Los pueblos
indígenas en Honduras atravesamos por una grave crisis ante la ofensiva
para la apropiación de territorios y “recursos”, al mismo tiempo que el
endeble estado de ley existente en el país, se ve afectado por la
desaparición de la independencia de poderes, dando lugar a siniestros
abusos de los derechos humanos y presiones territoriales que desembocan
en desplazamientos poblacionales.
Los
informes de diferentes relatores de Naciones Unidas y de ONGs
especializadas en la temática de derechos humanos, exponen la grave
situación que atravesamos los pueblos indígenas, en Honduras y el grave
riesgo que corren las defensoras del la madre tierra.
La reciente absolución del exalcalde de Intibucá Martiniano Domínguez
Meza, por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, en relación al caso
de la hidroeléctrica de Agua Zarca, demuestra la capacidad de distorsión
del estado de Honduras en relación a la socialización efectuada por la
empresa DESA la cual ha sido convertida en consulta previa. El asesinato
de Berta Cáceres, sacó a relucir las artimañas a las cuales recurre la
élite empresarial y política del país. Hasta la fecha los autores
intelectuales del crimen no han sido sindicados; y hasta el momento los
militares y sicarios que participaron en el asesinato, son los únicos
que permanecen en prisión, a la espera de una supuesta sentencia. Todo
indica que la Consulta Previa, Libre e Informada, consignada en el
Convenio 169 de la OIT, es un obstáculo para los planes de “desarrollo”
impulsados por las políticas neoliberales. Desde 1995, cuando fue
ratificado por Honduras el Convenio 169, el Estado adquirió la
obligación de crear un mecanismo de consulta previa, el cual sin embargo
ha diluido sistemáticamente, confundiendo de forma deliberada
socialización con consulta previa.
Desde
el año 2003, la OFRANEH instó al Estado a efectuar una consulta en
relación al anteproyecto de Ley de Propiedad, promovida por el Programa
de Administración de Tierras (PATH) en San Juan Tela (Durugubuti),
siendo la consulta previa efectuada en septiembre de 2003. La asamblea
comunitaria rechazó las versiones de ley presentadas por los
representantes del estado, ante el peligro de la disolución de la
propiedad comunitaria. Para junio de 2004, el Congreso Nacional aprobó
la Ley de Propiedad, la que permite finiquitar la propiedad comunitaria.
La OFRANEH llevó el caso ante el Panel de Inspección del Banco Mundial,
el cual señaló que el Estado de Honduras no se apegó al Convenio 169,
sin embargo la Gerencia del Banco no efectuó ninguna acción en
referencia a la Ley de Propiedad.
Es
hasta el 2012 que el Estado, presionado por el Programa Reducción de la
Deforestación y la Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en
inglés) inicia los primeros pasos para la creación de una Ley de
Consulta. El PNUD en Honduras asume el rol de acompañante, y
conjuntamente dan los pasos iniciales en la preparación del propuesta de
país en relación a los REDD.
Para el año
2015 tanto la Dirección de Pueblos Indígenas y Afro descendientes
(DINAFROH) y la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH)
elaboraron sus propios anteproyectos de Ley de Consulta. De igual
manera el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de
Honduras (ODIPINH) concretó una versión de ley. No obstante, el PNUD
para el 2016, comienza un proceso de socialización el cual denominó
consulta sobre un anteproyecto de ley, elaborado por el consultor
peruano Ivan Lanegra, similar a la Ley de Consulta del Perú, la que
excluye el consentimiento como parte esencial de la consulta.
Las denuncias interpuestas por organizaciones y comunidades indígenas
que no se encuentran bajo la esfera de influencia de la actual
dictadura, dieron una alerta sobre la distorsión a la consulta previa,
promovida por funcionarios estatales y el PNUD. La relatora de Naciones
Unidas para pueblos indígenas, la Sra. Vicky Tauli-Corpuz efectuó una
visita al país, en relación a la imposición del anteproyecto elaborado
por Ivan Lanegra y la distorsión del espíritu del Convenio 169.
La relatora fue enfática sobre la importancia de la Consulta sobre la
Consulta, ademas los tiempos y procedimientos para crear un mecanismo de
consulta. Las observaciones adicionales presentada por la relatora en
junio del año pasado, han sido ignoradas por el Estado, el que entre
otras procedió a a imponer una ley de Incentivos al Turismo sin haber
efectuado consulta alguna.
Es de
una enorme importancia que el Programa REDD, PNUD y el AVA FLEGT, tomen
en cuenta las recomendaciones de la Relatora Tauli-Corpuz, para así
lograr que se doten de mecanismos de consulta a los pueblos indígenas,
los cuales reflejen las cosmovisiones de los pueblos y estén dirigidos a
preservar las culturas y territorios.
Los territorios de los pueblos indígenas en Honduras se han convertido
en un objetivo tanto para empresarios, crimen organizado,
transnacionales y el mismo estado que a través de las “ciudades modelo”
(ZEDE) pretende subastar territorios al capital extranjero.
La bahía de Trujillo se ha convertido en un laboratorio de despojos
previos la implementación de la ciudad modelo (ZEDE). El neoclonialismo
practicado por un grupo de "empresarios" canadienses, que han impulsado
la apropiación territorial y la criminilización de las liderezas
Garífunas que se oponen al despojo. La farsa de la denominada “guerra
contra las drogas” ha tenido resultados funestos en Honduras. Mientras
la costa norte pasó a manos del crimen organizado, y aparentemente
funcionarios de la administración de Porfirio Lobo se aliaron a
siniestros personajes asociados con los carteles de las drogas; las
comunidades Miskitas y Garífunas fueron satanizadas y perseguidas por
las fuerzas de seguridad de honduras asesorada y acompañada por agentes
de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en
inglés).
La masacre en río Patuca, en el
municipio de Ahuas, acontecida el 11 mayo de 2012, tuvo como resultados
las muertes de Juana Jackson y Candelaria Pratt (ambas estaban
embarazadas), el niño Hasked Brooks Wood (14 años) y el joven Emerson
Martínez (22 años). En un vídeo divulgado por el New York Times contradice la versión de la DEA de un enfrentamiento con narcotraficantes hondureños https://www.nytimes.com/es/
El pasado lunes siete de mayo se dio inicio al juicio oral en contra de
diez miembros de la Fuerza Naval implicados en los hechos. Como
aparentemente es costumbre en Honduras, las Fuerzas Armadas trataran de
proteger a los oficiales enjuiciados y es de temer que la
responsabilidad recaerá sobre la tropa que obedeció la cadena de mando.
Demandamos como organización que el estado de Honduras se apegue a
derecho en el caso de los jóvenes Garífunas asesinados en Iriona, además
que se respete los territorios ancestrales y el derecho a la consulta
previa que por presiones del PNUD y el Programa REDD, viene siendo
desvirtuado.
A finales del 2015, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condeno al estado de
Honduras por la violación a la consulta previa y la identidad cultural
de las comunidades Garíiunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Hasta
la fecha el Estado elude el cumplimiento de las sentencias. La OFRANEH
exige el cumplimiento de las sentencias por parte del gobierno, y que
cese la persecución judicial a Garifunas defensores dela madre tierra.
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