The Guardian
Un nuevo estudio
revelado en las últimas horas y difundido por el periódico The Guardian*
indica que el Ejército colombiano mató entre 2002 y 2010 a muchas más
personas de lo que se creía en los casos de ‘falsos positivos’ para
trucar las estadísticas y justificar la ayuda militar estadounidense .
Gloria Astrid Martínez vio a su hijo por última vez el 8 de febrero de
2008. Después de desayunar, Daniel, de 21 años, salió de casa, en
Soacha, un suburbio abandonado de la capital de Colombia, para empezar
un nuevo trabajo en fincas situadas en el campo y propiedad de ricos.
“Me dijo que había encontrado un trabajo que pagaba tanto que yo no tendría que trabajar más” , recuerda Martínez. “Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero él insistió, así que se fue” .
Ocho meses después, el cuerpo de Daniel apareció en una fosa común
cerca de la frontera con Venezuela vestido con ropa de camuflaje.
Soldados del Ejército colombiano habían atraído a Daniel con la promesa
de trabajar en la ciudad de Ocaña, a 660 kilómetros de Bogotá, donde le
asesinaron y le calificaron de rebelde con el objetivo de mejorar las
estadísticas en la guerra contra los insurgentes izquierdistas.
Las cifras infladas, conocidas como “falsos positivos” ,
se utilizaron para justificar la ayuda militar estadounidense. Los
agentes que llevaron a cabo las ejecuciones fueron premiados con
ascensos y vacaciones .
Cuando en 2008 salió a la luz la
noticia sobre las matanzas, el escándalo acorraló al Ejército
colombiano: decenas de destacados militares fueron destituidos y otros
muchos de menor rango fueron enviados a prisión.
Pero un nuevo
estudio del que es coautor un antiguo coronel de policía sostiene que
la práctica estaba mucho más extendida de lo que se había informado con
anterioridad . De acuerdo con los autores Omar Rojas Bolaños y Fabián
Leonardo Benavides, aproximadamente 10.000 civiles fueron ejecutados
por el Ejército entre 2002 y 2010, más del triple que la cifra calculada
por los grupos de derechos humanos .
En el informe
‘Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010 – obediencia ciega
en campos de batalla ficticios’, los autores describen cómo el
Ejército de Colombia mató sistemáticamente a civiles para mejorar sus
estadísticas de muertos en la guerra contra los rebeldes .
“Podemos llamarlos ‘falsos positivos’ o ‘ejecuciones extrajudiciales’, pero realmente estos fueron asesinatos a sangre fría” , denuncia Rojas, que ejerció como policía durante 31 años. “Fueron meticulosamente planeados y llevados a cabo por miembros de todos los rangos”.
Rojas asegura que se atacó especialmente a menores con diversidad
funcional por su vulnerabilidad, así como un puñado de militares
sospechosos de filtrar secretos .
“Esto no es algo que solo
ocurrió en el pasado, a día de hoy seguimos encontrando casos de falsos
positivos, aunque no con la misma intensidad de antes. Ahora lo llaman
errores militares”, afirma Rojas.
El principal grupo
rebelde de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), firmó un acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016
poniendo formalmente fin a 52 años de la guerra civil que dejó 220.000
muertos y unos siete millones de desplazados, la mayoría civiles. Grupos
paramilitares alineados con el Gobierno y otros grupos armados de
izquierdas también han contribuido al derramamiento de sangre. Todos los
bandos han cometido atrocidades.
El presidente Juan Manuel
Santos, que fue galardonado con el premio Nobel de la Paz por liderar el
acuerdo, ocupó el cargo de ministro de Defensa entre 2006 y 2009, el
periodo con más matanzas por falsos positivos.
Los activistas
denuncian que ni Santos ni su predecesor, Álvaro Uribe, han rendido
cuentas por el escándalo, aunque Uribe se enfrenta a varias
investigaciones independientes por supuestos crímenes de guerra. Un
testigo clave en uno de los casos fue asesinado en Medellín el mes
pasado .
A menudo el Gobierno de Colombia ha restado
importancia al escándalo calificándolo como acciones de unos pocos
individuos sin escrúpulos.
“Los falsos positivos no es solo un problema de unas pocas manzanas podridas ”, señala José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América.
“Estas matanzas aparentemente generalizadas y sistemáticas se
cometieron por tropas adscritas prácticamente a todas las brigadas en
todas y cada una de las divisiones del Ejército de Colombia” , añade.
El soldado que reclutó a Daniel está actualmente cumpliendo una pena de
39 años de prisión, junto con muchos otros militares de bajo y medio
rango. Pero no se ha condenado a ni un solo general.
Para Martínez, que ha recibido amenazas de muerte por su lucha por la justicia, la impunidad es desgarradora. “Dicen que el dolor de la pérdida se alivia con el paso del tiempo, pero eso es mentira. Empeora” , afirma con la voz quebrada. “El Estado debe proteger a su gente, no matarla” , añade.
*Publicado originalmente en el diario The Guardian – Traducido por Javier Biosca Azcoiti
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