Guatemala
Más allá del desastre
de los últimos gobiernos, ha quedado al desnudo un Estado incapaz de
garantizar el bien común. ¿Qué explica esto?
Investigaciones
históricas y recientes, incluidas aquellas de carácter criminal, han
demostrado cómo el Estado guatemalteco es controlado por un conjunto de
elites cuya extracción principal corresponde a la clase social
dominante. Aun con sus contradicciones y pugnas internas que emergen en
momentos electorales y de disputa por los negocios en, con y desde el
aparato estatal, dicha clase social –como expresión ínfima y supeditada
al capital global y al poder imperial que nos corresponde
geopolíticamente– ha tenido la capacidad para configurar los cimientos y
el curso económico, ideológico y político del Estado.
La gestión
continua del Estado la realiza a través de sus estructuras
para-empresariales, como el CACIF como su principal partido político,
cámaras empresariales, fundaciones y medios de difusión masiva, de
representaciones permanentes en organismos del Estado y operadores
políticos en partidos, medios de comunicación y organismos estatales
como la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el
Congreso y el gobierno nacional. Un ejemplo de lo anterior es el control
que mantienen sobre el sistema de partidos políticos, a través de
diversos mecanismos legales (ser dueños de partidos y/o financiarlos
legalmente) e ilegales (como el financiamiento electoral ilícito),
ideológicos (siendo que la mayoría abrazan las ideas dominantes, entre
estas aquellas proclives al interés de la clase dominante) y económicos a
través de jugosas comisiones por la aprobación de leyes, políticas y
obras concesionadas.
Son estos los ámbitos, mecanismos y
dispositivos con los cuales mantienen la orientación fundamental en el
aparato de Estado. Esto significa que la institucionalidad, leyes y
políticas les garanticen niveles de acumulación de capital sostenidos, a
través de instituir bajos salarios, impuestos mínimos, aranceles
favorables; mantenimiento de políticas monetarias, cambiarias y
crediticias convenientes; apertura y facilitación de nuevas fuentes de
riqueza, tales como: concesiones mineras y uso de fuentes de agua sin
mayor costo, la concesión de obras y servicios públicos; solo para citar
algunos ejemplos.
Esto explica el ordenamiento principal de las
fuerzas que hacen parte del bloque en el poder, “fuera” y “dentro” del
aparato de Estado. Un bloque en el poder que también articula otros
intereses complementarios. Por ejemplo, los intentos por legislar a
favor de reducir penas o suspender procesos judiciales contra
empresarios y operadores políticos y militares del régimen, a favor del
transfuguismo partidario, etc. Esto y más, supeditando las demandas de
justicia, democracia e inclusión social que beneficien a segmentos
mayoritarios como el campesinado, las comunidades rurales, los
trabajadores de la ciudad, la juventud.
De esta manera la clase
dominante ha construido un Estado que privilegia sus intereses
económicos, excluye lo social, captura la política y se opone a todo
cambio que signifique un ápice de democratización. Es decir, un Estado
alejado completamente del bien común, impugnado históricamente y con
crisis recurrentes.
No obstante la incapacidad y la política
conservadora de la gestión gubernamental, el carácter del Estado
guatemalteco explica hechos recientes como 1) el asesinato de 41 niñas
del hogar seguro , quienes por su situación de vulnerabilidad
debían ser protegidas, pero, por el contrario, las condiciones de la
institucionalidad estatal fueron la condición para que ocurriera dicho
crimen; 2) la incapacidad institucional, burocrática y presupuestaria
para evacuar a tiempo las comunidades afectadas por la erupción del
volcán de Fuego; 3) el asesinato de luchadores sociales y de defensores
de derechos humanos cuyos antecedentes inmediatos son los discursos de
odio de los presidentes de la república y del Congreso, la inacción
oficiosa de los organismos de seguridad e investigación criminal, la
política de criminalización de la protesta social y la permisividad
respecto a la existencia de aparatos de represión desde los ámbitos
empresarial y propiamente estatal, y 4) el mantenimiento de un pacto de
corruptos que opera en el Congreso de la República y que actúa para
legislar a favor de la impunidad en materia de crímenes de lesa
humanidad, corrupción y criminalidad política.
Siendo estos los
signos de un Estado al desnudo, un cambio de gobierno no resuelve el
problema fundamental. La solución principal se encuentra en la
transformación profunda del Estado guatemalteco.
Blog del autor: www.plazapublica.com.gt
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