Nicaragua
Ahora le tocó el turno a
Nicaragua; un país con envidiable estabilidad en una región inestable y
después de sucesivas guerras; con índices de crecimiento de alrededor
del 5% en los últimos diez años; con altos índices de seguridad
ciudadana; y según datos del PNUD, uno de los países latinoamericanos
con mayor disminución de la pobreza y de la desigualdad social durante
ese mismo período de tiempo, o sea desde que volvió el sandinismo al
poder.
Durante poco menos de una semana, el país literalmente, ardió.
El detonante fue una reforma al seguro social –ya derogada–, que
consistía en aumentar levemente las cotizaciones a los trabajadores y en
mayor medida a los empresarios, y establecerla para los jubilados. Otra
medida fue hacer que quienes devengan salarios superiores a determinada
cantidad, paguen sus cotizaciones conforme al total de lo que ganan y
no solamente hasta un determinado monto, como ha sido hasta ahora. Esta
última medida tuvo como objetivo disminuir las posibilidades de los
empresarios de desangrar la seguridad social al reportar altos cargos
fantasmas con enormes sueldos, para luego cobrar al sistema de seguridad
social los beneficios correspondientes. Pero el objetivo general del
conjunto de medidas tomadas era resolver la crisis financiera del
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ocasionada por la
mayor cobertura de la seguridad social y la mayor cantidad de beneficios
que ésta otorga a los trabajadores. Esta fue la alternativa encontrada
por el gobierno para no aplicar la propuesta del FMI, de aumentar la
edad de jubilación y la cantidad de semanas requeridas para ésta, y
eliminar las pensiones a víctimas de guerra y la pensión reducida a
quienes teniendo edad de jubilación no hayan completado la cantidad de
semanas, beneficio que implementado por el sandinismo al poco tiempo de
haber regresado al gobierno en 2007.
Como puede verse, las
medidas tomadas eran menos perjudiciales para los trabajadores que las
planteadas por el FMI, las cuales habían sido respaldadas por los
empresarios privados, quienes se manifestaron en contra de la reforma
aprobada y que fue luego derogada; lo cual es normal, ya que los
principales afectados eran los empresarios y quienes devengan altos
salarios.
Por tanto, no es de extrañar que ningún sindicato y
ningún trabajador hayan salido a protestar, a excepción de los empleados
de las grandes empresas privadas – a quienes por cierto, éstas no dejan
sindicalizarse –, obligados a marchar por sus patrones, los empresarios
afiliados al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Pero el
protagonismo lo tuvieron varios grupos de estudiantes universitarios,
sobre todo en algunas universidades privadas que reciben subvención
pública para facilitar el acceso a ellas de jóvenes con escasos
recursos.
Las protestas comenzaron con pequeños piquetes
organizados por jóvenes de clase media alta y clase alta, que de manera
recurrente organizan ese tipo de actividades en contra del gobierno
sandinista. La variante esta vez fue que los enfrentamientos entre ellos
y los jóvenes sandinistas de los barrios populares – llamados “turbas”
por la derecha – generó un sentimiento de solidaridad en una buena parte
del estudiantado universitario, que escaló la protesta colocando
barricadas en la vía pública y enfrentándose a la policía con armas de
fuego caseras, cuando ésta intentó despejar la vía.
Este fenómeno
fue producto de la percepción generalizada de que la reforma afectaba a
los trabajadores y a los jubilados, mientras que como contrapartida no
hubo un proceso de discusión y apropiación de las medidas, lo cual hizo
que los posibles defensores de la misma no supieran qué defender y por
tanto, en su mayor parte no estuvieran motivados para hacerlo, lo cual
fue un factor decisivo para la tardía respuesta del sandinismo
políticamente organizado en los barrios e instituciones del Estado, y
del movimiento social afín al sandinismo. Esto fue también en parte lo
que motivó la participación en contra de la reforma, de grupos de
estudiantes y jóvenes en general que asumían estar defendiendo
reivindicaciones que consideraban justas, pero que ahora corren más
peligro que nunca ante la correlación de fuerzas que habrá en el
necesario diálogo nacional instaurado para ver este y otros temas;
correlación que es producto, precisamente e irónicamente, de las
protestas.
