11 min. lectura
Poco a poco, la postura anticorreísta del actual Gobierno ecuatoriano y el relato rupturista con el “pasado” empiezan a trasladarse hacia hechos trascendentales de la política exterior del Ecuador. Aunque, en teoría, la agenda de su política exterior (2017-2021) mantiene los objetivos de integración regional, la defensa de la soberanía y la paz, y el criterio de multilateralidad[1] -característicos del anterior Gobierno-, es evidente el giro y la preocupación del presidente Lenín Moreno por acercarse al Gobierno de los EE.UU.
En las últimas semanas, el presidente ha calificado el asilo otorgado a Julian Assange como la “piedra en el zapato” en las relaciones con Donald Trump, incomunicándolo y dando señales públicas de su enojo,[2] y ya dio inicio la toma de decisiones de política nacional a partir de la ofensiva diplomática del Departamento de Estado de EE.UU.

La ofensiva estadounidense de buen recibo

La reedición de relaciones de buenos amigos entre los Gobiernos de Moreno y de Trump ha sido acelerada con las visitas de altos funcionarios estadounidenses al Ecuador, como Keith Mines, de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado, y del ex-secretario de Estado, Thomas Shannon (en el marco de su gira en contra de Venezuela). A partir de ellas, el Gobierno ecuatoriano decidió aceptar líneas de cooperación económica y estratégica, basadas en la “lucha contra el narcotráfico”, la “inversión extranjera”, así como en investigaciones policiales.[3]
Es muy importante prestar atención al tema de la lucha contra las drogas. Donald Trump endureció la postura estadounidense de la lucha contra las drogas hacia Latinoamérica, impidiendo el avance del debate sobre la inoperancia de la doctrina punitiva en contra del campesinado -cultivador de la hoja de coca- y negando la discusión sobre los desastres ambientales producidos por la aspersión aérea del glifosato (no solo en las zonas cultivadas de la planta, pues los efectos en las regiones fumigadas aledañas es devastadora). Se profundiza la presencia militar en territorio latinoamericano sin soluciones reales al manejo de la economía internacional del tráfico de drogas.
Este camino parece ser aceptado por Lenín Moreno, como lo indica la firma -el 25 de abril- de un memorándum de entendimiento y de un convenio de cooperación que permite a la DEA y al Departamento de Inmigración de los EE.UU. actuar en territorio ecuatoriano. La firma se produjo a pocos días del secuestro y posterior asesinato de los periodistas ecuatorianos Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra en la frontera norte del país, a manos de un grupo delincuencial colombiano.[4]
Las presiones internas por ese hecho y la ofensiva diplomática estadounidense, iniciada unos meses antes, logró el retorno de las operaciones militares de la DEA, el FBI y otras agencias extranjeras a territorio ecuatoriano, bajo la excusa de la lucha contra las drogas -en un país donde no existen cultivos, ni una profunda vinculación en el circuito económico del tráfico-.[5]
En el marco del convenio de cooperación, Ecuador autorizó a la DEA y a la Policía Nacional la reactivación de la actividad permanente de agentes norteamericanos en territorio ecuatoriano en una Unidad Investigativa Criminal Transnacional.[6] De esta manera, los EE.UU. logran un importante avance en su presencia militar en el país andino luego del cierre, en 2009, de la base militar ubicada en Manta. El ex-secretario de Estado de los EE.UU., Thomas Shannon, y el embajador de ese país en Ecuador, Todd Chapman, afirman que no están interesados en una base militar, pero sí sostienen la necesidad de una presencia activa en la lucha contra el “enemigo común” de ambos países.
El comienzo de 2018 supuso el retorno del Ecuador a la tutela norteamericana. Un hecho desafortunado, como el asesinato de los periodistas, terminó siendo el marco efectivo para modificar la política exterior soberana, multilateral y de paz, expresada en  los documentos gubernamentales, y practicada por la administración de Rafael Correa. No sólo la DEA, el FBI y otras agencias vuelven a actuar en territorio ecuatoriano sino que el impacto de ese viraje tendrá efectos sobre la política económica y las relaciones de integración regional, ahora alineadas con la intención expresada por Donald Trump de “devolver la grandeza a los EE.UU”.

