sábado, 31 de marzo de 2018
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Violencia y odio de clase
Raúl Zibechi
¿Qué relaciones podemos establecer entre el asesinato de la concejal Marielle Franco y el juicio penal contra Lula? ¿Cómo vincular la destitución ilegítima de Dilma Rousseff con la intervención militar en las favelas? ¿Qué lazos existen entre el aumento exponencial de la violencia contra negros y negras y los sucesivos récords que está batiendo la bolsa de Sao Paulo?
Un hilo de sangre que se llama odio de clase. Un odio heredado de la esclavitud y del orden colonial en el que prosperó. Los esclavistas sólo se preocuparon por los esclavos cuando se fugaban y creaban quilombos/palenques, espacios de libertad y de vida que se convirtieron en referencia para todos los que vivían encadenados.
Aún para quien no defiende a Lula, y sospecha que las acusaciones en su contra tengan cierto fundamento, parece evidente que su condena y la caída de Dilma abrieron las compuertas de un odio macizo, colonial y genocida de los de arriba. En ese clima de odio fue asesinada Marielle, negra, feminista, lesbiana, nacida en la Maré, un complejo de favelas linderas con la bahía de Guanabara.
La peculiaridad de Brasil, por lo menos en estos años, es que uno por ciento cuenta con el apoyo de una parte importante de la sociedad, probablemente entre 30 y 50 por ciento de la población: las viejas clases medias, la porción de pobres que ascendieron algunos peldaños en la escala social y todos los que sueñan con emular a los más ricos. Odian a los pobres porque sienten la espada de Damocles de la precariedad sobre sus cabezas.
Sin embargo, no estoy de acuerdo con quienes creen que la amplia y justa reacción popular al asesinato de Marielle configura una nueva coyuntura. Sin duda, empeora las expectativas de la derecha y mejora las de la izquierda, con o sin Lula en el escenario electoral. Pero las cosas son mucho más profundas y, sobre todo, de más larga duración.
Quienes conozcan mínimamente la Maré, el complejo de favelas con más de 150 mil habitantes donde nació Marielle, saben que esto no empezó con la intervención militar de Michel Temer. Más de medio siglo de historia permite asegurar que la presión y la represión sobre los favelados nunca cedió, ni siquiera bajo los gobiernos de Lula y Dilma.
Los más veteranos recuerdan con cierta nostalgia el gobierno de Leonel Brizola en el estado de Río de Janeiro (1983-1987). Junto a su vice Darcy Ribeiro, ambos del Partido Democrático Laborista, defendieron el empoderamiento de los pobres, por lo que fueron acusados de paternalistas. Brizola ordenó a la policía que se abstuviera de realizar invasiones arbitrarias en las favelas y que reprimiera a los escuadrones de exterminio parapoliciales. Más de 200 policías fueron procesados. Su gobierno fue la excepción en la relación con la población pobre y negra.
Ante los llamados a la unidad (electoral) y a la formulación de un programa común (de gobierno) en este año de elecciones presidenciales, conviene enfatizar en la necesidad de una política que se deslinde tanto de la confrontación como de las instituciones. Raras veces los esclavos enfrentaron de modo frontal a los propietarios, porque la asimetría era (y sigue siendo) brutal. Nunca fueron tan ingenuos como para soñar que su libertad vendría de cogestionar las plantaciones con sus amos (símil del proyecto progresista). Toda su energía la ponían en preparar fugas, para fundar espacios de libertad como quilombos y palenques.
¿Cómo sería una política anclada en la fuga del capitalismo, en la creación de espacios de libertad y en la resistencia a los embates de los opresores? Creo que es lo que están haciendo las mujeres que luchan, los pueblos indígenas más decididos y, notablemente, los zapatistas. Necesitamos una política en clave quilombo/palenque o comunidad indígena/campesina y popular. Es urgente, necesaria y posible.
Es urgente porque debemos desmontar la lógica del enfrentamiento frontal con el enemigo. No estoy defendiendo el no resistir, el no combatir, sino en la urgencia de cuidarnos como pueblos y clases, porque el proyecto de arriba es liquidarnos. El asesinato de Marielle fue respondido con la misma indiferencia que la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. El poder defiende la represión, mientras las clases medias y los grandes medios culpan a las víctimas. Dicen que Marielle era narcotraficante.
Es necesaria porque debemos mirar el largo plazo y no consumir las pocas energías colectivas que aún tenemos en disputas que no conducen a ningún lado o, peor, disipan las energías colectivas en el altar electoral. Los cuerpos que preparan fugas (del capitalismo, del patriarcado, de la hacienda, del control institucional) deben entrenarse en tiempos y en espacios bien distintos que los de los cuerpos que se preparan para ocupar sillones en las instituciones.
