Elecciones presidenciales del 20 de mayo en Venezuela
| Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo |
Resulta asombroso, y
siniestro, que el Parlamento Europeo aprobara el pasado 3 de mayo una
resolución (con 492 votos a favor, 87 en contra y 77 abstenciones) exigiendo
a Venezuela la suspensión de las elecciones presidenciales previstas
para el 20 de mayo. ¿Creen estos países europeos que siguen siendo
potencias coloniales que pueden exigir cualquier cosa a otros países?
¿Llega la arrogancia europea hasta el punto de exigir a otro país que ignore su propia legislación, su reglamento electoral y los acuerdos negociados con los líderes de la oposición?
Hubo
una época en la que los países no alineados creían que una Europa
fuerte e independiente sería un contrapeso saludable para la
superpotencia restante. Pero se trataba de una vana ilusión, pues la
Europa actual parece un rebaño de ovejas que sigue los dictados del más
desequilibrado de los presidentes de Estados Unidos, resuelto a derrocar
al Gobierno legítimo, democrático, pacífico y popular de Venezuela.
Claro
que estamos hablando del país que posee las mayores reservas de
petróleo del mundo, codiciadas por todos. ¿Cómo se atreve su Gobierno a
no seguir las directrices neoliberales de Washington, el FMI y el Banco
Mundial?
Cuando examinamos la democracia en cualquier lugar del
mundo, lo primero que se investiga es el proceso electoral: si hay
elecciones, cómo se organizan y quién participa. Se da por hecho que
cualquiera que diga apoyar la democracia debe estar a favor de las
elecciones.
Cuando se habla de la democracia venezolana, es
necesario citar una y otra vez lo que declaró al respecto el
expresidente de EE.UU. Jimmy Carter: “De hecho, considerando las 92
elecciones en las que he participado como observador, yo diría que el
proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”.
Una de las
razones de la eficacia del organismo electoral (CNE) es la protección
contra el fraude en el sistema, que es digital, escrita y electrónica.
Hay tres salvaguardas de cada voto: una huella dactilar, un voto
electrónico y un recibo en papel.
Otra característica de las 23
elecciones celebradas en Venezuela en los últimos 19 años es la nutrida
presencia de observadores nacionales e internacionales. Es importante
señalar que Estados Unidos, Canadá y la mayor parte de los países
europeos no aceptan observadores internacionales en sus elecciones. Es
normal que estos países poderosos examinen el desarrollo de las
votaciones de países pequeños, pobres diablos (o “países de mierda”,
como les llamó Trump groseramente), pero que nadie se atreva a examinar
de cerca lo que hacen los poderosos. Así pasa, que algunos ya hemos
conocido dos presidentes de EE.UU. que han accedido a la Casa Blanca
bajo dudosas circunstancias (en el mejor de los casos): George Bush, en
su segundo mandato y Trump. Ninguno de los dos ganó por mayoría de votos
y ambos fueron elegidos gracias al complejo y falto de transparencia
sistema clientelar de sus “colegios electorales”. ¿Dónde estuvieron las
“exigencias” del Parlamento Europeo en esos casos?
Estamos
presenciando con nuestros propios ojos un escenario de subversión y
descalificación de la democracia venezolana. Estados Unidos, Canadá, la
Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el llamado
“Grupo de Lima”, formado por los gobiernos lacayos derechistas de la
región, están atacando las mismas elecciones cuya celebración han
reclamado (ruidosamente) durante dos años. El Gobierno de Venezuela
respondió recordando que, según la legislación vigente, las elecciones
deberían celebrarse en 2018; pero no era suficiente. Las querían el año
pasado. El Gobierno negoció con la oposición en República Dominicana y
acordaron celebrarlas en abril. No fue suficiente, la oposición quería
más tiempo y el Gobierno volvió a aceptar y se fijó su celebración para
el 20 de mayo.
Ahora la Unión Europea dice que “no acepta” las
elecciones porque no ofrecen “garantías”, sin especificar exactamente a
qué se refiere, pide que se “regrese al orden constitucional” sin
intentar conocer y comprender las leyes y la constitución venezolanas.
En
Venezuela el voto es secreto, el proceso es organizado, cuenta con
observadores internacionales y con la participación de candidatos de la
oposición. Algunos dirigentes opositores han rechazado presentarse, pero
ha sido una decisión libre y voluntaria, no causada por algún tipo de
prohibición o por hostilidad oficial. A menos que se refieran a Leopoldo
López, vástago de dos de las familias más ricas del país, que se
encuentra en prisión tras un juicio prolongado e imparcial, en el que
contó con los mejores abogados que el dinero puede pagar, y que a pesar
de todo fue sentenciado a 13 años de cárcel por incitar (a plena vista
de las cámaras) a una inaceptable violencia callejera que causó la
muerte de 46 personas. Así es el Estado de derecho: aquellos culpables
de crímenes demostrados deben pagar con la prisión, con independencia de
la familia de la que procedan.