Assange, el incómodo

El presidente Lenín Moreno justifica todas sus decisiones -que suponen un viraje en la orientación política del Gobierno- utilizando el argumento de la “pesada herencia” (de la cual es parte); también lo hace en materia de política exterior con el caso del asilo otorgado a Julian Assange en épocas de Rafael Correa. Sus expresiones de disgusto están calculadas: el enojo expresado por Moreno en entrevistas al diario británico The Guardian o a la prensa local son realizadas con saña contra su antecesor, catalogando el asilo como un obstáculo para las relaciones con los EE.UU.
Lo cierto es que Julian Assange es incómodo para el actual Gobierno de Ecuador por los cables publicados en la página de Wikileaks sobre Lenín Moreno cuando era vicepresidente (2007-2013). Los documentos dan cuenta de una preocupación excesiva de los EE.UU. por los problemas de salud de Moreno, que por entonces parecían impedirle su candidatura a la presidencia en 2013, como reemplazo de Correa. Esos cables confidenciales muestran también que la Embajada estadounidense en Quito tenía como informantes a personas muy cercanas al actual presidente. Amigos del círculo cercano a Moreno eran los encargados de informar a la Embajada sobre la evolución de las decisiones del ex-vicepresidente en relación con su posible candidatura presidencial.[7]
¿Son dichos cables la razón del abandono de Assange por parte de Lenín Moreno? ¿O es la renovada amistad entre Ecuador y EE.UU. la que está causando el disgusto? Quizás sea una mezcla de ambas cosas. Lo demostrable es que las actuaciones del actual Gobierno ecuatoriano han cambiado drásticamente respecto de su antecesor, accediendo a los pedidos de EE.UU. de limitar el acceso a internet de Julian Assange y retirando la seguridad especial que tenía en la Embajada ecuatoriana en Londres, lugar de su asilo (aunque es uno de los más vigilados y perseguidos ciber activistas del mundo).[8]
Mientras en su país Lenín Moreno habla de derogar la Ley de Medios de Comunicación promulgada en el mandato Rafael Correa -argumentando limitaciones a la “libertad de prensa”- a Julian Assange le niega el acceso a las comunicaciones por sus comentarios sobre el referéndum por el derecho de autodeterminación en Catalunya.
Con el asilo a Julian Assange, Ecuador había concretado un sentimiento mundial de solidaridad con Wikileaks y establecía una política independiente, respaldando la libertad de prensa y de información lograda por el portal al revelar miles de correos entre funcionarios del Gobierno de los EE.UU. que demostraron la injerencia estadounidense en la política nacional en todo el mundo. Ecuador fue elogiado por defensores de derechos humanos, intelectuales y por algunos gobiernos ante la valiente defensa del ciber activista, atacado y perseguido por el país más poderoso de Occidente.
Los ataques del presidente Moreno contra Assange son un componente más del ocaso de la época de independencia en la política exterior ecuatoriana y plantean dudas sobre qué tan soberana es la actual política exterior del país. En este contexto es que se producirá la visita del vicepresidente de EE.UU., Michael Pence, a Ecuador.

