Somos un Colectivo que produce programas en español en CFRU 93.3 FM, radio de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, comprometidos con la difusión de nuestras culturas, la situación social y política de nuestros pueblos y la defensa de los Derechos Humanos.

lunes, 10 de octubre de 2011

CIDH condena a El Salvador

Se trata de casos de niños desaparecidos de la guerra civil, que Pro Búsqueda cuenta por 888, de los que 370 han sido localizados

Por Gloria Morán

SAN SALVADOR – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpuso hace poco más de una año una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por las desapariciones de seis niños durante el conflicto armado en El Salvador, y esta nación resultó ahora condenada.

Esta es la segunda condena que recibe por desapariciones de niños durante la guerra. La primera vez fue el 1 de marzo de 2005 por el caso de la desaparición forzada de las hermanitas Serrano Cruz. En su dictamen la Corte dijo que el Estado violó el derecho a la integridad personal, asimismo le impuso que debía pagar por concepto de indemnización del daño inmaterial ocasionado a las víctimas y sus familiares, entre otras.

La CIDH decidió presentar la demanda el 28 de junio de 2010 debido al del Estado salvadoreño a las recomendaciones que le impuso la Corte en relación a las desapariciones forzadas de niños y niñas en El Salvador en la década de los 80. Las desapariciones por las que, esta vez, ha sido condenado El Salvador se dieron entre 1981 y 1983.

Frente a la denuncia, el 17 de enero de este año, el Estado presentó una contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas; a su vez reconoció y aceptó los hechos alegados.

“En este caso a raíz de la aceptación de responsabilidad del Estado , la Corte sí se pronuncia sobre todos los hechos y la Corte declara responsable al Estado salvadoreño por la desaparición de los niños, por la violación al derecho a la identidad de una de las niñas, que es la única que se ha podido establecer su paradero (Gregoria Contreras), por la violación al derecho de la integridad personal de los familiares de los niños y por la violación a las garantías judiciales”, aseguró a ContraPunto Gisela De León, abogada litigante perteneciente a la Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés).

El fallo de la Corte IDH fue dado a conocer el pasado 6 de octubre y contiene la denuncia de las desapariciones forzosas de Ana Ramírez y Carmelina Mejía, desaparecidas en 1981; Gregoria, Serapio Cristian y Julia Contreras, en 1982 y José Rubén Rivera, quien desapareció en la Hacienda La Joya en San Vicente. Todas las desapariciones fueron atribuidas a miembros de la Fuerza Armada.

De aquellos niños desaparecidos, sólo Gregoria Contreras (ahora una mujer adulta, de 33 años) fue finalmente localizada, en 2006.

En una entrevista exclusiva dada a ContraPunto en julio de 2010, Gregoria aseguró que “espero que busquen y encuentren a todos los niños desaparecidos, principalmente a mis hermanos, yo anhelo verlos, conocerlos porque de seguro ya se me olvidaron como eran. Quiero que se juzguen a los culpables”.

De la sentencia

Para Esther Alvarenga, directora de Pro Búsqueda, la resolución de la Corte IDH es muy importante para el esclarecimiento de los casos de desapariciones forzadas, en especial de los seis casos condenados. Sin embargo, aclaró que sería aún más importante la voluntad del Estado para cumplir con lo que ordena la sentencia.

El fallo emitido por la Corte le ordena al Estado salvadoreño investigar los hechos y juzgar a los responsables, así como pagar una reparación económica a las víctimas y sus familiares y realizar una serie de actos de reconocimiento y de disculpa pública.

“La Corte le dice al Estado que, entre otras cosas, debe de establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias, establecer protocolos específicos para la investigación de casos de graves violaciones a los derechos humanos y además que tienen que adoptar medidas como la de cooperación internacional porque muchos de estos niños se sabe que no permanecieron en El Salvador”, dijo De León, abogada de CEJIL.

Según De León uno de los principales obstáculos con los que se han encontrado es la falta de colaboración de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) puesto que no brindan información completa. La FAES es una pieza clave para colaborar con la información que pueda revelar el nombre de los batallones y sus encargados que participaron en los operativos que terminaron con la desaparición de cientos de niños y niñas.

Alvarenga aseguró que en Pro Búsqueda han recibido 888 denuncias de desapariciones forzosas de niños y niñas, del total 370 casos han sido localizados, de éstos 91 están pendientes de reencuentro.

El Informe de la Comisión de la Verdad consigna que durante la guerra civil en El Salvador (1981-1992) se dieron 5.000 casos de desapariciones forzosas, principalmente por parte de la FAES, aunque organizaciones de Derechos Humanos asumen que pudo haber hasta 9 mil desapariciones durante el conflicto.

La directora de Pro Búsqueda dijo que los casos pendientes de reencuentro se deben a que los niños y niñas encontrados no ha querido, ya que “las historias que se les contaron sobre sus padres biológicos es que ellos los abandonaron, que no quisieron estar más con ellos. En algunos casos los padres adoptivos también fueron engañados. Los que secuestraban a los niños se aprovechaban del conflicto para lucrarse”

El Estado debe cumplir

Ahora el Estado tiene plazos para cumplir con cada una de las recomendaciones ordenadas por la Corte. Éste puede ser de seis meses a un año, de acuerdo con De León.

“En octubre de 2012 el Estado tendrá que presentar un informe a la Corte informando qué ha hecho para cumplir con la sentencia y queda pendiente el proceso de seguimiento de la sentencia, el caso no se cierra en tanto no se cumpla con todos los puntos. Por ejemplo el caso de las hermanitas Serrano Cruz no está todavía cerrado porque el Estado no ha cumplido, si bien ha habido avances no ha cumplido de manera completa con la sentencia”, declaró De León.

Sin embargo la abogada reconoció que ha sido en el último año y medio es cuando más avances se han dado en torno al cumplimiento de las recomendaciones de la Corte IDH.

Alvarenga aseguró que Pro Búsqueda como representantes de las víctimas estará vigilante de que las medidas se cumplan a cabalidad.

“Acá no se trata de hacer favores, sino de cumplir obligaciones de deudas pendientes y acá el Estado tiene gran responsabilidad, lo más importante es la labor de la Fiscalía General de la República, porque de ella depende para desentramar muchos casos y también para buscar a los responsables de las desapariciones”, dijo Alvarenga.

No hay comentarios: