Sentencian a 4 oficiales por desaparición forzada, tortura y violación en un caso de 1981
Integrantes
de la familia Molina Theissen se abrazan tras el fallo judicial que
condena a más de 30 años de prisión a los generales retirados Benedicto
Lucas, ex jefe del Estado Mayor del ejército, y Manuel Callejas, así
como a los coroneles jubilados Francisco Gordillo y Hugo Zaldaña, por la
desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theissen y la
violación y tortura de su hermana, Emma Guadalupe, en 1981, durante la
guerra civil ocurrida entre 1960 y 1996 en el país centroamericano
Cárcel a ex militares en Guatemala por crímenes durante la guerra civil
Familiares de Marco Antonio y Emma Guadalupe Molina Theissen celebran fallo de la justicia
Emma Theissen, madre de Marco Antonio Molina, desaparecido en 1981 por
el ejército cuando tenía 14 años, poco antes de escuchar la sentencia
contra los militares que se llevaron a su hijo y que previamente habían
violado y torturado a su hermana Emma Guadalupe (en la imagen derecha).
Ambas fueron captadas en la corte guatemalteca
Un tribunal de Guatemala condenó este miércoles a penas de más de 30
años de prisión a cuatro militares de alto rango retirados, por la
desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theissen y la
violación y tortura de su hermana, Emma Guadalupe, en 1981, durante la
guerra civil (1960-1996).
El juez Pablo Xitumul leyó la sentencia contra los generales
retirados Benedicto Lucas –ex jefe del Estado Mayor del ejército– y
Manuel Callejas, y los coroneles jubilados Francisco Gordillo y Hugo
Zaldaña.
A Lucas, Callejas, Gordillo y Zaldaña les impusieron 33 años de
cárcel por crímenes de lesa humanidad y violación agravada, por los
vejámenes cometidos en un cuartel contra Emma Guadalupe Molina Theissen.
Por la desaparición forzada de su hermano, Marco Antonio, fueron
sentenciados a 25 años más de prisión todos los militares, excepto
Gordillo.
El tribunal absolvió de los cargos al quinto implicado, el general retirado Edilberto Letona, agregó el juzgador.
La condena fue decidida unánimemente por los tres jueces que integran
el Tribunal de Mayor Riesgo C, uno de los que revisa en Guatemala los
casos de alto impacto social.
El tribunal consideró que los militares actuaron contra civiles y
se extralimitaronen la doctrina de lucha contra los grupos insurgentes durante el conflicto armado.
Decenas de activistas, que esperaron casi 14 horas para escuchar la
sentencia, aplaudieron y se abrazaron, mientras familiares y allegados
de los militares gritaron consignas en favor de los condenados y
cantaron el himno del ejército.
La familia Molina Theissen obtiene justicia después de casi 37 años de lucha. Este proceso, reparatorio, reconoce su verdad, declaró la costarricense Marcela Martino, subdirectora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Las fuerzas armadas guardaron silencio por las condenas contra los ex
jefes castrenses y el vocero de la institución, Óscar Pérez, se limitó a
indicar que el ejército es
respetuoso de la decisión de los órganos jurisdiccionales.
Molina Theissen fue secuestrado por una unidad del ejército en
la casa de sus padres, en la capital guatemalteca, el 6 de octubre de
1981, cuando tenía 14 años, y a la fecha continúa desaparecido.
El secuestro fue cometido un día después de que su hermana, en esa
época de 21 años, escapó de un cuartel militar en el oeste del país
donde sufrió torturas y violación en varias ocasiones por soldados.
Quiero decir a los señores acusados que les devuelvo la vergüenza, que les devuelvo el terror (...) Ojalá tengan un poquito de honor y nos digan dónde está Marco Antonio, dijo este lunes durante la fase final del proceso Emma Guadalupe sobre su hermano.
Los militares en retiro, detenidos desde enero de 2016,
desacreditaron las acusaciones y señalaron que el juicio perseguía un
resarcimiento económico, algo que rechazó la familia.
Benedicto Lucas es hermano del fallecido Romeo (1978-1982), derrocado
por un golpe de Estado que llevó al poder al recién fallecido ex
dictador Efraín Ríos Montt.
Gordillo, uno de los condenados, formó parte de un triunvirato militar que gobernó tras el golpe.
Por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado
guatemalteco pidió perdón en noviembre de 2006 por la desaparición del
menor.
Lucas escuchó la sentencia del tribunal por videoconferencia desde el
hospital militar donde se encuentra recluido. A pesar de las penas, la
legislación guatemalteca estipula que una persona sólo puede pasar hasta
50 años en prisión.
El conflicto armado guatemalteco dejó unos 200 mil muertos y
desaparecidos, según un informe de la Organización de las Naciones
Unidas, que responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado de 93
por ciento de las violaciones de los derechos humanos cometidas en ese
lapso.
Foto Afp
Afp
Periódico La Jornada
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