La visita de Michael Pence

Pence anunció su viaje a Ecuador el 4 de junio durante una recepción a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que pidió la suspensión de la membresía y participación de Venezuela en dicho organismo.[9] La gira, que se producirá a finales de junio y será su tercera visita a Suramérica en menos de un año, supone también el arribo al Brasil de Michel Temer, Gobierno que muestra una clara alineación con los intereses de EE.UU.[10]
El contexto del anuncio de la gira no es casual. De hecho, además de abordar los temas comerciales y de seguridad bilaterales, la visita tiene el propósito de tratar el tema de Venezuela. La excusa es la supuesta “crisis de refugiados venezolanos” que estaría afectando a varios países suramericanos, a decir de EE.UU. Se trata de retomar la estrategia de involucrar a los países de Suramérica en la “crisis venezolana”, de manera que se justifique una participación más activa por parte de éstos en los organismos regionales multilaterales, como la OEA -o, cuando menos, su apoyo tácito a eventuales intervenciones estadounidenses en la política interna venezolana-.
Por lo pronto, el Gobierno de Lenin Moreno ha dejado atrás su postura de defensa de la soberanía de Venezuela ante la OEA. En los últimos tiempos, Ecuador ha pasado de su tradicional voto en contra a su abstención, ante las resoluciones que ponen en cuestión la soberanía venezolana. Cabe recordar que Lenín Moreno fue avalado por la OEA, que reconoció su victoria frente a las denuncias de irregularidades de su opositor, Guillermo Lasso.[11]
De fondo, parece planear la posible salida del Ecuador de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), lo que contribuiría a quebrar la arquitectura de integración y concertación regional que América Latina y el Caribe han estado construyendo de manera soberana en los últimos lustros.
Este resultado puede favorecer a EE.UU., sumado a la debacle de la UNASUR. De hecho, el secretario particular del presidente Moreno, Juan Sebastián Roldán, expresó su desacuerdo con los países del ALBA-TCP en relación al tema venezolano,[12] lo que podría servir para justificar eventuales movimientos, como la salida de Ecuador. Lo que obviaría una decisión así es que dentro del ALBA-TCP han coexistido, desde su surgimiento, distintas perspectivas y posturas sobre el tema venezolano. Por ejemplo, muchos países del Caribe que pertenecen al ALBA-TCP no votan necesariamente en el mismo sentido que Venezuela en los organismos multilaterales.
Estrechar su relación con Ecuador es importante para EE.UU., pues reforzaría los lazos con un país que, en el imaginario regional, está gobernado por la izquierda, y podría ser  una puerta de entrada para facilitar sus relaciones con otras izquierdas regionales[13] en su propósito de aislar a Venezuela y reconducir el mapa geopolítico regional hacia posiciones más favorables a los intereses estadounidenses.
La salida de María Fernanda Espinosa -ex-canciller y ahora secretaria general de la ONU, considerada muy cercana al ex-presidente Correa[14]– deja el espacio para que Lenín Moreno avance con mayor facilidad en el distanciamiento con Venezuela. Su reemplazo, José Valencia, es diplomático de carrera y viene de desempeñarse en la OEA. El camino está siendo abonado: Ecuador, en la reciente sesión de la OEA contra Venezuela, se expidió exigiendo un referéndum para legitimar las elecciones en la nación bolivariana. Fue aplaudido por Julio Borges (opositor venezolano)[15] y, como acto seguido, Antonio Ledezma -fugitivo de la justicia venezolana- fue invitado a dictar conferencias y ser homenajeado por el alcalde de Guayaquil[16].
Por el momento, la presión de EE.UU. ha logrado influir sobre el actual Gobierno de Ecuador. Con la próxima visita del vicepresidente estadounidense, Michael Pence, para hablar sobre Venezuela y la seguridad hemisférica, las relaciones de ambos países podría verse aún más reforzada -entre otras cosas, con la compra de armas, venta de activos estatales a empresas norteamericanas-, dejando en el pasado la política soberana seguida durante el periodo de la Revolución Ciudadana.
Se trata de un escenario altamente preocupante en un contexto donde la derecha más extrema recupera posiciones en Colombia tras la victoria de Iván Duque y la inminente entrada de este país a la OTAN como socio global. Un Ecuador alineado con EE.UU. y Colombia sería una mala noticia para Venezuela, pero también para los avances regionales en defensa de una América Latina soberana.