Empresas asesinas en la Amazonía ecuatoriana
CLAE / Rebelión
| Durante 26 años, Chevron arrojó en la selva ecuatoriana el equivalente a 30 veces el petróleo derramado por el Exxon Valdez. Después de 22 años de litigio, y a pesar de la condena de la justicia ecuatoriana, la impunidad continúa para Chevron y las víctimas de sus actividades en Ecuador todavía esperan justicia y reparación. |
Es negro el cielo, y
las camisas tendidas en el alambre se arruinan con ese malestar de un
día velado por la tragedia, en esa mañana inverosímil, la mitad de la
selva ecuatoriana llora a mares. Por el río viaja un sentimiento triste,
ancho, solitario como un buque de guerra, un barco de granito piloteado
por la muerte. El agua temblorosa se abre como una herida violenta
desolada por su perpetua agonía de la flora y fauna mezclados con el
lodo del petróleo. Una empresa petrolera, Chevron es responsable de uno
de los peores desastres petroleros del planeta.
Durante 26 años,
Chevron (entonces Texaco) extrajo petróleo en la Amazonía ecuatoriana y
contaminó más de 450.000 hectáreas de una de las regiones más ricas en
biodiversidad del mundo, destruyendo el lugar de vida y los medios de
subsistencia de sus habitantes. Durante tiempo Chevron intencionalmente
arrojó el equivalente a 30 veces el petróleo derramado durante el
desastre del Exxon Valdez, en la selva tropical ecuatoriana. Más de
60.000 millones de litros de agua cargados con residuos tóxicos se
derramaron en ríos y arroyos, y se excavaron 880 pozos para almacenar
residuos de hidrocarburos.
Después de 22 años de litigio, y a
pesar de la condena de la justicia ecuatoriana, la impunidad continúa
para Chevron y las víctimas de sus actividades en Ecuador todavía
esperan justicia y reparación. Chevron, por su parte, niega cualquier
responsabilidad y dedica enormes recursos y esfuerzos a frustrar el
juicio, acosar a las víctimas y silenciar a sus defensores.
Las
corporaciones transnacionales son actores centrales en la gestión y
promoción de la globalización neoliberal, y a la vez sus grandes
beneficiarias. Detrás de la extracción y quema de combustibles fósiles,
del aumento de la venta de coches, del peligro de la proliferación
incontrolada de organismos modificados genéticamente, de la
deforestación con daños incalculables, de las industrias contaminantes,
de la concentración de la propiedad de la tierra y de la privación del
acceso al agua, la educación o la salud, de la explotación laboral, así
como de la presencia de regímenes de inversión que consagran los
derechos del capital transnacional en detrimento de las mayorías del
mundo, se hallan unas complejas dinámicas y políticas de empresas
transnacionales
Está suficientemente demostrado que estas
empresas necesitan de una arquitectura legal y política para operar con
impunidad. Organismos multilaterales –como el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio–,
los tratados de libre comercio y de inversión, el lobby ilegal y
sistemático ante las instituciones de la UE, la corrupción o los
sistemas legales nacionales, crean las condiciones para la actividad
impune de las transnacionales.
El CIADI (Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), por ejemplo, es una
institución del Grupo del Banco Mundial, especialmente diseñada para
propiciar la solución de disputas entre gobiernos y empresas de otros
Estados.
Una de sus finalidades es dotar a las empresas
transnacionales con una herramienta capaz de brindar seguridad jurídica a
los flujos de inversión extranjera directa sin ningún tipo de
restricción ambiental o social, forzando a los Estados de países
empobrecidos a someterse a reglas que van en desmedro de su economía y
del bienestar de sus poblaciones más pobres.
Ante esta situación
nos preguntamos si cabe esperar algo del poder judicial y de la vía
jurídica para luchar contra esta impunidad y enjuiciar a las empresas
por delitos ecológicos.
Algunas organizaciones intentan llevar
adelante una lucha desigual pero ejemplar ,frente a la arroganciay la
impunidad de estas multinacionales y merecen ser destacadas.
Recientemente CETIM, UDAPT y FORUM NOBIS presentaron un informe al
Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos. Tras esta interpelación, instó al gobierno de Eeuu a
actuar.
El CETIM (Centro Europa-Tercer Mundo) y sus socios
denuncian desde hace años los ataques de la multinacional Chevron contra
los defensores de las víctimas de esta empresa en Estados Unidos y
Ecuador. Enviaron un informe al Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. En el
informe se instaba al Gobierno de los Estados Unidos a que dejara de
criminalizar a quienes defienden los derechos de las comunidades
afectadas por las actividades de las ETN en el Ecuador. Los pueblos
indígenas de la Amazonía ecuatoriana.
Después de esta interpelación, el Relator Especial Michael Forst pidió cuentas al gobierno de Estados Unidos, señalando "sesgos
y otras irregularidades procesales, incluyendo abusos en los
procedimientos judiciales iniciados por Chevron Corporation ante los
tribunales federales”.
El gobierno de los EE. UU. respondió
que el caso "involucraba un asunto de litigio privado en el que el
gobierno de los EE. UU. no es y no necesita ser parte. Curioso
razonamiento por parte de un gobierno que se supone deba luchar contra
las violaciones de los derechos humanos contra las acciones de terceros,
incluso las empresas transnacionales.
El Relator Especial de la
ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
deplora hoy que el gobierno de Estados Unidos no haya respondido a
preguntas específicas sobre las acciones de la empresa. Por lo tanto,
reivindicó las afirmaciones contenidas en el informe y confirmó la
legitimidad de esta lucha.
Pensamos que, si el cambio climático
es el problema ambiental y social más grave de la humanidad, ¿cómo es
posible que no abunden las demandas contra numerosas empresas por emitir
cada vez más gases que provocan el calentamiento global? ¿Por qué no
hay querellas contra los bancos que financian autopistas, oleoductos y
refinerías?
¿O reclamar responsabilidades a las empresas que
producen automóviles y los medios de comunicación que anuncian sus
productos? ¿Preguntas demasiado audaces en una realidad política y
económica cuyo objetivo dominante es perpetuar un crecimiento económico?
La impunidad campea a sus anchas, a pesar de lo que nos quieran hacer
creer.
Notas:
Lea aquí el informe completo sometido por CETIM, UDAPT y FORUM NOBIS al Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
Eduardo Camin:
periodista uruguayo, miembro de la Asociación de Coresponsales de
Prensa de la ONU. Redactor Jefe Internacional del Hebdolatino en
Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
(CLAE, www.estrategia.la )
No hay comentarios:
Publicar un comentario