Lo que está en juego es la estabilidad social, institucional y política del país
Qué pasa en Nicaragua es una pregunta difícil de contestar. La realidad de la vida y la historia de este país es demasiado diversa y compleja como para quedarse con una única respuesta, por lo que siempre es exigido escuchar y valorar los argumentos y los hechos presentados por todos los actores políticos presentes en una crisis como la que estamos viviendo en Nicaragua en este preciso momento.
Desde el 18 de abril, los nicaragüenses atraviesan una pesadilla de la que resulta imposible despegarse durante el día. Al menos, diez personas han muerto a consecuencia de la violencia desatada en el país a raíz de las manifestaciones estudiantiles convocadas contra la reforma del sistema de pensiones. A la espera de cifras oficiales actualizadas, la prensa y ONG’s locales han denunciado que el saldo es mucho mayor, presentando cifras dispares que en un principio variaban entre los treinta y cuatro y los cincuenta y cuatro muertos.
Sin llegar a cuestionar la autenticidad de las manifestaciones espontáneas de los universitarios nicaragüenses y reconociendo la respuesta inadecuada por parte de la Policía Nacional durante los primeros días de la protesta, es necesario señalar que aún están por investigarse las circunstancias en las que han muerto los ciudadanos fallecidos violentamente en el marco de las protestas de abril, incluyendo la autoría material e intelectual de los asesinatos que se han cometido. Lamentamos profundamente estas muertes y por eso exigimos que se investiguen y se juzgue a las personas responsables.
Pero más allá de la ignominia, detrás del foco de esta crisis política y humana sin precedentes en la Nicaragua del s. XXI, se han producido diversos acontecimientos menos comentados que precisan ser denunciados.
Por ejemplo, los numerosos ataques a las instituciones del Estado nicaragüense. Entre el 19 y el 22 de abril, fueron incendiados, expoliados y/o atacados, entre otros: el Ministerio de la Juventud, el Centro de Insumos para la Salud –que abastece de medicamentos a todos los hospitales del país–, la alcaldía y la delegación Julio Buitrago del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en Managua; las instalaciones del Ministerio de Gobernación y el Centro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en León; y en Ciudad Sandino, la alcaldía y la delegación Oscar Benavides Lanuza del INSS. Fueron atacadas además las alcaldías de Tipitapa, Granada, Jinotepe y Diriamba, y muchas otros edificios de propiedad pública y privada. Algunos de estos ataques logaron ser evitados gracias a los funcionarios del Estado y a los pobladores.
Desconocemos quiénes fueron los autores de los muchos actos vandálicos que se cometieron contra las instituciones del Estado, pero para los que conocemos a los nicaragüenses, es dudoso que la población haya sido la responsable. ¿Fueron los manifestantes? ¿Fueron los jóvenes afiliados al partido sandinista como señalan los opositores del gobierno? ¿O fue un tercer actor?
También llama la atención la escena presenciada por gran número de testigos en varios puntos de la capital, donde personas armadas con AK 47 a bordo de camionetas de alta gama lanzaron ráfagas de disparos al aire. No en cualquier barrio por cierto, sino en barrios deprimidos por la pobreza. A nadie se le pasa por la cabeza en Nicaragua que nuestros universitarios de repente se hayan convertido en peligrosos asesinos potenciales armados con AK-47 que han perdido el juicio. Desde el inicio algunos actores sostienen que la juventud sandinista escenificó tales hechos para confundir a la población desacreditando a los estudiantes universitarios…. ¿En serio?... Ojalá algún día sepamos quiénes se escondían detrás de las pañoletas. Lo que sí podemos intuir, a la luz de los hechos, son las intenciones subyacentes que tenían estas acciones terroristas.
