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A poco más de un mes de las elecciones presidenciales de México, las candidaturas de José Antonio Meade (Todos por México)i y Ricardo Anaya (Por México al Frente)ii siguen disputándose el segundo lugar, con 20% y 26% de las preferencias electorales, respectivamente. Frente a ellos, un imparable Andrés Manuel López Obrador (AMLO, por Juntos Haremos Historia), que alcanza ya el 46% en intención de voto. De las candidaturas independientes, Margarita Zavala declinó su aspiración a la Presidencia, sin que hasta ahora se conozca el efecto de esta renuncia, pues la ahora ex candidata llamó a votar por el contendiente con más posibilidades de triunfo contra AMLO.iii
Quedaría por definir si seguirá hasta el final la de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, militante del PRI hasta 2014 –y hoy acreedor del 1% de la intención de voto–. El ajedrez de las candidaturas empieza a configurar un panorama de polarización para lo que resta de una campaña en la que se quiere instalar a Anaya como la única alternativa “viable y sensata” frente a López Obrador, dejando cada vez más lejos a José Antonio Meade. Sin embargo, el liderazgo indiscutible de López Obrador de cara a las elecciones del próximo 1 de julio en México, activó todas las alarmas de la derecha política del país que, desde las instituciones políticas, el empresariado y los medios de comunicación, está articulando una estrategia ad latere de su campaña para evitar, a toda costa, que un liderazgo alternativo llegue al poder.
El viejo recurso del miedo al “populismo”
Como en todas las campañas electorales de la región y desde hace más de una década, la derecha pretende en México agitar el fantasma de un presunto futuro de caos, en caso que ganase un candidato que no pertenece al establishment. Los conceptos que resumen esta idea oscilan entre “castrochavismo”, “populismo”, “comunismo”, entre otros. Pero todos tienen un denominador común: el proceso venezolano, como horizonte de crisis económica. A pesar de que el mismo candidato ha señalado que no ha conocido ni a Chávez ni a Maduro, y tampoco ha pisado Venezuela -y también que, según varios analistas, esta estrategia parece tener poco impacto- lo cierto es que hace parte de un amplio conjunto de acciones tendientes a deteriorar su imagen.iv
Tal vez no haya sido casual –y más bien sea parte de esta estrategia amedrentadora– el hecho de que, fuera México en plena campaña electoral el lugar elegido por el Grupo de Lima (con invitados especiales del Gobierno español y miembros del Departamento de Estado y del Tesoro de EE. UU.) para abordar la situación en Venezuela. Previsiblemente, se pidió la suspensión de los comicios en dicho país por haber sido convocados por una autoridad, según ellos, ilegítima. Apunta en el mismo sentido el hecho de que fueron inversionistas mexicanos quienes hace pocos días retiraron el capital de la filial de Kellogg’s en Venezuela, acaso como una estrategia transnacional para golpear a Maduro y después asociar con lo que “podría ocurrir en México de ganar AMLO”.v
Los cambios legislativos y su incidencia en las elecciones
La preocupante situación de los medios de comunicación en México es parte de un amplio debate que no sólo se circunscribe a la violencia en contra de los periodistas, sino a la reciente promulgación de la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es establecer reglas específicas para el gasto que los entes públicos realizan en los medios de comunicación. Dicha ley, ampliamente cuestionada por organizaciones civiles,vi sigue sin solucionar las problemáticas relativas a la cooptación de los medios de comunicación por parte de los políticos, permite que la censura siga presente en el sistema comunicacional y, además, tampoco especifica las sanciones a las que se pueden someter los funcionarios que incumplan las normativas (entre otros problemas visibilizados por los ciudadanos organizados). En definitiva, eterniza la manipulación de los medios de comunicación por parte de los gobernantes, y dificulta el ejercicio de control transparente y la rendición de cuentas, tan necesarios en democracia.
