[Honduras] Diálogo con Miriam Miranda, dirigente de Ofraneh
Alba Sud
Un año después de
que publicáramos el informe «Expolio de los territorios garífunas en
Honduras: impactos del extractivismo y la expansión turística» (Alba
Sud, 2017), la dirigente garífuna repasa algunas de las cosas que han
ocurrido desde entonces.
Las comunidades garífunas en el
litoral caribe, al norte de Honduras, continúan sufriendo los embates de
un modelo, dizque de “desarrollo”, que las despoja de sus territorios,
persigue y criminaliza a sus habitantes, en aras de un no muy bien
definido “progreso”. La construcción de complejos turísticos,
residenciales y viviendas vacacionales crecen a la par de mega proyectos
extractivos que amenazan el futuro de miles de personas.
Hace poco más de un año, la dirigente garífuna Miriam Miranda explicaba a Alba Sud
cómo los pueblos indígenas y negros hondureños estaban sufriendo un
acelerado proceso de destierro, que conduciría en un mediano plazo a una
desaparición forzada de sus comunidades. El principal responsable de
este proceso de despojo es el gran capital nacional y transnacional,
coludido con autoridades locales y nacionales, a través de la implementación y profundización del régimen extractivista. Por luchar contra la consolidación de este régimen en la región, Miranda y decenas de activistas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) han sido perseguidos, criminalizados, judicializados y hasta asesinados.
Esta dramática situación fue ampliamente descrita el año pasado por Alba Sud en el reportaje: Expolio de los territorios garífunas en Honduras: Impactos del extractivismo y la expansión turística. Un año después, la situación parece haber degenerado aún más.
Pérdida de soberanía e integridad territorial
“En
toda la zona de la Bahía de Trujillo hay un fuerte incremento de las
inversiones extractivistas. Tanto las autoridades locales y nacionales
como el gran capital le han puesto el ojo, ya no sólo para la
construcción de complejos residenciales con fines turísticos, sino
también para sentar las bases de la construcción de un gran complejo energético y una refinería”, explicó Miriam Miranda a Alba Sud. Dichos proyectos representarían una inversión de casi 2,8 billones de dólares.
A ese propósito, la coordinadora de la OFRANEH recordó que este repunte de inversión es parte del Programa Nacional de Generación de Empleo y Crecimiento Económico “Honduras 20/20”,
una alianza estratégica del sector público-privado que en un período de
5 años (2016-2020) tiene planeado invertir unos 13.000 millones de
dólares y generar 600 mil puestos de trabajo, más de un tercio de los
cuales (255 mil) a través de la actividad turística, uno de los siete
ejes del programa.
Una de las principales herramientas que dinamizan dicho programa son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico
(ZEDE), popularmente conocidas como ciudad modelo o charter city. Se
trata de espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a
inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas. Las
ZEDE estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y gozarán
de total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral,
judicial y de seguridad. También podrán establecer sus propios sistemas
de salud, educación y seguridad social.
El gobierno de Honduras
dio a conocer el año pasado que diez empresas –cinco nacionales y cinco
extranjeras– ya habrían mostrado interés en invertir en los clústers
donde se desarrollarían las ZEDE, entre ellas las zonas de Trujillo,
Colón e Islas de la Bahía, en el litoral Caribe. Tanto el Programa 20/20
como las ZEDE han sido fuertemente cuestionados por amplios sectores de
la sociedad hondureña y por organismos nacionales especializados en
temas económicos y de políticas públicas, por presentar proyecciones sin
sustento, incoherentes y no apegadas a la realidad, y por representar
pérdida de soberanía nacional y de la integridad territorial.
La
situación ha venido ejerciendo una creciente presión sobre las
comunidades indígenas y campesinas y sus territorios. “Este conglomerado
de proyectos viene a arrebatarnos nuestros territorios. Los habitantes
de la comunidad garífuna de Puerto Castilla (Trujillo) ya están siendo
desalojados y desplazados. La comunidad de Cristales y Río Negro, de
Guadalupe, San Antonio y Santa Fe ya sufrieron la pérdida de buena parte
de sus territorios a raíz de la implementación de proyectos turísticos.