También es necesario denunciar la atroz manipulación de la opinión pública por parte de los medios de comunicación aliados de los actores políticos contrarios al gobierno de Ortega y Murillo, calificando a la derogada reforma del INSS como una masacre contra el bien común, cuando precisamente el espíritu de las medidas –que buscaban el necesario alivio financiero del INSS— perseguía la protección de la población más vulnerable; achacando al gobierno de Ortega y Murillo la autoría del reciente incendio en el Mercado Oriental, sin ningún tipo de pruebas; o aseverando que tras la intervención del Ejército Nacional durante el domingo 22 de abril, que perseguía resguardar la integridad de los bienes públicos, se buscaba en realidad abrir fuego contra la población civil. Mientras tanto, las redes sociales hirviendo con imágenes falsas de tanques en la vía pública, muertos que después han aparecido vivos, o denuncias falsas de decenas de delincuentes supuestamente liberados por la Policía Nacional para provocar el caos.
Todo esto es necesario decirlo, porque así como podemos observar un movimiento ciudadano de genuina repulsa a las políticas del gobierno –aunque ya politizado, como suele ocurrir en Nicaragua—, también podemos intuir la presencia de un tercero, o de terceros actores políticos, que aprovechando la coyuntura, desarrollaron acciones con el fin de desestabilizar social, económica y políticamente al país y forzar un cambio de gobierno, fomentando el odio, haciendo circular información falsa y destruyendo los bienes del Estado. Llevando al Estado al borde del caos institucional.
Distintos actores internos y externos se han apresurado a responsabilizar al presidente Ortega y a la vicepresidenta Murillo de los asesinatos cometidos. Resuenan ya las voces que claman la renuncia del gobierno. Sin embargo, un gobierno electo por la población no puede ceder a las presiones de los actores políticos que, aunque se quieran presentar como portadores del clamor popular, no lo son. Cualquier movimiento en este sentido, ya sea una salida continuista o de ruptura con el actual gobierno, debe estar precedida por las evidencias probatorias que esclarezcan lo ocurrido entre el 18 y el 22 de abril. De lo contrario, el gobierno estaría cediendo ante la voluntad particular de estos actores, y traicionando la voluntad política de la nación nicaragüense expresada en los últimos comicios celebrados.
Actuación rápida y violenta por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes. A esto le llamamos golpe de Estado. Pero en este nuevo siglo, los golpes de Estado tradicionales –fuerzas militares mediante— han quedado para el recuerdo, como una bárbara manifestación de los valores antidemocráticos más anacrónicos. La ciudadanía global los repugna profundamente.
En este nuevo contexto político y social, surgido al arrimo de los nuevos espacios creados para el ejercicio de la ciudadanía en el mundo digital, se han desarrollado nuevas maneras de forzar la destitución de gobiernos legítimos. Nuevas estrategias que nada tienen de pacíficas, pues funcionan fomentando el odio y el terror, totalizando el espacio virtual y desarrollando acciones específicas de forma paralela en las calles. Nuevos métodos muy eficaces si nos encontramos en un caso como el nicaragüense, donde las políticas puestas en marcha por el gobierno de Ortega y Murillo han logrado sacar de la pobreza al 17.6% de la población en el periodo 2009-2016, aumentar la cobertura eléctrica del 54% al 94% de la población en diez años e imprimir un ritmo de crecimiento estable del 5% del producto interior bruto en los últimos nueve años.
Entre tinieblas permanecen estos logros sociales y económicos, opacados por la manipulación de los actores políticos opositores y sus medios afines, que han llegado a la desfachatez de descalificar y desconocer las cifras de contabilidad nacional presentadas por el Banco Central de Nicaragua, las cuales cuentan por cierto con el aval de los organismos económicos internacionales.
Por tanto, lo que ahora mismo está en juego en Nicaragua ya no es una reforma del seguro social, sino la misma estabilidad social, institucional y política del país. Y no es justo que la población nicaragüense tenga que asumir los costos sociales y económicos generados por una permanente polaridad política que afecta de múltiples formas a la convivencia democrática en este país, y que esta vez ha llegado demasiado lejos, creando una escalada de violencia política que ha tenido como resultado decenas de muertos en todo el país, muertos que los actores políticos opositores están usando como mártires para lograr su objetivo político: derrocar el gobierno nicaragüense.
María Augusta Rodrigues Ribeiro. Economista especializada en Género y Políticas Públicas
No hay comentarios:
Publicar un comentario