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miércoles, 26 de octubre de 2011

La izquierda uruguaya busca derogar una ley para poder juzgar los crímenes de la dictadura

La coalición de izquierda Frente Amplio votará este miércoles a favor de la derogación de la Ley de Caducidad (una especie de amnistía para militares de la dictadura) hecho que permitiría investigar crímenes cometidos durante el régimen (1973-1985).

Se espera que durante la votación, a las afueras del Parlamento, haya una movilización de sectores sociales y familiares de víctimas de la dictadura con el objetivo de presionar en la aprobación del instrumento legal.

Pese a que está previsto que la oposición no participe en la votación y que algunos militares ya han declarado que iniciarán acciones legales por la nueva norma, el Frente Amplio tiene asegurados sus 50 votos sobre un total de 99.

Este martes, el Senado aprobó el proyecto de Ley porque “tenemos derecho a la justicia”, expresó el congresista Rafael Michelini, cuyo padre, senador y fundador del Frente Amplio, fue asesinado durante la dictadura.

La iniciativa fue aprobada con una diferencia mínima de 16 votos a favor contra 15, según información de medios locales.

Si el proyecto de Ley recibe el visto bueno por parte de los diputados uruguayos, permitiría que los militares que cometieron delitos durante la dictadura que duró ocho años sean juzgados pese a que la vigente Ley de Caducidad los ha protegido de pagar por sus crímenes.

La iniciativa cumple además con un fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que consideró que la Ley de Caducidad es inconstitucional y precisó que no se puede limitar la investigación de crímenes en este período solamente para beneficiar a los uniformados.

El pasado mes de mayo, el Frente Amplio intentó derogar la Ley, pero la votación no prosperó.

Cientos de organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que la iniciativa se apruebe este miércoles y los responsables de los crímenes paguen por sus delitos.

La Ley de Caducidad se llama así porque estableció que “caducaba la pretensión punitiva del Estado” para juzgar las denuncias de víctimas de la dictadura.

Alrededor de 200 personas murieron y miles sufrieron torturas y abusos a manos de los militares durante la dictadura, mientras otros debieron exiliarse en el exterior ante el peligro que corrían sus vidas por las constantes amenazas de los uniformados, según cifras oficiales.

La Nación / Telesur / EP

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