19 de junio, 98 aniversario de La Hora.
Factor Méndez Doninelli
Maestro e investigador.
Consultor en Derechos Humanos y métodos alternativos de resolución de conflictos.
Entre
las secuelas por la erupción volcánica, destacan el costo social que se
eleva a 110 fallecidos, más de medio centenar de heridos, un número
indeterminado de desaparecidos, 966 viviendas destruidas o declaradas
inhabitables, 3,557 albergados, miles de damnificados y comunidades
enteras sepultadas por la avalancha de lava, lodo, ceniza y vegetación.
Esto vuelve a desnudar las precarias condiciones de vida e inseguridad
de los campesinos, así como, las carencias y debilidades institucionales
para prevenir y atender estas emergencias provocadas por la naturaleza.
Desde
el inicio de la emergencia, fue evidente la incapacidad de las
autoridades encargadas, principalmente la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (CONRED) que reaccionó tarde, hasta que la
tragedia había ocurrido a pesar que el Instituto de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) hizo sonar la alarma
por la erupción desde las 06:00 horas del domingo 3 de junio,
advirtiendo la necesidad de ordenar la evacuación de las comunidades
vulnerables, acción que la CONRED nunca ejecutó, sino hasta después que
las comunidades afectadas habían sido destruidas.
La
incapacidad gubernamental se demuestra otra vez en la atención y
administración de los albergues provisionales instalados en Escuintla,
Alotenango y Sacatepéquez. Los damnificados denuncian hacinamiento,
falta de alimentos, condiciones insalubres, inseguridad y reclaman que
no reciben la ayuda esperada. Esas condiciones prevalecen en dichos
lugares, ubicados en 46 establecimientos educativos públicos que
mantiene a 10,448 estudiantes sin recibir clases. Mientras, el Gobierno
estudia opciones para reubicar a las familias afectadas. En todo esto,
se percibe dolo e improvisación de las autoridades por el mal manejo de
la crisis.
En contraste,
destaca la gigantesca labor de las brigadas de socorristas y rescatistas
que continúa sin cesar en la zona cero, donde la desesperación de los
sobrevivientes se prolonga y la limpieza de escombros se desarrolla con
la esperanza de localizar restos de sus seres queridos desaparecidos.
¡Ay mi Guatemala, tanto dolor de la gente y tanta incapacidad de los
gobernantes!
También
resalta el voluntariado, la solidaridad y ánimo de servicio de la
población guatemalteca, dedicada al acopio de ayuda de todo tipo para
los damnificados. El mismo gesto humanitario ha sido recibido por parte
de países vecinos y colectivos de personas de otras nacionalidades. En
este aspecto, hay denuncias de presunta corrupción y desvío de ayuda
para las víctimas. Extremo que habrá que investigar y proceder
penalmente contra los responsables.
El
Gobernante Jimmy Morales, ha ofrecido construir al menos 1,000
viviendas en la finca la Industria de Escuintla para las familias que
perdieron sus hogares por la erupción volcánica y otras, porque sus
comunidades fueron declaradas inhabitables. Siendo este un proyecto de
largo plazo, el Gobierno también anticipó que las personas atendidas en
los actuales albergues serán ubicadas en otros de transición unifamiliar
con condiciones dignas, en tanto se construyen las viviendas
prometidas.
Debido a que
en casos similares, el Cambray y otros el Gobierno ha incumplido, las
familias afectadas por la erupción están incrédulas, aunque esperanzadas
de que los gobernantes cumplan con entregar la ayuda anunciada. En este
aspecto, las familias que fueron víctimas apenas inician el largo
camino que deben recorrer, para recuperarse del daño psicológico y de
las pérdidas materiales que la tragedia provocó. La gente exige
transparencia y eficiencia.
Guatemala, 15/06/2018
Maestro e investigador.
Consultor en Derechos Humanos y métodos alternativos de resolución de conflictos.
https://www.alainet.org/es/articulo/193515
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