La
manera en que las fuerzas de desestabilización han venido
manifestándose en Nicaragua durante los últimos meses, debe enmarcarse
en una región donde la violencia armada y paracriminal representada en
bandas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Calle 18 (M18), que han
mutado de bandas callejeras a desempeñarse en niveles medios del crimen
organizado, sirven de peones en la defensa de la industria internacional
del narcotráfico. Ganar el territorio nicaragüense, ajeno al control
paramilitar de sus instituciones, a la causa del narcotráfico y sus
derivados criminales, se convierte en parte de los móviles para
presionar por el cambio de régimen en el país.
Origen transnacional de las pandillas centroamericanas
Las pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador, naciones
ubicadas en lo que se conoce como el Triángulo del Norte, son el
resultado de países alterados por el destino de repúblicas bananeras que
Estados Unidos determinó en función de alimentar su estatus de
superpotencia.
Durante los conflictos armados de los años 70 y 80, más de 1 millón
de personas emigraron producto de las cruentas guerras en Centroamérica,
donde Estados Unidos tuvo un papel clave en el financiamiento de grupos
mercenarios; recordemos a los Contra, para evitar la llegada al poder, o
la consolidación en el caso de Nicaragua, de gobiernos alternativos.
Esa es la causa principal que determinaría el grueso de la historia
contemporánea de Centroamérica, allí donde la violencia de los años 70
se une, en un mismo trayecto, en un mismo plan, con la terrible ola de
violencia que actualmente azota a Nicaragua.
Volviendo a la emigración forzada. Los que tomaron como destino el
norte del continente americano, obligados a la clandestinización, se
formaron en las prácticas de crimen común, vandalismo y el narcotráfico
como respuesta de sobrevivencia a la violencia cotidiana. En el
año 1996 se implementó en Estados Unidos la
deportación masiva de inmigrantes. Como consecuencia, 200 mil
ciudadanos, la cuarta parte de ellos presos por estar relacionados a la
cultura pandillera, fueron trasladados a Honduras, Guatemala y El
Salvador.
Allí comienza la transnacionalización de las Maras, una de las formas
sociales más famosas de un amplio espectro de criminalidad. Los grupos
violentos absorvieron a las pandillas locales e importaron los códigos
de un nivel de violencia criminal más organizado, con el aditivo de un
flujo de armas adquiridas ilegalmente en los estados fronterizos de
Estados Unidos.
En ese contexto, se ubica el triunfo y desarrollo de la revolución
sandinista, que enfrenta su propia condición, o fatalidad, según se vea,
a nivel geopolítico: estar en el corredor de tráfico de drogas que
viaja desde los Andes con destino a los grandes mercados de las urbes
norteamericanas. El enfoque ideológico con que Nicaragua aborda la
penetración de bandas criminales es contrastable
con las soluciones presionadas por la Agencia de Control de Drogas
(DEA) y aplicadas en los países del Triángulo del Norte, diezmado por el
MS-13 y el M18.
El Estado nicaragüense ha confrontado a pandillas locales menos
violentas, a través de una articulación entre las fuerzas de seguridad
nacional y la ciudadanía, conformando grupos de vigilancia comunitaria y
logrando la identificación y desmovilización temprana de agentes del caos en barrios
y localidades, con el fin de desescalar la violencia en el país. El
resultado es tan evidente que ni organizaciones mundiales han podido
negar la excepcionalidad con sus vecinos fronterizos: Nicaragua es
conocido como el país más seguro del planeta.
Sin embargo, el fortalecimiento de las Maras en las débiles
estructuras estatales del Triángulo del Norte, que se profesionalizaron,
expandiendo su participación a actividades de extorsión, crimen
organizado y el tráfico de drogas y personas, ha intensificado en el país la importación de células ligadas al pandillaje regional. Lugareños de Soto y San Lucas, poblaciones fronterizas con Honduras, sufren la intervención de estas bandas en su cotidianidad.
El arresto en 2017 de Sergio Umaña, presunto líder del MS-13, acusado de lavado de dinero y tráfico internacional de drogas,
es el antecedente más destacado de una serie de detenciones en
departamentos fronterizos de Nicaragua que confirman la adquisición de
propiedades y recursos logísticos, así como las intensiones de
establecer células de la organización en ese país.
