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viernes, 14 de octubre de 2011

Guatemala pedirá asistencia de Interpol para capturar a militares genocid

El Ministerio Público (MP) anunció ayer que gestionará en la Policía Internacional (Interpol) las órdenes de captura contra los generales retirados Óscar Humberto Mejía Víctores y Luis Enrique Mendoza García, exjefes de Estado y de logística de la G2 del Ejército, respectivamente.

Según Manuel Vásquez, de la fiscalía especial en derechos humanos, del MP, la solicitud fue aprobada porque se considera que los militares podrían salir del país para escapar de la justicia.

“Ayer —martes— se efectuaron cuatro operativos en busca de Mejía Víctores y Mendoza García: dos en la zona 16 —uno en la colonia Lourdes— y dos en la zona 10, pero no hubo resultados positivos”, expresó Vásquez.

La búsqueda se dio en esas áreas porque es donde podría residir cualquiera de los dos militares.

Los delitos

El MP busca capturar a Mejía Víctores y a Mendoza García por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, por su presunta participación en las masacres perpetradas en el Triángulo Ixil, Quiché, en la década de 1980.

Según el expediente del MP, a Mejía Víctores se le atribuye haber ordenado los planes contrainsurgentes Victoria 82, Sofía, Firmeza 83 y Operación Ixil, cuando era ministro de la Defensa, durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt (1982-1983).

También se le vincula con el asesinato de unas mil 771 personas, entre hombres, mujeres y niños, y de unas mil 465 violaciones.

El MP también lo señala de haber ordenado al exjefe del Estado Mayor de la Defensa, Héctor Mario López Fuentes, elaborar aquellos documentos y ponerlos en práctica.

Mendoza García es señalado por el MP de haber sido el encargado de proveer armamento y personal, coordinar que se ejecutaran los planes de exterminio e informar a sus superiores sobre las ejecuciones cumplidas.

Fuga

Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, lamentó que no se hubiera capturado al exjefe de Estado, y consideró que hubo fuga de información en el MP.

“No es posible que en las viviendas donde hubo cateos no hubiera nadie, cuando se tuvo que haber realizado una investigación previa. Presumimos que la hubo; las autoridades tienen que evaluar por dónde se está filtrando la información”, enfatizó.

Rodenas agregó que aún queda mucho camino por recorrer, ya que durante la guerra interna —1960/1996— se perpetraron acciones contra la vida, con el pretexto de que se estaba combatiendo a la insurgencia.

“¿Acaso los niños y las mujeres embarazadas podían ejercer algún peligro contra el Estado?”, cuestionó Rodenas. Subrayó que este caso es de alto impacto porque afectó a la sociedad, y enfatizó que se debe investigar el delito de deberes contra la humanidad.

En el 2006, el Tribunal Quinto Penal había girado una orden de captura contra cinco militares, entre ellos, Mejía Víctores, pero tampoco fue detenido.

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