Guatemala
En Guatemala la vida se ha vuelto una prueba de resistencia contra adversidades.
Al clausurar la zona devastada por las recientes erupciones del volcán
de Fuego por ser de alto riesgo, las autoridades guatemaltecas ponen un
sello a la búsqueda de víctimas y con ello impiden a los deudos cerrar
su duelo. La tragedia, por lo tanto, continuará para cientos de familias
sumidas en la incertidumbre y el dolor de haber perdido no solo sus
hogares sino también a familiares, vecinos y amigos. Para quienes no
hemos experimentado una pérdida semejante resulta imposible comprender
la dimensión del drama de estas personas quienes, además de quedar a la
deriva, se enfrentan a la dura realidad de depender de un Estado incapaz
de ofrecer el apoyo mínimo que corresponde en estos casos.
Guatemala se ha convertido en zona de desastre y no alrededor de un
volcán, sino alrededor de un congreso y un palacio de gobierno. Los
extremos de ineptitud, indolencia y rapacidad (literal: adicto al robo y
la rapiña) de sus autoridades han socavado las bases mismas de la
institucionalidad y transformado al Estado en un monumento a la perfidia
política. Hoy es imposible remontar hacia una ejecución transparente
del presupuesto nacional o a la hipotética implementación de políticas
públicas favorables al desarrollo de los sectores más necesitados.
Quienes claman por un giro de timón de un presidente ausente e incapaz
saben de antemano que no hay salida digna para esta administración, más
que una renuncia en masa.
Para hacer el cuadro más ilustrativo
del estado de la Nación hay que echar un vistazo al sector justicia, un
pilar fundamental para la sostenibilidad del estado de Derecho en
cualquier país del mundo. Las presiones descaradas contra los pocos
jueces probos e incorruptibles dan testimonio del pánico presente entre
los empresarios y políticos cuyas acciones han llevado al país al
extremo de inestabilidad en el cual se encuentra. El avance de los
procesos contra ex gobernantes, militares y miembros prominentes del
sector empresarial ha sido torpedeado con recursos legales pero
ilegítimos gracias a las trampas pergeñadas por los congresistas desde
ya hace muchas décadas.
El acoso descarado de los magistrados
de la Sala Tercera contra la jueza Erika Aifán, quien tiene a su cargo
casos paradigmáticos contra la impunidad y la corrupción, demuestra sin
lugar a dudas el nivel de pánico de quienes se ven afectados por el
desempeño ético y probo de una representante del poder judicial y es una
prueba contundente de los extremos a los cuales es capaz de llegar un
pacto de corruptos cuyo único propósito es apoderarse de todos los
estamentos del Estado y eliminar cualquier posibilidad de recuperación
de la integridad institucional.
En Guatemala se habla de
colapso del Estado, pero la realidad es una ausencia de Estado en toda
su extensión. Es como si este hubiera sido reemplazado por una
estructura paralela con intereses totalmente ajenos y opuestos al
bienestar de la población, enseñando claramente cuáles son sus planes
para la apropiación total de cualquier espacio de poder político y
económico. La catástrofe no se avecina, ya está presente en el país y
cualquier posibilidad de reversión de las malas decisiones ha sido
bloqueada nada menos que desde las más altas instancias del gobierno. Se
podría formular una ecuación matemática con los componentes actuales
del poder (gobierno militar con careta civil) y desde ahí calcular las
perspectivas de salir de la crisis actual sin perder del todo las
oportunidades de consolidar un sistema democrático ya medio ausente del
escenario. La crisis no viene, ya está instalada y solo queda buscarle
la salida.
Las fumarolas anuncian desastre desde las instituciones mismas del Estado.
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