Según estudio de UNASUR:
Si
bien es cierto que una política pública de salud va mucho más allá de
proveer medicamentos, el acceso asequible de la población a los fármacos
es un componente clave y un elemento fundamental del derecho a la
salud. No obstante, los altos costos de muchos fármacos, las patentes y
las prácticas comerciales de las grandes empresas farmacéuticas hacen
muy difícil que muchos servicios públicos de salud puedan cumplir
adecuadamente con las necesidades en medicamentos de su población.
Toda
vez, si los gobiernos de la región actuaran en forma conjunta, para la
negociación y la compra, tendrían un poder mucho mayor de negociación
para reducir costos y exigir condiciones justas.
Es
justamente lo que está buscando implementar el Instituto Suramericano de
Gobierno de Salud (ISAGS), entidad que forma parte de UNASUR, para lo
cual publicó recientemente un estudio sobre “Compra pública de
medicamentos en los países de UNASUR”.
En su introducción
el estudio destaca el círculo vicioso entre enfermedad, muerte prematura
y pobreza, siendo que uno de los obstáculos para acceder a los
medicamentos es su alto costo, el cual es determinado por factores como:
“la construcción de monopolios, candados normativos, acuerdos
comerciales internacionales y patentes”, y a veces, inadecuadas
políticas gubernamentales.
Por algo, las empresas
farmacéuticas se ubican en la cima del ranking mundial de las industrias
más rentables, según la revista Forbes (2016). Es más, los
medicamentos que les generan mayores utilidades son los que se utilizan
para el tratamiento de enfermedades catastróficas. Podríamos decir que
tienen una clientela cautiva y vulnerable; sin embargo, por los altos
precios, queda excluida la mayoría de enfermos pobres.
El
pretexto para las patentes y los precios altos es alentar la inversión
en investigación de nuevos medicamentos; pero en la práctica, señala el
informe, la industria invierte mucho más (hasta 100% en ciertos casos)
en ventas y marketing que en investigación y desarrollo. Así, “el éxito
económico de la industria farmacéutica se debe al manejo que hace en el
mercado para posicionar sus reglas de juego, las cuales promueven el
consumo selectivo y dependiente de sus productos a través de estrategias
comerciales que resultan cuestionables”. Para ello, acude también a
mecanismos ilegales como sobornos, regalos y apoyo financiero para
actividades profesionales.
Lógicamente, el tratamiento de
la problemática de los medicamentos será diferente en los países en
desarrollo, que tienen poco o nada de industria propia en la materia,
que en países desarrollados que producen sus propios medicamentos y
además los exportan. Los primeros tendrían interés en actuar
conjuntamente para mejorar su poder de negociación.
Por su
parte, los países sede de las grandes farmacéuticas transnacionales
apoyan a su industria en las negociaciones comerciales y en entidades
como la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde presionan por
alargar los plazos para la protección de patentes, entre otros factores.
Comparación de precios
El
estudio de ISAGS desarrolla un análisis de los mecanismos que utilizan
los países de UNASUR para llevar a cabo la compra pública de
medicamentos, e identifica las estrategias y experiencias más exitosas.
En entrevista con ALAI, Carine Vance,
Directora Ejecutiva del ISAGS, comentó que esta línea de trabajo, la
cual define –entre otras cosas– estrategias que pueden ayudar a que los
precios de medicamentos sean accesibles, tanto para la compra pública
como para la ciudadanía en general, es una prioridad regional que ha
sido presentada recurrentemente por los ministros de salud de los 12
países que integran el bloque.
Debido a la complejidad del
tema, la directora de Instituto indicó que UNASUR ha establecido
diversas líneas de acción, entre las que destacó el banco de precios de
medicamentos, impulsado con el financiamiento de los miembros del
bloque. También cuenta con un fondo de iniciativas comunes, donde las
naciones de la región comparten información sobre los medicamentos que
han priorizado, lo que permite hacer un análisis comparativo de los
precios que la industria ofrece a los distintos países.
Vance
resaltó que, a través del banco de precios de medicamentos, se pudo
realizar un análisis de 34 vacunas donde se encontraron grandes
asimetrías en cuanto a los precios. “Si la región puede adquirir al
precio más bajo de esos 34 medicamentos, habría un ahorro regional de
mil millones de dólares aproximadamente por año. Es uno de los
resultados de este estudio”, enfatizó.
Buenas prácticas
En
cuanto a las normativas de regulación de los procesos de compra de cada
país, ISAGS destaca algunas prácticas que dan resultados beneficiosos,
como la referenciación de precios, estrategia que permite a los países
consultar los costos históricos de compra y hacer un análisis
comparativo, tanto de la región como internacionalmente.