La confrontación fue en aumento, hasta que la
situación se salió de control para las autoridades y proliferaron los
enfrentamientos entre detractores y defensores, ya no tanto de las
reformas, sino del gobierno sandinista, que ha contado durante los
últimos ocho años con un respaldo popular invariablemente superior al
60%. Al fragor de la confrontación aparecieron armas de guerra y con
ello, inevitablemente, los muertos de uno y otro lado, incluyendo
policías, ya que hubo también armas mortales en manos de los grupos
enfrentados a las autoridades. De igual manera, durante dos días
seguidos proliferaron los incendios de edificios públicos, ataques a
instituciones y saqueos a negocios privados, sobre todo supermercados,
casi todo perpetrado obviamente, por el bando antigobierno.
El
Presidente Daniel Ortega se dirigió a la nación durante los dos días más
violentos del enfrentamiento, primero para llamar al diálogo y luego,
para anunciar la derogación de la reforma que motivó el inicio de las
protestas. A solicitud de ambos sectores enfrentados, la Conferencia
Episcopal de la Iglesia Católica aceptó ser mediadora en el diálogo,
aunque algunos obispos se han declarado abiertamente en contra del
gobierno.
La situación volvió a la calma cuando el Presidente
declaró que se derogaba la reforma a la seguridad social, para buscar
otras opciones en el diálogo nacional. A continuación, pequeños grupos
politizados permanecieron protestando, repudiando el diálogo y exigiendo
la renuncia del Presidente, en aras de lo cual han permanecido
incitando a la violencia desde los medios de comunicación controlados
por ellos, y a través de éstos divulgando cifras falsas que aumentan
cada vez más la cantidad de fallecidos en las protestas, para lo cual
incluyen en sus listas a personas cuya muerte no tuvo nada que ver con
los hechos violentos ocurridos, entre los que además se debe mencionar
el hecho de que la delincuencia aprovechó la situación para atacar a las
autoridades del orden público e incluso, fueron muchos los casos de
enfrentamientos entre diversos grupos delincuenciales por el control de
territorios; lo cual también ocasionó muertes, pero no hizo que la
situación de violencia se prolongara, debido a que tales grupos en
Nicaragua no tienen ni de cerca la capacidad organizativa y operativa de
las maras, que son características de los tres países vecinos del
Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras. Actualmente, la Fiscalía
General de la República investiga los hechos para proceder a acusar
formalmente a las personas que sean encontradas como responsables de las
muertes ocurridas, y por iniciativa de la bancada sandinista en la
Asamblea Nacional, ésta formó una Comisión de la Verdad integrada por
personalidades de prestigio en el país, ajenas al conflicto. Sin
embargo, en la percepción general tanto dentro como fuera de Nicaragua,
se ha instalado el mito de que hubo una masacre estudiantil perpetrada
por la Policía Nacional, lo cual es absolutamente falso.
Es
posible que tanto las reformas en sí como el método para implementarlas
no hayan sido lo mejor, pero no puede negarse que con ellas se intentaba
frenar las políticas que pretende imponer al país el FMI con respaldo
de la empresa privada, que precisamente por eso no respaldó las reformas
del gobierno, apoyó las protestas e incluso, inicialmente pretendió
condicionar su participación en el diálogo. Esto constituyó una ruptura
temporal del mecanismo de consenso que se ha venido implementando con
participación del gobierno, los sindicatos y el sector privado para
definir cosas tales como los aumentos al salario mínimo, la política
fiscal y demás aspectos de la vida económica y laboral del país.
