Porque investigando junto al Ministerio Público ya
mandó presos por corruptos a 2 presidentes, 1 vicepresidente, tiene al actual
entre la espada y la pared con 2 familiares enjuiciados y pedidos de
antejuicio, mandó a prisión 3 candidatos presidenciales, 19 ministros y viceministros,
3 secretarios de la presidencia, 4 jefes de la SAT, 25 diputados, 7 magistrados
del Organismo Judicial, 6 jueces, 12 militares de alto rango, 155 empresarios y
182 agentes estatales con procesos por corrupción.
¿ESTÁ CLARO POR QUÉ, PARA TODA ESA GENTE, LA CICIG
ES UN PELIGRO?
Desde
hace algún tiempo la lucha contra la corrupción se ha instalado en la
conciencia popular como un tema de principal importancia.
No
deja de ser curioso por cuanto la corrupción y su otra cara, la
impunidad, han existido siempre en Guatemala. Ambos elementos acompañan
toda la historia de estas tierras desde la llegada de los conquistadores
españoles. Por lo pronto, uno de ellos (Bernal Díaz del Castillo) pudo
decir sin empacho en el siglo XVI: «Vinimos aquí a servir a su majestad,
a traer la fe católica… ¡y a hacernos ricos!». Esa es la triste
—patética, sangrientamente verídica— realidad de lo que hoy en día es
Guatemala. En otros términos, corrupción e impunidad definiéndolo todo. Y
violencia.
Ello explica que, cinco siglos después de aquella masacre originaria,
el principal responsable —o al menos la cabeza visible— de otra
carnicería similar, el general Ríos Montt, luego de habérsele comprobado
la autoría de delitos de lesa humanidad, quede virtualmente libre, con
el empresariado en su conjunto defendiéndolo. Es decir, «el que manda
manda. Y si se equivoca, ¡vuelve a mandar!».
La sociedad guatemalteca se edificó sobre la corrupción y la
impunidad. En otros términos, un Estado-finca manejado por unos pocos
grupos de poder terratenientes, creídos de su linaje aristocrático (con
un sabor aún feudal), junto a una nueva oligarquía industrial y de
servicios. El Estado, en toda esta historia, fue un inescrupuloso
instrumento de dominación de la clase propietaria, cargado de racismo y
de patriarcado, pero fundamentalmente ¡de corrupción! El Estado
keynesiano —salvo la década de la Primavera Democrática— nunca existió.
El modelo de acumulación capitalista estuvo dado siempre por el despojo
de los pueblos originarios, con una justicia impunemente corrupta.
«Cabal tu pisto» es la expresión por antonomasia de la forma como los
sectores hegemónicos trataban a sus subalternos. «Tomá tu pago y sin
discusión», le decía el patroncito al indio. El
sistema judicial fue —y sigue siendo— una caricatura. Sirvió solo para
justificar el sistema de dominación. Las leyes justifican el saqueo y la
explotación, el racismo y el patriarcado.
¿Por qué ahora esta honda preocupación por la corrupción de la llamada clase política?
(que, siempre se supo, está constituida por unos delincuentes
advenedizos totalmente funcionales a la clase dominante). Allí hay una
agenda interesada. En concreto, el Gobierno de Estados Unidos echó a
rodar esta novedosa estrategia —llevada adelante por la Cicig— como
instrumento de sus llamados golpes suaves, es decir, mecanismos
que encienden las pasiones de la población y que sirven para justificar
intervenciones. La prisión del exbinomio presidencial, junto con la de
otros funcionarios, lo demuestra.
Para
muchos de ellos, la presencia de la Cicig y la lucha anticorrupción son
el demonio, pues los descubre en su verdadera identidad.
Se desató la lucha contra la corrupción, pero esta no toca la
estructura básica: los propietarios siguen siendo los propietarios (tan
impunes y corruptos como siempre), los indios no cambiaron y los políticos profesionales continúan siendo los delincuentes solapados de siempre.
La clase dominante también tiene grietas. A la hora de defenderse
como clase no se equivoca y cierra filas. Pero hay diferencias. Algunos
empresarios avalan esa lucha contra la corrupción. Otros no. Es pura
formalidad. Toda la clase dominante es impune y corrupta, así como lo
son sus políticos, a quienes financian legal o ilegalmente y quienes le
administran su Estado-finca. Y también lo son sus guardaespaldas: el
Ejército. Esos grupos de poder, a los que se suman grupos
delincuenciales convertidos en nuevos ricos (narcoactividad,
contrabando, contratistas del Estado), constituyen una misma cosa. Para
muchos de ellos, la presencia de la Cicig y la lucha anticorrupción son
el demonio, pues los descubre en su verdadera identidad. De ahí que hoy
veamos esa impudicia cínica de diputados y narcoalcaldes gestionando el
bloqueo de la comisión y la elección de una fiscal afín a sus negocios.
Fortalecer un Estado sin tanta corrupción es importante para
Washington, pues evitaría tanta migración al norte. Pero las mafias
locales se resisten a morir. La pugna está entablada. Como población
podemos avalar la lucha anticorrupción, pero sin caer en la trampa: la
corrupción es efecto, y no causa de los problemas.
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