En realidad, los principales
líderes de la oposición están siguiendo la estrategia de la abstención
propuesta por Estados Unidos para descalificar las elecciones. El
Gobierno es consciente de ello, pero les ha pedido repetidas veces que
se presenten a la elección sin resultados. Estos candidatos ausentes
están haciendo campaña por la abstención, ¡pidiendo a la gente que no
acuda a votar! ¿Qué clase de demócratas son estos, que tras exigir
agresivamente elecciones ahora no las quieren y piden a la gente que NO
vote? Están intentando demonizar un sistema electoral de por sí
excelente.
En resumen, se trata de un montaje, un escenario
teatral para seguir demonizando, oponiéndose y castigando a un Gobierno
al que pretenden derrocar.
Otro montaje que están representando
esos mismos líderes opositores ausentes y sus aliados internacionales
–mientras les caen lágrimas de cocodrilo– es su preocupación por el
sufrimiento de los venezolanos, para lo que exigen una
“intervención humanitaria” que les salve del ogro Maduro (cuyo Gobierno
ha construido dos millones de viviendas públicas en los últimos dos
años). Quieren una intervención humanitaria como las que han tenido
lugar en Siria, Libia e Irak, en las que sus poblaciones fueron
“salvadas” de sus propios gobiernos, aniquiladas con soldados y bombas.
“Intervención humanitaria” es la expresión de moda que sustituye a
invasión. Colombia, con sus siete bases militares estadounidenses, ya ha
reunido 3.000 soldados en su frontera con Venezuela “listos” para dicha
“intervención humanitaria”.
La verdad es que los gobiernos de
izquierda han restaurado y protegido repetidamente la democracia en la
región. Actualmente, los gobiernos derechistas de América Latina son
incapaces de conseguir el voto popular y han logrado el poder mediante
la corrupción (Perú, Colombia, Panamá), el fraude (México), el golpe de
Estado (Honduras) y gracias a golpes parlamentarios y “legales” (Brasil,
Paraguay). Macri, en Argentina, sería la única excepción, ya que ganó
claramente las elecciones.
Los gobiernos derechistas se han unido
bajo el paraguas de Estados Unidos implementando un nuevo modelo del
infame Plan Cóndor, bajo el cual, en la década de los setenta, fueron
asesinados 70.000 líderes sindicales, rurales, políticos y comunitarios.
Ahora, envalentonados por el desequilibrado que gobierna la Casa
Blanca, han llegado a un punto en el que financian abierta y
descaradamente a la oposición venezolana: el mes pasado, por ejemplo, el
vicepresidente de EE.UU., Mike Pence otorgó públicamente en Lima 16
millones de dólares a Julio Borges (1).
¿Qué ocurriría en Canadá
si China donara 16 millones de dólares al Nuevo Partido Democrático (2),
o en EE.UU. si se lo dieran a los demócratas? ¿Cómo puede Estados
Unidos rasgarse las vestiduras alegando que Rusia “intervino” en sus
sacrosantas elecciones enviando correos electrónicos, por muy real que
pudiera ser el caso? ¿Cómo pueden ignorar las intervenciones que realiza
Estados Unidos con impunidad, sin que los medios de comunicación las
cuestionen, en las elecciones de una larga lista de países? Y no
hablamos solo de países latinoamericanos, ¿ningún reportero se acuerda
de Ucrania?
Los gobiernos de derecha de América Latina cuentan con tres armas poderosas:
- La guerra económica, que en Venezuela cuenta con aliados dentro de la élite empresarial y bancaria.- La ayuda de los medios de comunicación internacionales, que han demostrado carecer del análisis crítico y la capacidad de investigación que pudieron haber tenido en alguna ocasión.- Los nuevos golpes de Estado legales, conocidos con el término nuevo de “guerra jurídica”, mediante los cuales se manipula a los parlamentos para criminalizar a los oponentes. De esta manera entramparon a Dilma Roussef y Lula en Brasil, a Cristina Fernández en Argentina, y están intentando hacer lo mismo con Rafael Correa en Ecuador (a quien, incluso fuera del poder, consideran una amenaza) y, por supuesto, con Nicolás Maduro.
Hace un año , la oposición venezolana consiguió formar una mayoría en
la Asamblea Nacional e, inmediatamente después, el Gobierno venezolano
aceptó los resultados sin alegar fraude. Ganaron, no por haber
incrementado el número de votos, sino porque muchos simpatizantes del
Gobierno se abstuvieron, descontentos con la marcha de la economía.
