@Sergio_MartinC
@edmundojuan7
Como
cada 1 de mayo desde que Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia,
el Día del Trabajador se celebra con importantes avances a favor del
trabajo. Este año, desde la Presidencia se anunciaron nuevamente
incrementos salariales, tanto en el salario básico (5,5 %) como en el
salario mínimo nacional (3%). Además, se restableció el doble aguinaldo
de los trabajadores y trabajadoras al recuperarse el nivel de
crecimiento económico de los años previos (que estará por encima del 4,5
% en 2018). En este sentido, la mayor novedad el Día del Trabajador fue
la promulgación de la Ley de Empresas Sociales, una reivindicación del
sindicalismo boliviano en los últimos años.
Sin
embargo, en las dos semanas que siguieron a la promulgación de la
citada ley, el conflicto con el sector empresarial se recrudeció. Su
oposición deja de manifiesto la relación antagónica entre los intereses
de los capitalistas y de los trabajadores; antagonismo que ellos mismos
niegan, pero que dejan de manifiesto al oponerse con esta fuerza a una
ley que busca el control social de las empresas que ya no pueden ejercer
la actividad privada debido a su mala gestión.
Se
trata, por tanto, de una medida de carácter estructural que permite la
creación de empresas sociales, impulsadas y protegidas por los obreros
sindicalizados. No se trata de una ley confiscatoria ya que las fábricas
susceptibles de recuperación por parte de los trabajadores son aquellas
que han sido abandonadas por los empresarios por propia voluntad o por
la mala gestión privada de las mismas. Al fin y al cabo, la oposición de
los sectores empresariales a la aprobación de esta ley no es porque se
les puedan confiscar las empresas -cuestión que no es cierta-; su
oposición radica en querer seguir cerrando las puertas a otras formas de
organización del trabajo. En definitiva, a lo que se oponen es a la
entrada de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
El
pedido de creación de una ley que regule la entrada a la propiedad de
los medios de producción por parte de los trabajadores tiene su
principal antecedente en los debates de la Asamblea Constituyente, donde
se aprobó el artículo 54 de la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia (CPE), que en su parágrafo tercero determina: “Las
trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y
en resguardo del interés social podrán, de acuerdo con la ley,
reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o
liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y
conformarán empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a
la acción de las trabajadoras y los trabajadores”.
En base a ese artículo de la CPE, en 2013 el gobierno del Presidente Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 1754, que buscó
facilitar la constitución de empresas sociales. Sin embargo, la
aplicación de ese decreto en casos de fábricas abandonadas -como el de
la fábrica de frazadas Polar, Cerámicas Victoria y Punto Blanco (de
textiles) que en este momento funcionan a manos de los trabajadores a
puerta cerrada por no tener un marco jurídico que legalice su situación-
no pudo ser aplicado por distintos marcos regulatorios, como el Código
de Comercio.
Tras
la promulgación de aquel decreto y frente a la imposibilidad de poder
aplicarlo, la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia
(CGTTFB) presentó un proyecto de ley de Empresas Sociales que permite la
constitución de empresas de trabajadores en los casos previstos en la
CPE. Aquel proyecto estuvo cerca de ser aprobado el año 2017. Sin
embargo, la presión de los empresarios en los medios de comunicación y
en la Asamblea Legislativa Plurinacional paralizó el proyecto.
El
relato manejado por los que se oponían al proyecto consiguió instalar
en la población la idea de que cualquier negocio (farmacia, restaurante,
tienda., etc.) era susceptible de ser afectado por la Ley, lo cual era
falso. Sin embargo, este relato consiguió extenderse entre la población,
que comenzó a temer un gran golpe a la propiedad privada y que el
Estado ejercería un rol expropiador indiscriminado. Esto llevó a que, en
aquel momento, el proyecto de ley finalmente no fuera aprobado.
La
Ley de Empresas Sociales, finalmente promulgada el 1 de mayo, es
resultado de diferentes reuniones y mesas de trabajo que se han ido
dando durante los últimos meses. Desde la asunción de la nueva
dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) en enero de este año, el
consensuar una Ley de Empresas Sociales con el Gobierno fue uno de los
objetivos principales.
La
Ley establece el marco jurídico para la constitución de empresas
sociales de acuerdo con el mandato establecido en la Constitución
Política del Estado (CPE). Las empresas sociales serán aquellas que
estarán constituidas por los trabajadores y trabajadoras activos de una
empresa privada que se encuentre en quiebra o liquidación, cerrada o
abandonada de forma injustificada y cuya finalidad será la de reactivar y
reorganizar la empresa en defensa de las fuentes de trabajo, así como
el resguardo del interés social.
De
esta forma, en ningún momento supone incrementar la capacidad o
voluntad confiscatoria del Estado, sino que permitirá el mantenimiento
de los puestos de trabajo, así como la supervivencia de una empresa que
estaba en proceso de disolución o quiebra. De esta forma, además de
otorgar la posibilidad de establecer nuevas formas en las relaciones del
trabajo -abriendo la posibilidad de la propiedad por parte de los
trabajadores de los medios de producción- consigue fortalecer los
emprendimientos fabriles que se encuentren amenazados.
La Ley, en su artículo 4 establece las siguientes causas para la creación de empresas sociales:
- Cuando existan empresas en procesos de concurso preventivo, quiebra o liquidación, conforme a lo previsto en el Código de Comercio.
- Cuando exista cierre o abandono injustificado de una empresa privada.
Por
tanto, se trata de una legislación que no cuestiona la propiedad
privada, más bien abre la posibilidad a la supervivencia de empresas, el
mantenimiento de puestos de trabajo y el fortalecimiento de la
industrialización mediante otras formas de organización del trabajo. Y,
sobre todo, amplía la posibilidad de que los trabajadores puedan ser
propietarios de los medios de producción.
A
pesar de que la Ley no cuestiona la propiedad privada, la apertura a
estas nuevas formas de relación entre el trabajo y los medios de
producción ha hecho saltar las alarmas en el gran empresariado.
Nuevamente, la alianza entre el gran capital y los medios privados (en
realidad al hablar de gran capital debemos incluir a los medios
privados) se ha puesto a andar para intentar echar abajo la Ley de
Empresas Sociales. Empresarios políticos, como Doria Medina, la
Asociación Nacional de la Prensa Boliviana (ANPB), la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) son sólo algunos de los sectores
que se están oponiendo. A éstos se han unido, en los últimos días, las
organizaciones de transporte pesado de Bolivia, que amenazan con el
establecimiento de acciones contra dicha ley.
El
reconocimiento y apoyo a esta forma de organización del trabajo a
través de la nueva Ley de Empresas Sociales, supone un avance en la
lucha de los trabajadores en la construcción de una sociedad más
equitativa. Formas de legislación en materia laboral similares existen
en un gran número de países, y ahora Bolivia zanja este déficit. El
nuevo marco regulatorio permitirá que los trabajadores, como sujetos
libres e independientes, puedan asociarse entre sí para organizar los
medios de producción y ser dueños del fruto de su trabajo aportando con
parte del excedente a la comunidad y al Estado. Además, permitirá el
fortalecimiento del tejido fabril boliviano al generar nuevas opciones
para el desarrollo de la actividad económica.
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