Se recalienta el Cono Sur.
Foto: Reuters
Por Miguel Bonasso (@bonassomiguel) exclusivo para Aristegui Noticias
Apoyándose en los cruentos ejemplos de México, Colombia y Brasil,
el gobierno de Mauricio Macri se apresta a sacar a los militares de los
cuarteles para emplearlos en tareas policiales. La medida, que se
aplicaría por simple decreto en junio próximo, viola leyes fundamentales
votadas por el Congreso, como la ley de Defensa, la de Seguridad
Interior o la de Inteligencia. Un conjunto de normas que expresan un
claro repudio a la represión feroz de la dictadura militar, que usurpó
el poder entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Repudio extensible a
doctrinas impuestas por Washington, como la de “seguridad nacional”, que
produjo miles de muertos y desaparecidos en la región latinoamericana.
La exclusión del Congreso Nacional en
un tema tan sensible para la historia argentina vuelve a exhibir el
talante autoritario del empresario en el gobierno. Empresario que, junto
con su padre Franco Macri, hizo su gran fortuna en las postrimerías de
la dictadura militar, cuando sus deudas en el exterior fueron
ilegalmente absorbidas por el Estado.
No es casual que el presidente
argentino cuente como “asesor estratégico” al ecuatoriano Jaime Durán
Barba, que también lo fue del presidente mexicano Felipe Calderón,
cuando el panista tomó la decisión de militarizar a la policía para
“combatir el narcotráfico” y desencadenó una terrible sangría que no
cesa. Según diversas fuentes: más de cien mil muertos y 30 mil
desaparecidos.
Tampoco es casual que el mandatario
sureño haya procreado y tenga que enfrentar una de las crisis económicas
y sociales más graves de la historia argentina contemporánea, después
de la que sacudió al país en el 2001. Una crisis frente a la cual se
multiplican las protestas y las grandes movilizaciones, en un efecto
bola de nieve que no deja de preocupar al gobierno. Protestas y
manifestaciones que tienen como blanco principal al Fondo Monetario
Internacional, convocado como prestamista por Macri, después de doce
años de ausencia, en ocasión de la última -y feroz- corrida bancaria. El
FMI ha estado ausente de Argentina desde que en enero de 2006 el
entonces presidente Néstor Kirchner canceló, en un solo pago, una deuda
cercana a los 10 mil millones de dólares, con el anunciado propósito de
no tener que atender los “consejos y recomendaciones” del organismo
financiero internacional.
Menos casual aún es que la cartera de
Defensa esté a cargo de Oscar Aguad, un radical ultra conservador, que
hace algunos años se sacaba fotos en los palcos públicos con el ex
teniente general Luciano Benjamín Menéndez, antes de que este genocida
(el más sangriento después de Videla) fuera condenado, en doce juicios, a
cadena perpetua.
De manera embozada, valiéndose de sus
asesores, Aguad declaró textualmente al sitio Infobae: “Brasil, México,
Colombia y muchos otros Estados soberanos están utilizando a sus
Fuerzas Armadas para controlar en mayor o menor medida el accionar de
cárteles de narcotraficantes, narcoguerrilla o guerrilla islámica, o de
otros orígenes. No hacerlo implica quedarnos atrás del mundo y
desaprovechar además recursos humanos y materiales que cuestan mucho
dinero al Estado Nacional”.
En Argentina no existe hasta
el momento ninguna figura de historieta como las que vende el ministro
radical: ni “narcoguerrilla”, ni “narcoterrorismo” ni la misteriosa
guerrilla “de otros orígenes”. No necesita, por lo tanto, de
superhéroes a ser adoctrinados por el Comando Sur del Ejército de los
Estados Unidos. Sí existen, en cambio, recursos naturales estratégicos,
como el agua, el petróleo, el oro, el litio, el uranio y decenas de
otros minerales decisivos, ya entregados en parte a las corporaciones
norteamericanas. Y no sólo por el actual gobierno, sino también por el
de Cristina Kirchner, durante cuyo mandato YPF firmó un acuerdo secreto
con Chevron, que habilita a esta compañía de Rockefeller a quedarse con
el petróleo de la Patagonia. Tanto en explotaciones convencionales,
como a través de las no convencionales, especialmente el fraking. Un
método altamente destructivo, de consecuencias deletéreas para el agua
de las napas subterráneas.
Macri aguarda inversiones megamineras
por 18 mil millones de dólares para la región patagónica y esa ansiosa
espera explica por qué desapareció el joven militante Santiago Maldonado
y fue asesinado a balazos, por la espalda, el mapuche Rafael Nahuel.
También porqué el presidente-empresario sueña con tanques protegiendo
minas y pozos petroleros de la inminente amenaza del “narcoterrorismo” y
guerrillas “de otros orígenes”. Un sueño que no comparten todos sus
colaboradores, como el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien
declaró textualmente que las Fuerzas Armadas deben limitarse a
proporcionar “apoyo logístico” a las de Seguridad, sin involucrarse
directamente. Curiosamente, el alto funcionario reveló: “No he visto
ninguna discusión interna sobre este tema ni se me ha invitado a una
discusión sobre esta cuestión”.
Por suerte, más allá de los portones
de la Casa Rosada y de esa histórica Plaza de Mayo, que Macri está
acotando con verjas permanentes antidisturbios, se encuentra la
historia, la cultura de lucha atesorada por un vasto sector de la
sociedad argentina, que sigue movilizándose y acaba de convocar a una
Marcha Federal, que se iniciará en 5 provincias y culminará en el
Congreso Nacional.
Si Macri tuviera la vista un poco más
larga podría observar lo que le está ocurriendo a su colega y
conmilitón Michel Temer del Brasil, quien le envió las fuerzas armadas a
los camioneros que están bloqueando las rutas con un resultado poco
alentador: hay más de 500 bloqueos de carreteras en el Brasil y un millón de camioneros movilizados. Al cierre de esta nota la protesta gozaba de buena salud en 24 de los 27 estados del gigante sudamericano.
Puede ocurrir cualquier cosa, pero no hay dudas sobre una evidencia: el Cono Sur se está recalentando frente a las reformas antisociales de los gobiernos neoliberales.
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