“Eso
ayuda a establecer precios referenciales, ayuda en procesos de
negociación con la industria para poder buscar una reducción al precio”,
agregó la Directora.
Otra de las buenas prácticas que
identifica el estudio es la implementación de plataformas tecnológicas
que aseguran la transparencia de los procesos. “Hay varios países de la
región que tienen plataformas tecnológicas para el proceso de
referenciación y para el proceso mismo de la compra pública”, dijo
Vance. Es el caso de Ecuador, cuya plataforma permite la subasta
inversa (el precio menor gana), en condiciones de transparencia para las
empresas y para el público, y que ha significado importantes ahorros al
país.
Carine Vance también destacó el uso de los listados
básicos de medicamentos debido a que actualmente la región se encuentra
ante una coyuntura peligrosa en la que “parecería que cada día hay más
productos innovadores que están tratando de ser introducidos a los
mercados públicos y privados de los países por medio de obtención de
patentes de medicamentos”. Advirtió que muchas veces esos productos no
presentan una innovación, y sin embargo –dijo- hay presiones para que
sean éstos los medicamentos que adquiera el aparato público.
La
Directora de ISAGS indicó que, por este motivo, la evaluación de
tecnologías sanitarias es muy importante como parte de un proceso de
determinación de los listados básicos de medicamentos, los cuales
detallan el perfil epidemiológico del país en base a las patologías que
tiene la población para la cual se van a adquirir los medicamentos.
En
este caso, el estudio incluye un análisis de efectividad del
medicamento y un análisis de costo, para evitar a los países de la
región adquirir el medicamento con costo más elevado cuando la evidencia
científica indica que otra opción más económica tendría los mismos
resultados.
Negociaciones comerciales
Uno
de los problemas que enfrentan los países suramericanos se debe a
cláusulas de protección a las empresas farmacéuticas que se han impuesto
en las negociaciones comerciales. En estas negociaciones (como los
TLCs, la OMC, etc.) se suele tratar a los medicamentos como si fueran
cualquier bien comerciable, no un derecho humano. Al respecto, la
Directora de ISAGS lamenta, justamente, que en este tipo de
negociaciones, pocas veces se cuente con la presencia de representantes
del sector salud que puedan defender las necesidades reales. No
obstante, en la OMC, los países en desarrollo sí lograron, hace unos
años, negociar cláusulas que les permiten, en casos de epidemias, por
ejemplo, obviar estos derechos, mediante la producción de genéricos y
las licencias obligatorias; pero a menudo para un país pequeño que actúa
solo, es muy difícil cumplir con las condiciones para ello.
Para
estas negociaciones, Vance destaca, por ejemplo, la importancia de
tener en cuenta los condicionamientos que se busca imponer a los países
en cuanto a la vigencia de patentes. Así, hay que velar que no se
extiendan los años de vigencia de protección de los datos de prueba (o
sea, la documentación que sustenta la efectividad y la seguridad de un
medicamento). Hay acuerdos donde se establecen cinco años, entonces
resulta perjudicial que, en otras negociaciones, ese tiempo se extienda a
10 años. El acceso a los datos de prueba de un medicamento es una
condición para poder comprobar su efectividad, paso previo necesario
para poder instaurar un proceso de licencia obligatoria, cuando se
evalúa que su accesibilidad es estratégica para responder a las
necesidades de salud pública de su población.
Más allá de
los acuerdos formales, hay casos también donde se ejercen presiones para
truncar las licencias obligatorias de ciertos medicamentos, agregó.
Especialmente, mencionó un caso reciente ocurrido en Colombia, país
donde hubo un intento de detener un proceso de licencia obligatoria de
un medicamento oncológico, por medio de presiones externas contra el
gobierno.
Un futuro incierto
Los
programas que desarrollo ISAGS se cuentan, sin duda, entre los más
exitosos de la UNASUR, y este estudio reciente es un ejemplo de los
avances que se pueden lograr en el marco de los procesos de integración,
cuando hay decisión política, más allá de las diferencias ideológicas
entre gobiernos.
Poco después de realizar esta entrevista,
se conoció la decisión de seis países de UNASUR de suspender su
participación en la entidad, al menos mientras no se resuelva la
definición de un nuevo director/a general. Para ISAGS ya ha significado
un impacto negativo, siendo que se ha tenido que suspender al menos un
evento programado, además de posibles recortes en el presupuesto. Para
la población de Suramérica, significará un grave retroceso, ya que la
integración regional, en el fondo, no es de los gobiernos, que son
pasajeros, sino de los pueblos.
Sally Burch, periodista británica-ecuatoriana (ALAI).
@SallyBurchEc
https://www.alainet.org/es/articulo/192739
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