Durante el enfrentamiento armado interno, con la Doctrina de Seguridad Nacional se implementó la política llamada Tierra Arrasada, que causó desplazamientos internos, el refugio de cientos de comunidades mayas en México, la masacre de más de 626 comunidades, y masivas violaciones sexuales a mujeres mayas, principalmente. El 83 por ciento de las 200 mil personas asesinadas eran mayas (CEH, 1999). Cientos de comunidades mayas fueron inculpadas de formar parte o de colaborar con la guerrilla, con el fin de justificar la represión en su contra.
Hasta ahora, el Estado reprime a la población civil desarmada y la señala de estar en contra del desarrollo o la acusa de colaborar con el narcotráfico o con el crimen organizado, como sucede en los desalojos de familias mayas campesinas. Es evidente el continuum de la violencia institucionalizada como respuesta a las luchas sociales y políticas.
Durante este año, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército efectuaron 35 desalojos violentos de población maya quekchí en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, donde han sido asesinadas varias personas e invisibilizado el daño psicológico que estos actos violentos provocan predominantemente en contra de las comunidades rurales y especialmente a mujeres y niños.
Recientemente en la Sierra del Lacandón, La Libertad, Petén, fueron desalojadas 25 familias, unas 300 personas, por 270 agentes de la PNC y 50 efectivos del Ejército; “operativo” calificado como “pacífico” por el ministro de Gobernación y el presidente de la República. Estas 300 personas desarmadas, que incluyen a mujeres, niños y personas de la tercera edad, se vieron intimidadas, perseguidas y violentadas; 90 de ellas se refugiaron en un área selvática de Tabasco, México, y viven en situaciones infrahumanas. Este acto de destierro cometido por el Estado es parte de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, civiles y sociales de estas personas.
En su afán por mantener la estructura anquilosada que heredó del sistema colonial, el Estado de Guatemala mantiene a la mayoría de la población maya, garífuna, xinca y ladina pobre, en situación de subordinación social, política y económica, y continúa privilegiando a las familias oligarcas ladinas, a ciertas élites políticas y económicas, así como a empresas extranjeras.
En Guatemala la lucha de los pueblos mayas, garífuna y xinka por sus territorios ancestrales son parte de la resistencia política que mantienen desde la invasión española hasta la actualidad, lo que ha implicado luchar contra el despojo y las inequidades sociales que ha generado este sistema capitalista, racista, misógino y clasista, legitimado a través del Estado.
Por lo tanto, desacreditar y criminalizar las luchas de las comunidades por su derecho a la tierra es una táctica política diseñada, previamente planificada y sistemáticamente implementada en correspondencia con los intereses de las élites políticas y económicas nacionales y transnacionales, para implantar sus megaproyectos de minería a cielo abierto, hidroeléctricas, gasoductos y producción de biocombustibles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario