La crisis de las
economías dependientes latinoamericanas, vinculada a la del sistema
mundial capitalista, agrava los conflictos de clase precipitando a
nuestros pueblos al mayor deterioro de la soberanía y socavamiento de la
democracia. Los impactos de la crisis en nuestros países, conducen a la
guerra del capital contra el trabajo, lo que implica que las clases
dominantes (locales y trasnacionales) no cedan ni un átomo de valor
económico y político en el complejo sistema de dominación. Los
imperativos de la etapa actual del capital tienden a arrastrar las
propias necesidades y derechos sociales fundamentales. El signo de
nuestro tiempo está marcado por una radical ofensiva de la
contrarrevolución en América Latina unida a la agresiva y militarizada
reformulación geopolítica del imperialismo a nivel global.
Los
gobiernos estadounidenses de Obama y Trump, han reaccionado, con
extraordinaria fuerza, a las victorias de los gobiernos progresistas
sobre las “democracias gobernables” impuestas a nivel continental (de
ahí las “cláusulas democráticas” de la OEA) por los mismos gobiernos de
Estados Unidos. Más aún, éstos han venido reaccionando en clave
geopolítica ante la profundización de las relaciones económicas de estos
gobiernos con las potencias de China y Rusia [1]. Así, la región
experimenta el salto cuántico de las condiciones formales de las democracias “controladas” a los Estados de excepción que adquieren cada vez mayor profundidad.
La ofensiva para-fascista de la derecha oligárquica local y las fuerzas
del imperialismo sobre la región, ha venido disponiendo de un amplio
abanico de cartas utilizadas, una a una en función de la inestable
correlación de fuerzas en cada uno de nuestros países. Hasta ahora, se
han puesto de relieve los golpes de Estado “de nuevo tipo”, constituidos
mediante la salvaguardia del “Estado de Derecho”, las magnas
operaciones contra la corrupción y la instrumentalización política de
los poderes de Justicia (Lawfare [2]), además de los procesos de
criminalización de la protesta social, y la acentuación de ésta con la
militarización de las sociedades, procesos que elevan a rango
“constitucional” al Estado de excepción permanente. Estos
recursos han predominado de un modo heterogéneo en Honduras (2009/2018),
Paraguay (2012), Brasil (2016/2018), Ecuador (2018), Argentina
(2017-2018), México (2017-Ley de Seguridad Interior). Por otro lado,
Venezuela experimenta, además de los fracasos golpistas mediante estos
procesos señalados y otros más, una enorme ofensiva de desestabilización
y “guerra no convencional”, entre las que sobresalen, el furioso
despliegue de la guerra económica y la amenaza de una
intervención militar de corte mediática “humanitaria”, amparada por las
condiciones infra-soberanas del Grupo de Lima en una nueva e ignominiosa
especie de MINUSTAH, al tiempo que el pueblo venezolano ha propinado
una nueva, contundente e inédita victoria con el 68% de los votos contra
la reacción en este histórico 20M.
La degradación de la Justicia como instrumento político, tiene sus raíces -en la era neoliberal- en la destrucción del pacto social
basado en el intercambio de concesiones y protección social (de ningún
modo universal) entre el Estado y clases dominadas, el cual dotaba de
legitimidad al régimen político que precedió al neoliberalismo. La
ruptura del pacto por el viraje neoliberal precipitó la crisis de
legitimidad del régimen agravada con la acentuación de la
superexplotación del trabajo y la crisis de la democracia representativa
centralizada en las manos de las oligarquías. Estallaron entonces las
crisis políticas en toda la región latinoamericana a finales de siglo. A
partir de aquí se configura la sustitución de esta forma de
consentimiento por una nueva modalidad de legitimidad (para nada
exitosa) del sistema de dominación. Las grandes campañas contra la
“corrupción” y la afirmación prevaleciente del “Estado de Derecho”,
constituyeron el factor central de una forma abstracta de
legitimidad vinculada a los nuevos regímenes democráticos hegemonizados
por el discurso abstracto de la “igualdad política”, el “pluralismo”, y
la “ciudadanización política”, preservados éstos por el “Estado de
Derecho”. El neoliberalismo es también “una superestructura ideológica y
política”, señalaría en su momento Göran Therborn.
Con la nueva
relación de fuerzas en la región y las limitantes de los gobiernos
progresistas para modificar las bases institucionales del aparato de Estado (no es el caso de Venezuela y Bolivia con sus extraordinarios poderes constituyentes sustentados en el poder popular),
asistimos al re-despliegue de enormes cruzadas contra la corrupción y
el aseguramiento “pleno” del “Estado de Derecho”, en tanto formas
encontradas por las clases dominantes locales y el imperialismo, para
frustrar a los gobiernos ajenos a sus intereses. No obstante, dentro del
multidimensional abanico estratégico del capital, señalamos al menos
otras dos cartas que demandan su rigurosa discusión. La primera versa
sobre la metamorfosis del Estado de Derecho en Estado de derecho de excepción que pretende efectivizar y legitimar el derecho a la fuerza del Estado con la militarización
de la vida social, precisamente en un periodo histórico caracterizado
por la lucha por los derechos laborales y colectivos vaporizados con la
espiral de la crisis estructural del capital. Colombia, México, Brasil, Perú, Honduras, Argentina, destacan dentro de esta morfología estatal.
