tienen a su vez menores índices de homicidio.

Lo anterior no implica la no aplicación de la ley y la justicia; al contrario, la impunidad es una pésima señal que incentiva la comisión de delitos, nuestro país es un buen ejemplo de lo que afirmo. Sin embargo, no atacar las causas que generan el problema y hacerse de la vista gorda frente a la cada vez más extendida pobreza y desigualdad, ofreciendo acrecentar las prácticas represivas hasta llevarlas a su máxima expresión —pena de muerte en la Plaza Central o mano “recontradura”, por ejemplo— no van a resolver el problema, sino a agravarlo.

La clave está en la integralidad de las políticas para combatir la inseguridad. Eso lo saben los políticos guatemaltecos, y aún así la única respuesta que ofrecen es seguir haciendo más de lo mismo.

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