Torturas, incendios y asesinatos: emulación de células paramilitares
Ahora, con el surgimiento de las manifestaciones aparentemente
pacíficas en abril de 2018, utilizando el modelo de revolución de
color como línea de acción para forzar un cambio de régimen, se fija el
enlace de los operadores intelectuales con grupos paramilitares que
escalen el conflicto a un nivel mayor de violencia política. Mientras
que toman y aseguran territorios valiéndose del caos, la campaña
mediática inicial de cubrir con el manto cívico a los grupos violentos
blanquea a los involucrados en los hechos y se los adjudican al gobierno
de Daniel Ortega.
En Venezuela, por ejemplo, el plan de golpe de color se gestionó con
el apoyo del paramilitarismo colombiano, sobre todo en los puntos
candentes de la guarimba en los estados fronterizos como Táchira y
Zulia. En Nicaragua, son las pandillas y Maras constituidas en los
países vecinos las que acuden al llamado de los intereses
transnacionales. Justamente es su forma de operar, la que sugiere su
autoría en el rastro de horror de las más de 170 víctimas fatales que ha
saldado la guerra irregular en curso.
Las similitudes en las formas de actuar de las agrupaciones
criminales en el desarrollo del conflicto nicaragüense y las células
pandilleras en regiones fronterizas, se observan en el uso de asesinatos
selectivos, la extorsión, saqueos de negocios, control de las vías de
comunicación y extorsión a la ciudadanía. El modus operandi que los indentifica.
Las denuncias hechas desde la cuenta de Twitter de la periodista
Madelein García, son testimonios de las formas de tortura que grupos
violentos utilizan para inflingir daño en la población.
Secuestrar y amordazar a las víctimas para golpearlas, amenazarlas de
muerte y grabar las acciones que luego difunden en redes sociales, evocan las tácticas de terror que
bandas paramilitares aplican en otros países. A finales del año pasado,
miembros del MS-13 grabaron y luego publicaron en redes sociales la
tortura y posterior asesinato de una menor de edad, un caso que no sólo
impactó a la opinión pública sino que sirvió de propaganda para que el
MS-13 se proyectara por encima de la capacidad policial de la
autoridades salvadoreñas.
En distintos departamentos, que sufren el acoso de estos agentes
ajenos a la comunidad, han delatado a estos grupos que, con la
indulgencia de representantes de la oposición política, organismos no
gubernamentales y la Iglesia católica, toman control de las vías de
comunicación, imponen un estado de sitio, saquean negocios pequeños y
extorsionan a los habitantes.
En León, departamento noroccidental de Nicaragua, ha registrado presencia de grupos encapuchados y armados, que aparecen en las protestas convocadas y abren fuego contra los manifestantes.
La imposición de los paros nacionales como medida de presión fue una estrategia empleada por las pandillas
en 2015 contra el gobierno salvadoreño, que obligó a un paro de
transporte, amenazando con matar a cualquiera que los desafiara.
Asimismo ha funcionado en Nicaragua los llamados a trancar las calles y
armar barricadas. En Madriz, el FSLN denuncia
que actores extremistas y asociados a la dirigencia opositora han
amenazado y extorsionado a la población con armas de fuego ante la
negativa de sumarse a las barricadas para paralizar al país.
La intimidación, incorporando lenguaje de guerra en el entorno de los
nicaragüenses, se ejecuta en la insercción en el territorio de estos
ejércitos no regulares abocados al cambio del poder político.
Producir confusión entre atacantes y detonantes del conflicto también
es parte de las tareas del paramilitarismo en la municipalidad de
Yalaguina. Detuvieron a tres hombres armados que merodeaban un tranque
realizado por opositores, uno de ellos de nacionalidad hondureña y que posiblemente está relacionado a la Mara en su país.
El asesinato selectivo de personas que alimenten la confrontación de
los grupos opositores y el desprestigio de los procesos de
diálogo convocados por el Estado nicaragüense se alternan con el
mantenimiento del vandalismo interno que contenga, por medio de la
instauración del terror, a la organización de las comunidades que han
reestablecido la normalidad en sus localidades.