Llama
la atención que la escalada violenta se haya presentado simultáneamente
en varias de las principales ciudades del país, y que se haya
desarrollado con métodos similares en todas partes donde esto sucedió.
También es llamativa la similitud entre estos hechos y el formato de
desestabilización aplicado por el imperialismo en los países árabes. Es
curioso ver a alguien como Ileana Ross-Lethinen y a toda la fauna
ultraderechista norteamericana y latinoamericana respaldando lo que
pretende presentarse como una protesta social en contra de políticas
neoliberales. Lo alucinante, sin embargo, es ver cómo algunos opinadores
autoconsiderados de izquierda cierran filas en contra del sandinismo a
raíz de lo sucedido, acusando al gobierno nicaragüense y al Presidente
Daniel Ortega, de haber abandonado los principios revolucionarios, y
presentando como los verdaderos sandinistas a los “renovadores” que
renunciaron al socialismo y al antimperialismo a raíz del derrumbe
soviético, y que no han dudado en acudir desde hace ya algún tiempo ante
los sectores más reaccionarios del Congreso norteamericano a solicitar
sanciones económicas contra Nicaragua.
Se acusa al gobierno
sandinista y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, de estar
dirigido por corruptos, y se habla del surgimiento de una burguesía
sandinista. Sin embargo, curiosamente la actual burguesía sandinista fue
precisamente la que abandonó el FSLN y fundó el Movimiento Renovador
Sandinista (MRS), al cual se sumaron a mediados de los noventa la
mayoría de quienes fueron los más altos dirigentes políticos y
gubernamentales de la Revolución Sandinista en la década de los ochenta,
y cuando el sandinismo perdió el poder fue este sector el que se
apropió indebidamente de bienes públicos y se alió con la derecha
gobernante, como continúan hoy respaldando a los candidatos más
reaccionarios de la derecha en las elecciones, mientras atacan al FSLN
por las negociaciones que hizo con un sector de la derecha cuando era
oposición, y que era la única posibilidad de elegir magistrados y
contralores debido a disposiciones jurídicas promovidas por los mismos
“renovadores” a espaldas del pueblo y en alianza con otro sector de la
derecha; pero ocultando el hecho de que el FSLN jamás ha ido a
elecciones en alianza con ninguno de los dos sectores de la derecha en
Nicaragua: la oligarquía de la que es aliada el MRS, ni el sector de la
burguesía plebeya con el que años atrás el FSLN llegó a acuerdos sin los
que el sandinismo no habría vuelto al poder; acuerdos que incluso,
fueron criticados desde dentro del FSLN, pero sin que por ello quienes
equivocadamente los criticamos dejáramos de apoyar al FSLN y sus
candidatos en las elecciones siguientes.
Ningún burgués fue visto
en las manifestaciones del sandinismo en defensa de la Revolución
durante los reciente acontecimientos; en cambio, en las manifestaciones
de la derecha era notoria la presencia entusiasta de la burguesía
nicaragüense, inconfundible como en todas partes por su buena ropa “de
marca”, sus pañuelos y gorras, sus caros lentes oscuros, sus refinados
modales y en el caso de América Latina, su piel blanca heredada de los
colonizadores que con el despojo a nuestros pueblos originarios, dieron
origen a sus fortunas teñidas de la sangre indígena y del sudor de los
esclavos, así como de los obreros y campesinos que en Nicaragua, con
Sandino, levantaron la frente para siempre y para admiración de los
pueblos del mundo, enfrentando a sus opresores de adentro y de afuera
con valentía sin igual, como se disponen ahora a defender las conquistas
revolucionarias, alcanzadas por el sacrificio de más de ochenta mil
nicaragüenses caídos en la guerra de liberación contra el somocismo y en
la guerra de los ochenta en defensa de la Revolución Sandinista, que
hoy como ayer advierte al imperialismo y sus lacayos, que NO PASARÁN.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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