Pero
han sido cinco años de guerra económica y la población ahora comprende
quién es responsable de la crisis económica: fueron los líderes de la
oposición quienes viajaron por todo el mundo para pedir a las naciones
poderosas que sancionaran y boicotearan a su propio país, que le negaran
apoyo financiero y diplomático y que les ayudaran a derribar a un
Gobierno al que eran incapaces de derrotar en las urnas. Una traición
así habría sido inconcebible en el pasado.
Existe un plan
sistemático y estratégico ideado por Washington para negar alimentos y
medicinas a los venezolanos. Sus ejecutores son las grandes
corporaciones, la élite de los comerciantes y los bancos. No podía estar
más claro. Por ejemplo, cuando no hay pan en las panaderías o el precio
es demasiado alto, la gente empieza a hacer pan en casa. Entonces, la
harina y la levadura desaparecen de los estantes de las tiendas. Cuando
falta detergente, la gente lava con bicarbonato de soda (hasta ese
momento un producto extremadamente barato), que acto seguido desaparece
de los comercios. Cuando no se puede conseguir maíz ni harina de maíz,
la gente compra yuca, otro producto muy barato que inmediatamente
desaparece del mercado o dispara su precio, hasta el punto de que se
habla de la “guerra de la yuca”. Estos no son casos simples que
obedezcan a la ley de la oferta y la demanda, como algunos puedan
pensar. Es una conspiración de la clase empresarial, comercial y
financiera, que es tan rica y cuenta con tanto respaldo financiero en el
exterior que no le importa si no vende u obtiene beneficios; lo que
pretende es estrangular la economía sin importarle el precio que tengan
que pagar por ello sus propios conciudadanos. Les mueve el deseo de
poder, de un poder que les otorgarán las potencias extranjeras.
Es
evidente que cuando retomen el poder los gobiernos progresistas de
izquierda (lo que terminará ocurriendo) tendrán que tomar serias medidas
para proteger a la democracia de un modo mucho más eficiente y
creativo, porque la derecha no respeta las reglas de la democracia
representativa. Eso supondrá la democratización de los bancos y de los
medios de comunicación, una mayor centralización de las importaciones y
la implementación de nueva legislación para prevenir la guerra jurídica.
La
izquierda no tiene otra opción que no sea la de profundizar en la
democracia participativa, ampliarla, asumir ante la población una mayor
responsabilidad social y más transparencia que eviten la corrupción, y
fortalecer las comunas (3). La debidamente elegida Asamblea Nacional
Constituyente, que está redactando una nueva constitución, ha mostrado
tener buen juicio y seguramente estará pensando seriamente sobre estas
medidas.
Hinterlaces, la empresa encuestadora más respetada en
Venezuela, ha obtenido unos resultados interesantes en relación con las
elecciones presidenciales del 20 de mayo:
- El 86 % de la población rechaza cualquier intervención extranjera en el país.
- El 70 % afirma que va a participar en las elecciones, lo cual es una nueva derrota de un sector de la oposición que pide la abstención con el respaldo de Washington.
- el 55 % afirma que votará a Maduro.
- El 11 % afirma que votará a Henri Falcon.
- El 2 % afirma que votará a Javier Bertucci.
- El 50 % afirma que considera que el trabajo que está realizando la Asamblea Nacional Constituyente es “muy bueno, bueno, o entre regular y bueno”.
- El 71 % cree que Maduro ganará las elecciones.
Hay
una gran confianza en que la democracia en Venezuela está viva y en
buen estado de salud. Por eso Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y
sus aliados la temen.
Nota del Traductor:
(1)
Julio Borges es un político venezolano fundador del partido Primero
Justicia, en el que milita Henrique Capriles, implicado en el asalto a
la embajada cubana en el golpe de 2012 e inhabilitado para cargos
públicos por desajustes presupuestarios cuando era gobernador del estado
de Miranda. Borges ha sido presidente de la Asamblea Nacional en
2017-2018.
(2) El NDP es un partido canadiense de tendencia socialdemócrata.
(3)
En Venezuela, y según los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de las
Comunas, este término es utilizado para denominar al espacio socialista
que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades
vecinas con una memoria histórica, rasgos culturales, usos y costumbres
compartidos, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las
actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual
ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como
expresión del poder popular,
en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de
desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación. (Wikipedia)
María Páez
Víctor es una socióloga venezolana que ha sido profesora durante muchos
años en la Universidad de Toronto, Canadá. Tiene un blog personal: http://paezvictor.blogspot.com.es/
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