Paraguay
Un total de 17 muertos y
la destitución del presidente constitucional paraguayo Fernando Lugo,
fue el resultado legado por la masacre de Curuguaty ocurrida el 15 de
junio de 2012, que tras seis años permanece viva en la memoria colectiva
de la sociedad en Paraguay.
Once campesinos y seis policías
murieron en Curuguaty durante un operativo en el que centenares de
agentes acudieron a desalojar a unos 70 labriegos de las tierras
públicas Marina Kue, en el departamento de Canindeyú (este), que habían
ocupado para pedir su incorporación a la reforma agraria.
En
julio de 2016, el tribunal de Asunción a cargo del caso condenó a penas
de entre 4 y 30 años de cárcel a 11. La propiedad era reclamada por una
empresa privada, Campos Morombí.
“Campesino sin tierra no es
campesino. Queremos sembrar frijoles, mandioca y maíz, para que todos
puedan comer. Gracias a las personas que nos apoyan ante la injusticia,
no lograron y no lograrán matar a nuestros sueños. Nosotros somos presos
políticos y queremos que ustedes sean nuestros voceros”, señalaba la
carta-exhortación de los campesinos prisioneros en Tacumbú, leída en
medio a lágrimas, un año atrás frente al Palacio de Justicia, por la
joven Ramona González, esposa de Néstor Castro.
Castro, después
de ser alcanzado por un disparo en la cara, fue condenado a 18 años de
prisión. Al lado de Ramona, Karina Godoy y la pequeña Alma Vitória –
esposa e hija de Arnaldo Quintana, también con condena de 18 años –
expresaban el respaldo de las familias a la lucha por “Tierra, Justicia y
Libertad”.
Una investigación de la historiadora Margarita
Durán Estragó, indica que “quienes invadieron tierras que no les
pertenecían, en completa agresión al Estatuto de la Tierra y a la
soberanía alimentaria, ha sido (el latifundista) Blas Riquelme, con sus
más de 75 mil hectáreas”.
El Servicio Paz y Justicia de
Paraguay (Serpaj) recordó que Marina Jue, en guaraní significa “tierras
de Marina” y estuvo ocupada entre 1967 y 1999 por una unidad militar, lo
que desmiente el principal argumento de Riquelme, propietario de la
Campos Morombí, quien afirmó que él ocupaba ese territorio desde hacía
34 años. “Recién cinco años después que la Armada dejó el local,
Riquelme comenzó a derrumbar la floresta y cercar la tierra”, señaló
Serpaj.
Seis años después del golpe
Los abogados Jorge Bogarín y Raúl Caballero presentaron la última semana
ante la Corte Suprema de Justicia un hábeas corpus reparador a favor de
María Olmedo y Dolores López, quienes fueron condenadas a seis años de
cárcel. Actualmente tienen sus penas compurgadas, pese a que la condena
no se encuentra todavía firme.
Lucía Agüero Romero, una de las
campesinas condenadas a seis años de prisión por el caso de la masacre
de Curuguaty, queda en libertad luego de que Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia haya hecho lugar a un pedido de hábeas corpus, seis
años después de su injusta prisión.
En el hecho murieron 11
trabajadores del campo y seis policías. El Congreso emprendió un proceso
político contra el presidente constitucional Fernando Lugo, que se
desarrolló en un tiempo de cinco días y cuyo juicio se realizó en 24
horas.Al final de la jornada Lugo, elegido popularmente, fue destituido
de su cargo en un golpe parlamentario, y el mando interino de la nación
lo tomó Federico Franco.
"Hubo un golpe de Estado parlamentario
en el que los argumentos para un juicio político no tienen ningún valor
y fueron rebatidos ampliamente por los defensores", denunció en su
momento Lugo.
El mandatario interino optó por dejar las
investigaciones del caso en mano de la Fiscalía y desactivó una comisión
de investigación que habría formado Lugo que contaba con la ayuda de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Luego de varios
meses de investigación el Ministerio Público acusó a 12 campesinos
(entre ellos tres mujeres, dos embarazadas) de haber perpetrado los
asesinatos, de los cuales fueron condenados cinco por los delitos de
homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal el 11
de julio de 2016, con condenas que variaban entre los cuatro y 30 años
de prisión.
De acuerdo con el integrante de la Organización No
Gubernamental (ONG) Articulación Curuguaty, Rogelio Ocampo en las
investigaciones la Fiscalía solo tomó en cuenta los testimonios de 84
policías, dejando de lado a los campesinos. No se realizaron los
peritajes correspondientes, ni estudios de balística para comprobar
quién mató a los policías.
Como consecuencia de estos hechos,
el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y otras instancias de esta institución emitieron duras
observaciones tanto a la justicia como al Gobierno paraguayo en marzo de
2013. Entre las observaciones se solicitaba al Estado investigar el
caso de manera "independiente e imparcial".
A esta sugerencia,
la Cancillería paraguaya respondió, a través de un comunicado, que los
únicos responsables de investigar los hechos sucedidos en Curuguaty y
juzgar a los implicados eran el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
procedió a tramitar la P-1950-14 (un pedido de respaldo de calidad de
"amicus curiae), pedido que el Estado paraguayo solo procedió a plantear
una excepción de agotamiento de recursos internos, negándose a entrar a
fondo en el caso.
Esta fue la respuesta a la demanda
interpuesta ante la instancia en 2014 en la que se acusa al Estado
paraguayo por violaciones de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos: derecho a un proceso con garantías judiciales y derecho de
acceso a la justicia.
Cambia el Presidente, en el continuismo
colorado y nada hace pensar que Abdo Benítez cambie la política del
establishment paraguayo, de condenar a las víctimas para favorecer a los
latifundistas.
Celso Guanipa Castro, Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
No hay comentarios:
Publicar un comentario