Poderes
del Estado, empresas nacionales e internacionales y la mayoría de la
comunidad internacional, priorizan sus inversiones frente a los derechos
de los pueblos y frente al propio Estado de derecho. La democracia se desdibuja
en esta visión, es utilitaria o meramente discursiva: la transición
democrática que fracasa cuando no había iniciado. La burla de la ley o
su retorcimiento se convierten en norma. ¿No es así? Analicemos la
impunidad empresarial por delitos ambientales (entre otros, desvío de
ríos), sobornos para obtener licencias, estudios -o falta de- impacto
ambiental, incumplimiento de la consulta, defraudación fiscal, violación
de derechos laborales, contaminación por fumigación, etc.
Maquillando el despojo
Puestos a elegir entre inversión y derechos, empresas y la mayor parte de la comunidad internacional
no tienen ninguna duda. Sucedió y sucede en Agua Zarca, Honduras, con
Holanda, en Santa Cruz Barillas con apoyo español y noruego, en Santa
María Cahabón con Florentino Pérez y la "Marca España". La diversidad y carismática apertura
del gobierno canadiense se acaba cuando toca arrinconar la ética y
defender sus indefendibles y destructivas empresas mineras en todo el
mundo mundial.
Situación similar se produce con el
cabildeo de los donantes guatemaltecos a favor de la reglamentación de
las consultas comunitarias (especialmente la Unión Europea), que los
sitúa más cerca de las posturas abolicionistas (de derechos y
consulta previa) de las cámaras empresariales, que de las propuestas
antirestrictivas de los pueblos indígenas. La solicitud de la Embajada
de Estados Unidos a la Corte de Constitucionalidad -CC- para un dictamen
sin demora en el caso Minera San Rafael (ver imagen abajo) forma parte
de este proceso. El dictamen sin demora se refiere, sin duda, a
una decisión similar a la otorgada en favor de los proyectos
hidroeléctricos Oxec el 26 de mayo de 2017: permiso para seguir operando
sin consulta, mientras realizan ésta conforme a los criterios definidos
por la propia CC y el Ejecutivo (Guía operativa para la implementación
de la consulta a pueblos indígenas, julio 2017). En fin, legalización de la impunidad y el gobierno de los negocios.
Los
artificios verbales maquillan el despojo. Se habla de defensa del
derecho a la propiedad privada, inversión, seguridad, certeza jurídica,
progreso, desarrollo. Se adorna el discurso para evitar mencionar la
destrucción, el deterioro de la Madre Tierra y la convivencia
comunitaria, el desastre ambiental y social que provocan los grandes emprendimientos.
Identidad (negación de la existencia de pueblo xinka en el área de
Minera San Rafael, por ejemplo), medio ambiente, agua, vida, son
derechos menospreciados.
Las razones de la población son obviadas, aunque estén expuestas de forma directa y clara, como en el comunicado reciente de la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán afectada por Minera San Rafael:
“No
estamos de acuerdo con el proyecto minero. No queremos que la entidad
Minera San Rafael SA continúe operando, porque viola nuestros derechos.
Lo que queremos es que se vayan y nos dejen vivir en paz, que dejen de
herir nuestra madre tierra...A través de engaños, Minera San Rafael
obtiene firmas que posteriormente presenta ante las instituciones y
accionistas, para tratar de hacerles creer que cuentan con el respaldo y
apoyo de la población, y que estamos de acuerdo con el proyecto
minero".
Comunicado de la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán, 21 de mayo.
Imágenes que grafican la destrucción no son tenidas en cuenta, si bien podrían servir para el inicio de investigaciones de oficio por parte del Ministerio Público
(el actual o el anterior, ambos rocosos e impenetrables para abordar
denuncias contra empresas). Observemos sino estas fotografías de la
hidroeléctrica Oxec en Santa María Cahabón, capturadas por Consulta Comunitaria Río Cahabón, en mayo de 2018.
Más inversión, menos derechos, resistencia, represión
La aritmética más inversión-menos derechos se completa con la ecuación resistencia-incremento de la violencia.
La represión agrede -históricamente- a dirigentes, organizaciones y
comunidades, para debilitar las resistencias y favorecer los proyectos
de despojo. Esta historia no tiende a diluirse sino se agudiza, en la
medida que proyectos extractivistas en contra de la decisión de
las comunidades y el bien común se multiplican. Presos políticos y
órdenes de captura masivas y arbitrarias arrinconan a comunidades y
organizaciones, obligándolas a elegir entre derechos-dignidad y cárcel.
Bernardo Caal, Abelino Chub, los comunicadores comunitarios y
pescadores del Lago de Izabal, Jovel Tobar, María Choc, las comunidades
de Mucbilha y San Pablo San Marcos, entre muchos otros casos, son
víctimas de un sistema de justicia y un Estado autoritarios, construidos
y fortalecidos a favor de las empresas.
A la confluencia
de intereses empresarios-ejecutivo-Congreso- Ministerio de
Gobernación-Ministerio Público-operadores de justicia-empresas
transnacionales, para agudizar la persecución, se añade la crisis
institucional y social. Un modelo en la antesala del colapso, construido
para la acumulación privada, sin capacidad de construir consensos y sin
mecanismos de oxigenación eficaces (como antes eran las elecciones)
tiende a agudizar la violencia política. La inminencia de un proceso
electoral que no garantiza estabilidad ni gobernanza, pero todavía
resulta instrumento adecuado para el reparto de negocios, incrementa las
amenazas para las luchas sociales.
Los riesgos son, entre
otros, la apertura de procesos judiciales masivos bajo los cargos de
hurto de fluidos y usurpación agravada; desarrollo de desalojos pendientes
(¿100?); nuevos encarcelamientos selectivos de dirigentes ( en línea de
lo sucedido con Abelino Chub o Bernardo Caal); persecución de
poblaciones en resistencia (sujetas políticas y sujetas a proceso, como
sucede entre otras en Mucbilha, 52 órdenes de captura); más atentados y
asesinatos, mientras se modifican marcos legales represivos. La violencia física (al menos tres asesinatos y un atentado en menos de dos semanas) completa el cuadro de agresiones.
Asesinatos
de Luis Marroquín, Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, 9 de mayo;
José Can Xol, Comité Campesino del Altiplano, CCDA, 10 de mayo; Mateo
Chamán Paau, CCDA, 13 de mayo.
Atentado contra Omar Jerónimo, Coordinador General de la Organización Central Campesina Cho´rti´Nuevo Día, 22 de mayo.
El silencio no es opción
Sucede
en este país, este momento y este Estado, construido sobre la exclusión
y el aplastamiento de los pueblos indígenas, las mujeres y todos los
sectores populares. Un modelo de inversión - a gran escala,
extractivista- respetuoso de los derechos humanos y de la Madre Tierra
no es posible. El Estado en la fase neoliberal es estructuralmente
violento y autoritario.
Toca entonces pensar y
construir-fortalecer nuestros proyectos propios. Por eso queremos otro
Estado y modelo de vida, donde las luchas por derechos colectivos de
personas y madre tierra sean principios comunes y no tipos penales. El
fin del Estado finca, neocolonial. El inicio del gobierno de los
pueblos. Ello es viable si y solo si avanzamos hacia la articulación
social desde visión dialogadas y la defensa colectiva y solidaria.
https://www.alainet.org/es/articulo/193185
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