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domingo, 2 de octubre de 2011

Critican labor de medios bolivianos y la información sobre carretera

La Paz, 2 oct (PL) El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, criticó hoy a medios informativos bolivianos por el reflejo sobre la intervención policial a una marcha indígena en protesta por una vía interdepartamental, el pasado 25 de septiembre.

En declaraciones al programa El Pueblo es Noticia, de la red estatal Radio Patria Nueva, la autoridad precisó que los únicos que registraron desaparecidos y muertos en esos violento enfrentamiento fueron los rotativos.

Para Romero, los medios -que antes Palacio Quemado identificó como el periódico Página 7 y Radio Erbol- fueron los únicos genocidas y masacradores en el conflicto del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure(Tipnis)

Esos espacios, dijo, se prestaron al juego de los políticos de oposición que quisieron pescar en río revuelto, remarcó.

Esos medios con grandes titulares y coberturas mataron a la gente, inclusive a un menor de edad, mintiendo al pueblo y provocando hasta un movimiento de repulsa al Gobierno, aclaró.

Romero cuestionó además, que al conocerse la verdad ni siquiera los matutinos se dieron a la tarea de desmentir sus propias informaciones en el mismo lugar y extensión en el que las publicaron y tampoco mostraron interés por los acuerdos de los pasados días con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

Lamentó que esos medios informativos hayan sido utilizados por algunos políticos de oposición, como Juan del Granado y Samuel Doria Medina, jefes del Movimiento sin Miedo (MSM) y de Unidad Nacional (UN), respectivamente.

Por su parte, en el mismo programa radiotelevisivo, el presidente de Diputados, Héctor Arce, explicó que Bolivia no violó los convenios internacionales que protegen el hábitat de los pueblos indígenas.

Acerca de la legalidad de la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni), Arce aclaró que no hay ninguna norma o referencia que le obligue al Estado a hacer una consulta.

Los tramos I y III de esa vía ya tienen licencia ambiental, pero algunas comunidades indígenas rechazan la construcción del tramo II, argumentado daños a su hábitat y un eventual saqueo de recursos naturales.

Los opositores a la vía sostienen que el gobierno de Evo Morales desconoció el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incorporados en la Constitución Política del Estado boliviano.

Una carretera siempre es vista como progreso, desarrollo, el interés de mejorar las condiciones de vida, de ahí que ni las leyes bolivianas ni las internacionales establecen una consulta, señaló.

El Estado tiene entre otras de sus obligaciones consultar a los pueblos indígenas cuando éstos son susceptibles de cambio de hábitat y antes de utilizar su territorio para actividades militares, precisó.

Además, la Ley del Régimen Electoral, promulgada en 2010, establece que el Estado tiene la obligación de realizar una consulta previa sólo en la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales, señaló.

En ese sentido, respaldó la iniciativa del propio jefe del Estado Plurinacional de realizar una consulta sobre la polémica carretera entre los pobladores de Cochabamba y Beni, la que definirá su futuro.

La víspera, los marchistas que partieron desde Trinidad hacia la ciudad de La Paz, el pasado 15 de agosto, reanudaron la medida de presión.

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