Es el caso de Mayasa, departamento del oeste que estuvo bajo asedio
de las bandas armadas durante dos meses, y que hoy, liberadas de estas,
relatan los vecinos del sitio.
Los focos de violencia, mayores en las regiones centrales y del norte
del país, aumentaron vertiginosamente en el mes de junio, con un
incremento en los sicariatos a miembros de los cuerpos de seguridad,
dirigentes de movimientos políticos, instituciones públicas y
organizaciones sociales, así como en los casos de incendios a hogares,
escuelas y centros hospitalarios.
El cénit de los ataques se concentró en el este de la capital de
Managua, cuando en un mismo día se registró el fallecimiento de 7
personas, entre ellas dos menores de edad, producto del incendio de una
vivienda familiar causado en la madrugada del 16 de junio por grupos
violentos, y el asesinato durante el día de Francisco Ramón Araúz Pineda
y Antonio Fernández, que intentaban atravesar una barricada.
Araúz fue, además, incinerado por los terroristas mientras grababan
la acción. Al 21 de junio, el Cuerpo de Bomberos Unificados, contabilizaba en 54 los incendios estructurales, 30 de ellos provocados por vándalos encapuchados.
Intereses bajo cuerda en el escenario internacional
Los medios privados, que conduce los eventos a la victimización de
los operadores violentos, difundiendo acusaciones sin pruebas claras y
aprovechándose de la fatalidad terrorista, apela a la ignorancia de sus
espectadores internacionales para posicionar la narrativa de la
violación de derechos humanos en el país por parte de las instituciones
gubernamentales. Pero la mínima inmersión a la cadena de eventos que
deterioraron a una región ejemplar en el área de seguridad nacional,
hace imposible asociar al gobierno que dirigió las políticas para aislar
la criminalización del país que Estados Unidos impuso en Centroamérica.
Ese estado de horror permanente, que en Nicaragua abre paréntesis a
la normalidad que movimientos sociales sandinistas iniciaron en la
década de los 90 en su territorio, es el azote diario de las naciones
que la bordean, y que propagandistas de la democracia occidental omiten.
La violencia política de los 70 y 80 se transformó en la violencia
criminal de las pandillas bajo el amparo o el desinterés de sectores
corrompidos de los Estados. 52 asesinatos en un solo día fue la cifra más letal de El Salvador en 2015. 7 mil 172 homicidios
fueron el saldo anual de 2012 en Honduras. Un día histórico para
Guatemala, que tiene una tasa de 75 homicidios por cada 100 mil
habitantes (el triple que el promedio anual de la región), es que pasen 24 horas
sin que ocurra ningún asesinato. Transferir la configuración criminal
de este triángulo, para contribuir al derrocamiento de Daniel Ortega, es
cuestión de financiamiento a los vasallos adecuados.
Vuelven a la memoria Siria y Libia, remotas en distancia, pero
cercanas en las intenciones del poder fáctico por desmantelar a los
Estados de los países periféricos, un proyecto político que no conoce de
fronteras y que se adapta a las características territoriales y
culturales del sitio al que ataca. Las fichas, llámese Estado Islámico o
Mara Salvatrucha, construidas en zonas balcanizadas, son funcionales a
la caotización de territorios y tienen el potencial para fungir como
actores no estatales en la pretenciones cada vez más urgentes, y menos
eficaces, del orden mundial occidental por instaurar un estado de
excepción global.
Justamente, con la deportación masiva de los años 90, el sincretismo
con la violencia criminal en Estados Unidos, la mega plaza del
narcotráfico que se consolidaba en Los Ángeles con su respectivo cordón
umbilical en Centroamérica y la transformación del centroamericano
precarizado por el conflicto armado en un obrero de la industria del
narcotráfico, se sentaron los pilares para descabezar, en el momento
indicado, a los países que aún se resisten a ser una maquila o que
coloquen diques a las rutas del narcotráfico del cual depende Estados
Unidos, tanto su gobierno como su enferma y destruida población.
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