La segunda carta, quizá la vía maestra del capital, alcanza las capas
tectónicas de las estructuras sociales de nuestros países. Se refiere, grosso modo,
a un proceso de deconstrucción neoliberal de la política y de la
democracia, que pone en juego, mediante una conculcación de derechos
políticos (el inhabilitamiento del Demos), un proceso dedespolitización de la democracia (despojo de la política). Se trata de una neoliberalización de la política y de la democracia que las constriñe a un carácter cada vez más abstracto ypuro,
esto es, aislándolas en una dimensión que el capital presenta como
exclusivamente “política”. Dentro de esta perspectiva, el capitalismo
manipulatorio de nuestra época se interesa en circunscribir a “la
política” dentro del ámbito restringido de las instituciones,
competencias electorales, participación “ciudadana”, “gestión de
gobierno”, etc., una serie de “comportamientos estrictamente políticos”
con enorme repulsión a cualquier vínculo con lo económico y sus
fundamentos estructurales. De igual modo, orienta y reconstituye a la
“democracia” sobre la base de una independencia respecto a la producción y reproducción material de la vida social, desprendiéndola de sus determinaciones económicas y sentidossociales, es decir, inhabilitándola
de cualquier capacidad (incluso de dirimir) para incidir sobre
modificaciones de carácter económico-estructural.
Sobre una
portentosa “ficción real”, se ha venido estableciendo una “ruptura entre
la economía y la política en el mundo del capital” [3], la cual lleva a
constituir a la “democracia” degradándola a una dimensión “política”
abstraída de todo contenido sustantivo, alienándola dentro de una forma
superior. Si el poder del Demos incidiese en lo económico,
aplasta “las libertades” y junto con ello, erosiona el orden “natural”
de “lo económico”. Es esta la narrativa del capital en la decadente era
neoliberal. Las clases dominantes pretenden someternos a esta forma democrática del Estado oligárquico latinoamericano, forma sutil de exclusión y despolitización
La capacidad de invulnerabilidad de lo económico establecida mediante
este proceso de neoliberalización de la democracia, termina por radicar
en el “Estado de Derecho”, así como en la “confianza en la fortaleza
institucional” que éste resguarda.
Por ejemplo, en su momento,
el exjefe del Banco de México, Agustín Carstens, señaló que “el mejor
antídoto contra el populismo es que existan instituciones robustas como
es el caso del banco central” [4], institución que se vanagloria por
operar de un modo “independiente a los ciclos políticos”. Así también,
el influyente empresario Miguel Alemán Velasco, en el foro “México
Cumbre de Negocios”, nos obsequia una auténtica pieza del despotismo del
capital de nuestros días, cuando advierte ante el depositario del poder
Ejecutivo en México: “es preciso consolidar la fortaleza institucional
del Estado mexicano para obtener un modelo de gobernabilidad
constitucional y una reforma para consolidar un estado de derecho que
asegure que nuestro modelo de desarrollo no sea sujeto a visiones
personales” [5]. En este sentido, hay que entender la proliferación
actual de los “decálogos” dictados por distintas fracciones del capital
[6], en el marco de la campaña electoral en México, así como otra serie
de intervenciones de estas fuerzas en la región [7].
En suma, el lugar que ocupa la política, el Estado de Derecho y la democracia en
el mundo del capital, es el de otorgar previsibilidad sobre la
invulnerabilidad de las bases económicas, esto es, inmunizar los
intereses y poderes económicos, o lo que es lo mismo, perpetuar las
bases prevalecientes del patrón de reproducción del capital. La
existencia y aseguramiento de “un régimen legal e institucional que
brinde certidumbre” [8], los organismos empresariales que exigen
“confianza y certeza jurídica” [9], en suma, los llamados “blindajes” y
“candados” jurídicos (nacionales e internacionales) para impedir cambios
en el “modelo de desarrollo”, se encuentran en el corazón de este
proceso de despolitización de la democracia cuyo principal impacto reside en el despojo de la política a las clases populares. Quien osara modificar el orden institucional amparado en una sustantiva capacidad delDemos (al
que el capital pretende alienar), no haría sino “patear la mesa” en una
“afrenta” al “Estado de Derecho”, lo cual se atendría a la intervención
del Poder Judicial (asesorado en Washington) para asegurar el statu quo.
En México se agudiza esta carta del capital, la cual en Venezuela ha
logrado quebrantarse. De ahí parte del brutal recurso a “todas las
opciones políticas” (Marco Rubio, El País, 21/05/2018) con el golpe de Estado permanente a la revolución bolivariana. Con el histórico 20M y la nueva etapa de combate a la guerra económica, el poder popular en Venezuela camina en las antípodas de la democracia neoliberal en la época del capitalismo manipulatorio.
Notas:
[1] Véase nuestro trabajo “13 tesis sobre el trumpismo imperialista de Rex Tillerson y su expedición por América Latina”, www.lahaine.org, 10/02/2018, https://www.
[2] Silvina Romano, et all., “Lawfare: la vía ´justa´ al neoliberalismo”, www.celag.org
[3] Jaime Osorio, “La ruptura entre economía y política en el mundo del capital”, Revista Herramienta.com.ar, 09/10/2013. Consúltese en: http://www.herramienta.
[4] El Economista, 23/03/2017, https:
[5] “Empresarios: necesaria, reforma que dé continuidad al modelo de desarrollo”, La Jornada, 24/10/2017, http://www.
[6] Ver el “decálogo” de la Asociación de Bancos de México, El Economista, 4/04/2018, https://www.
[8]
El presidente de México señala ante Ángela Merkel y “ante
representantes de la poderosa industria alemana en una abierta
invitación para llevar sus capitales al país”: “México ha removido
obstáculos y creado condiciones para el despegue de su economía en los
próximos años y tiene además ´un régimen legal e institucional que
brinda certidumbre a los inversionistas y emprendedores, conscientes de
que ésta es la única base firme para el bienestar y la prosperidad’. La Jornada, 23/04/2018, http://www.
[9] “En su desplegado, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) condenó
las expresiones de López Obrador y sostuvo que las condiciones de
confianza y certeza jurídica son fundamentales…” La Jornada, 4/05/2018, http://www.
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