Afortunadamente la población ha reaccionado, se ha organizado,
defendido y ha echado a andar importantes procesos de recuperación de
las tierras ancestrales”, agregó Miranda.
En Guadalupe, por
ejemplo, un grupo de jóvenes, con el apoyo de la comunidad, recuperó un
terreno de unas 3,3 hectáreas que habrían sido vendidas ilegalmente al
ciudadano canadiense Patrick Daniel Forseth, gerente general y
representante legal de la corporación turística de capital canadiense Carivida S.de R.L. Lo mismo está ocurriendo en diferentes lugares de la zona de Trujillo.
Lamentablemente, exigir y hacer respetar el derecho a la tierra ha
desencadenado todo un proceso de criminalización y judicialización en
contra de las comunidades garífunas.
Criminalización y judicialización
Dirigentes y activistas de la OFRANEH fueron demandados por usurpación de tierra, calumnia y difamación. Algunos de ellos fueron detenidos en repetidas ocasiones,
como es el caso de Medalime David, César Geovany Bernárdez y Celso
Guillén. Otras, como Miriam Miranda, Neny Heidy Ávila, Lety Hernández y
la misma Medalime David, fueron demandadas y esperan ser citadas por la
primera audiencia.
“Nos están enjuiciando por calumnia y
difamación. Nosotras solamente nos pronunciamos por la violación de los
derechos territoriales de las comunidades garífunas. Tenemos suficientes
evidencias de lo que ha significado el acaparamiento ilegal de tierras,
así como la manipulación de los ‘impartidores de justicia’ en contra
del pueblo garífuna”, manifestó Miranda.
Con respecto al caso de
Celso Guillén, quien a pesar de haber sido sobreseído de todos cargos ha
sido detenido dos veces de manera ilegal e injustificada, la dirigente
indígena aseguró que se trata de un claro caso de persecución y
criminalización de los defensores del pueblo garífuna. “El juez nunca
transmitió el resultado de la sentencia absolutoria a las demás
instituciones del Estado. De esta manera, nunca se revirtió la orden de
captura inicial. Esto es terrible, es algo premeditado. Lo hacen con
alevosía y con la clara intención de hacerle daño al compañero. La
presión ya se ha vuelto insostenible”, dijo.
La posible
imposición de una oleada de proyectos extractivistas –incluyendo a los
turísticos– choca abruptamente con una de las demandas históricas de los
pueblos indígenas, es decir el derecho a ser consultados de forma
previa, libre e informada. Un derecho que está garantizado por el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre poblaciones
indígenas y tribales, pero que casi nunca es respetado por los Estados.
“Ha
sido un tema manipulado por el Estado de Honduras que, con el apoyo del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha tratado de hacer aprobar una ley que de hecho se revierte en contra de los mismos pueblos.
Es un remedo de consulta que no aceptamos, que rechazamos en cuanto
pretende legitimar la expoliación de territorios, la explotación de los
bienes comunes, la violación de derechos humanos, el desalojo de
comunidades enteras”, aseguró la dirigente garífuna.
“Un Estado –continuó Miranda– que ya tiene pies hinchados por el incumplimiento de las dos sentencias condenatorias dictadas en el 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH), en relación a las comunidades garífunas de Triunfo de la
Cruz y Punta Piedra. Ya fue condenado una vez, pero no le interesa. No
sólo no cumple la sentencia, sino que vuelve a imponer las mismas
prácticas violatorias que lo llevaron a perder los juicios
internacionales. Esto ya raya en el racismo y la discriminación. Quieren
vaciar nuestros territorios para luego entregárselos al capital
transnacional y a sus proyectos de muerte”, concluyó la coordinadora de
la OFRANEH.
Este artículo forma parte del
proyecto Turisme Responsable: una eina d'Educació per a la Justícia
Global, ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona en la convocatoria del Programa de Educación para la Justicia
Global 2017.
Fuente: ALBA SUD
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