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miércoles, 8 de diciembre de 2010

Piñera desata polémica y enojos


Por Daniela Estrada

SANTIAGO, 7 dic (IPS) - La reforma al sistema educativo de Chile que promueve el gobierno de Sebastián Piñera desató un fuerte debate, tanto por las medidas que incluye como por las que omite.

"No es ni una gran reforma ni una revolución educativa, como dijo (el presidente Piñera) en cadena nacional", consideró Loreto Egaña, directora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), de la privada Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

"Es un conjunto de medidas, que tienen mucho que ver con lo que se venía haciendo antes y que constituirán avances parciales, dependiendo de cómo salgan la ley y los reglamentos", dijo a IPS esta experta.

El gobierno derechista de Piñera, que considera a la educación un factor clave para llevar a Chile a convertirse en un país desarrollado en la próxima década, sucedió el 11 de marzo a la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó el país sin interrupciones desde 1990 tras el fin de 17 años de dictadura.

La última reforma en el campo formativo fue la Ley General de Educación, promulgada en agosto de 2009 por la entonces presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), en reemplazo de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza aprobada por el hoy fallecido dictador Augusto Pinochet (1915-2006).

La normativa dictatorial descentralizó la educación, traspasando la administración de las escuelas públicas desde el Ministerio de Educación a las municipalidades, y promovió su privatización, al permitir la creación de establecimientos particulares pero subvencionados por el Estado.

Si bien la reforma de 2009 introdujo diversos cambios al sistema impuesto en dictadura, no tocó sus pilares fundamentales de descentralización y privatización, a los cuales diversos actores educativos atribuyen la enorme desigualdad en los resultados académicos de los alumnos dependiendo de su nivel socioeconómico.

El proyecto de ley sobre Calidad y Equidad de la Educación de Piñera ingresó al parlamento el 30 de noviembre para ser discutido con suma urgencia, que significa que cada una de las dos cámaras legislativas debe conocer y despachar la iniciativa en 10 días.

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