Pero la ‘guerra sucia’ contra AMLO no ha venido sólo por parte de los medios de comunicación, sino que se ha extendido a la clase empresarial. Ante las declaraciones del candidato presidencial sobre la revisión de los contratos de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el empresario Carlos Slim señaló que la cancelación del proyecto sería un “golpe al desarrollo” y, también, que “los candidatos a la Presidencia no tienen por qué opinar sobre la construcción del nuevo aeropuerto, porque son candidatos y esta obra se decidió hace cinco años”. Además, un grupo de empresarios congregados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) -el mismo grupo que en 2006 fuera señalado por transgredir la ley electoral al implementar una campaña de miedo contra AMLO-vii publicó recientemente un comunicado en el que habla de la necesidad de convocar a la unidad del país y asevera que las empresas son parte de la solución, no las causantes del problema, en una clara confrontación con el candidato puntero.viii ix
A la difícil situación del panorama comunicacional y a las presiones de los empresarios, que se usan como armas para obstaculizar el avance del movimiento progresista en México, se suma la grave situación de seguridad para el ejercicio de la democracia en el país, que alimenta el miedo de la ciudadanía. Desde el inicio del proceso electoral, se han registrado 305 casos de agresiones políticas; de éstas, 94 fueron asesinatos (candidatos, autoridades, dirigentes políticos, precandidatos y familiares). Desde que comenzó formalmente la campaña electoral, el 30 de marzo, el 72% de estos ataques fue dirigido hacia figuras de la oposición al actual Gobierno. Las agresiones que tienen un fuerte componente político en contra de los opositores buscan anular, desplazar o interferir sus actividades de campaña, algo que las autoridades siguen obviando.x
En diciembre, cuando México aprobó la Ley de Seguridad Interior (LSI), a través de la cual se legitima el papel de los militares en la lucha contra el narco, generó un revuelo en las Naciones Unidas, así como entre grupos de derechos humanos locales e internacionales. Los opositores advirtieron que la medida conduciría hacia abusos, dejaría de manera indefinida a los soldados en las calles, y militarizaría las actividades policiales en el futuro cercano.
Sin embargo, hubo quienes advirtieron también que esta ley no tenía como objetivo la lucha contra el narco, sino la posibilidad de que el Ejército saliera a las calles para contrarrestar una eventual manifestación pública de los seguidores de AMLO tras su derrota electoral, como ocurrió en 2006. Así, la LSI serviría como el fundamento legal para que, después de una elección en la que AMLO fuera derrotado, Enrique Peña Nieto (siendo presidente en funciones) pudiera usar al Ejército para reprimir alguna de las manifestaciones para protestar por el resultado.xi
No obstante ello, este escenario suena poco probable a cinco meses de aprobada la LSI y con López Obrador 20 puntos arriba en las encuestas, por lo que puede suponerse que, en realidad, la coyuntura no favoreció a la estrategia legislativa, que aparentemente fue redireccionada para aprobar iniciativas ante la previsión de un triunfador inevitable. Así, el pasado 19 de abril, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para eliminar el fuero constitucional que impide que el presidente de la República pueda ser sujeto de juicio político.xii Aunque la reforma está aún pendiente de ser aprobada por la Cámara de Senadores, diversos analistas consideraron, también, que la iniciativa tiene dedicatoria para el próximo presidente.
Poco razonable parece, en un país que se ha convertido en uno de los más violentos y corruptos del mundo (con 25.339 mil asesinatos sólo en 2017 y 7.667 en los primeros tres meses de 2018)xiii, que la gente tenga miedo a un cambio. Contrario a ello, el miedo de la gente es a un futuro igual al presente y al pasado gobernado por la derecha de siempre. Por ello, hasta el momento, el intento de instalar el miedo al cambio ha tenido poco impacto en los sondeos pre-electorales. Aún así, el alto porcentaje de electores indecisos a estas alturas de la campaña (un 35%, según un reciente sondeo)xivexplica que el panorama todavía es susceptible de cambios y que la campaña negativa contra López Obrador no ha hecho más que comenzar.
i PRI-PVEM-PANAL
ii PAN-PRD-MC
iii http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/amlo-con-20-puntos-arriba-de-segundo-lugar-lo-impulsa-el-norte
iv http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44064677
v https://www.jornada.com.mx/2018/05/16/mundo/027n2mun
vi https://www.altonivel.com.mx/actualidad/mexico/ley-de-comunicacion-social-ley-chayote/
vii https://www.proceso.com.mx/202888/ilegal-la-campana-empresarial-del-2006-contra-amlo-tepjf
viii http://www.cce.org.mx/trabajamos-por-mexico/
ix http://www.sinembargo.mx/04-05-2018/3415003
xhttps://www.vanguardia.com.mx/articulo/violencia-politica-suman-305-agresiones-en-proceso-electoral-94-fueron-asesinatos
xi https://www.proceso.com.mx/516134/la-ley-de-seguridad-interior-es-una-amenaza-contra-el-derecho-de-manifestacion-colectivos-de-jalisco
xii https://www.animalpolitico.com/2018/04/diputados-comisiones-eliminar-fuero-funcionarios-presidente/
xiiihttps://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/23/nota/6728460/violencia-mexico-repunta-deja-miles-asesinatos
xiv https://www.forbes.com.mx/meade-y-anaya-empatados-amlo-al-frente-encuesta-el-heraldo/
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