El gobierno de Nicaragua y la oposición acordaron ayer apremiar la
presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
y una misión de la Unión Europea (UE), al concluir una sesión de
diálogo nacional.
Así lo indica un comunicado leído por el cardenal Leopoldo Brenes,
presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), la cual
sirvió de mediadora y testigo de un maratónico encuentro, en el que se
aprobaron también otros acuerdos para ayudar a resolver la crisis que
vive el país.
El gobierno y la Alianza Cívica (integrada por estudiantes,
empresarios y miembros de la sociedad civil) convinieron además que se
instale oficialmente el funcionamiento del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Internacionales (GIEI), que será designado por la CIDH.
Además de la
invitación inmediatadel gobierno al Alto Comisionado de la ONU y a la UE, las partes también acordaron que
se hace importante la presencia inmediata de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), informa el comunicado.
Asimismo, convinieron hacer “un plan para la remoción de los tranques (retenes en carreteras), que mantienen los manifestantes desde hace más de un mes, lo cual será vigilado por una comisión de
verificación y seguridadque se formará este sábado con los representantes en el diálogo nacional.
Las partes acordaron hacer un llamado
al cese de todo tipo de violencia y amenaza venga de donde venga.
Las conversaciones continuarán hoy, cuando se abordará el tema del
proceso de democratización, que incluye las demandas de la oposición
para adelantar las elecciones de 2021 y retirar del gobierno al
presidente Daniel Ortega.
El diálogo, que se reanudó este viernes tras ser suspendido hace un
mes, tuvo una duración de más de 10 horas, seis de las cuales fueron
conversaciones privadas y sin transmisiones en vivo por televisión.
En tanto, varias ciudades, incluyendo la capital, se encontraban bajo
asedio de paramilitares, que junto con la policía realizaban
detenciones ilegales.
Los paramilitares –encapuchados y fuertemente armados– circulaban en
camionetas sin matrículas por diversos barrios de Managua, donde además
de las detenciones ilegales se reportaron tiroteos.
Las denuncias sobre la presencia intimidatoria de parapolicías
también llegaban de las ciudades de Nindirí, Masatape y Masaya (sur),
así como de Nagarote y León (noroeste). En esta última urbe la oposición
anunció una huelga indefinida, debido a la presencia de grupos armados
en las calles.
La no gubernamental Asociación Nicaragüense de Derechos
Humanos (Anpdh) sumó ayer al recuento fatal otros 31 decesos, elevando
la cifra a 200 desde que comenzaron las protestas, el 18 de abril, con
una manifestación estudiantil contra una reforma al seguro social. El
gobierno sólo reconoce 46 fallecidos.
Álvaro Leiva, director de la Anpdh, indicó que sus integrantes están cubriendo
emergencias tras emergenciasen varias ciudades del país, donde se vivían
horas de represalia y dolor.
Leiva dijo que se encontraba en Nindirí y que le era imposible
realizar su labor, porque la urbe se encontraba llena de civiles
encapuchados y policías que, en conjunto, dominaban las calles de esa
ciudad vecina a Masaya.
Durante la jornada de huelga nacional, que el jueves paralizó el
país, la acción policial y paramilitar contra manifestantes desarmados
cobró muchas víctimas en Nagarote, Nindirí y Masatepe.
Cinco decesos ocurrieron en Bilwi (noreste), capital de Caribe Norte,
donde el comercio cerró sus puertas y las barricadas se levantaban en
muchos barrios. Citando a una fuente opositora, el rotativo El Nuevo Diario informó que una joven de 15 años estaba entre los fallecidos y que se contaban 20 heridos, muchos de gravedad.
En León también se registró el deceso de otro joven de 15 años, un
monaguillo de la Catedral Metropolitana, quien recibió un disparo en el
pecho por fuerzas paramilitares afines al gobierno, según denunció la
Iglesia católica de esa localidad.
Durante casi dos meses de protestas contra el gobierno, los símbolos
del gobierno y de la revolución sandinista (1979-1990), en la que apoyó
Ortega, han sido pintados, destruidos y, en ocasiones, robados por los
manifestantes como muestra descontento con el gobierno.
Ortega y Murillo regresaron al poder en 2007 y para muchos
nicaragüenses parece como si su campaña electoral no hubiera terminado
nunca. Cada vez más grande e intensa, con retratos en vallas
publicitarias y obras llamativas por todo el país.
De un día para otro los símbolos de los gobernantes aparecieron
cubiertos de pintura, quemados, arrancados y aplastados. Uno de esos han
sido los Chayopalos o Árboles de la Vida, introducidos en Managua en 2013.
Dpa Periódico La Jornada
Managua
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