Mientras unos necesitan exponerse permanentemente a los focos mediáticos, los otros preparan en silencio la evasión. Cuando la asimetría de poder es tan grande como la que observamos entre el uno por ciento y la mitad más pobre, se debe actuar con extrema cautela y simulando incluso obediencia, como sostiene James Scott en Los dominados y el arte de la resistencia. Son culturas políticas diametralmente opuestas, entre las cuales el diálogo es harto complejo porque hablan lenguas diferentes.
Es posible porque ya existe una política de este tipo (anclada en los quilombos y las comunidades), como lo muestran en Brasil decenas de organizaciones en las favelas, como las que pude conocer directamente en el Complexo do Alemão y en Timbau (en la Maré), en Brasilia y en Salvador.
El asesinato de Marielle es un mensaje contra la nueva generación de militantes negros que se multiplicaron desde las movilizaciones de junio de 2013. Este nuevo activismo está tejiendo un hilo de rebeldía que lleva desde el quilombo de Palmares (1580-1710) hasta la primera favela de Río de Janeiro (Morro da Providencia en 1897), pasando por el Teatro Experimental Negro en la década de 1940. Están forjando historias otras, abajo y a la izquierda.
La otra cumbre
La
crisis política que atraviesa el Perú está lejos de terminar. La
renuncia (obligada) de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no basta para amainar
las consecuencias del caso Lava Jato y en general la corrupción
público-privada que carcome el aparato estatal peruano de cabo a rabo, y
que al son de la implosión de la familia Fujimori se hace día a día más
evidente.
Sin embargo, con la toma de mando del
vicepresidente Martín Vizcarra se ha producido una pequeña tregua y la
VIII Cumbre de las Américas que se organizaba sin mucha propaganda hasta
que PPK des-invitó a Nicolás Maduro en febrero, y que parecía pender de
un hilo los días previos a la segunda moción de vacancia presidencial,
se ha reafirmado y finalmente se realizará los días 13 y 14 de abril
próximos.
Es que en medio de la crisis de los audios y
videos que desnudaron como un ministro y varios otros operadores del
gobierno de PPK compraban parlamentarios al mejor estilo de la dictadura
de los noventa, parecía que no habían condiciones para que los
presidentes de la región, en especial los del Grupo de Lima o de la
Alianza del Pacífico, pongan su pie en el Perú. En buena cuenta ¿quién
quiere ir a la fiesta de un vecino cuya casa se ha inundado con aguas
servidas?
Hasta el propio nombre “Gobernabilidad
Democrática frente a la Corrupción” que lleva la VIII Cumbre de las
Américas resulta paradójico cuando el país anfitrión ostenta una
gobernabilidad que parece estar más bien al servicio del saqueo de los
recursos públicos. No por gusto todos los presidentes peruanos de los
últimos 30 años están requeridos por la justicia. O son testigos o
investigados e incluso detenidos por delitos cometidos desde el poder:
García, Fujimori, Toledo, Humala y PPK.
Así, la Cumbre
de las Américas que quería relanzarse en Lima como “el” espacio de
integración por parte los gobiernos de la derecha continental comandados
por el Departamento de Estado norteamericano va a ser impactada. Hasta
su foco se ha debilitado, porque bajo los nombres pomposos y vacíos de
gobernabilidad, democracia o participación ciudadana se encubría una
fuerte ofensiva contra la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), contra Venezuela y contra todo lo que se identifique
como parte del campo nacional popular. Esto ya no será posible, pues el
escenario político dibujado tras la caída de PPK, es muy propicio para
una dura crítica que alcanza a los gobiernos de Brasil, Colombia,
Argentina y Honduras, alfiles de la presencia maciza de la geopolítica
estadunidense en América Latina.
En este contexto, tanto
el proyecto económico de los Tratados de Libre Comercio (Alianza del
Pacífico), como el proyecto político de aplicar por parte de las propias
cancillerías latinoamericanas la política exterior norteamericana
(Grupo de Lima), ambos comprendidos en el espacio de las Américas, serán
más fácilmente cuestionados, y no solo por los gobiernos de izquierda
que aún quedan, sino por una serie de movimientos sociales del
continente que se darán cita en Lima desde el 10 hasta el 14 de abril en
la denominada Cumbre de los Pueblos, espacio alternativo de rechazo y
diálogo desde el campo social.
Las Cumbres de los Pueblos
(CP) realizadas en paralelo a diversas citas oficiales de nivel regional
han sido el mecanismo de los movimientos sociales del continente para
enfrentar las corrientes neoliberales y antipopulares, especialmente
desde que se inició el siglo XXI. Pero sobretodo, las CP han cuestionado
históricamente a la Cumbre de las Américas, usada por el gobierno
estadunidense para imponer sus políticas en América Latina, de la mano
de los gobiernos pro Washington de la región.
Las CP han
sido también el mecanismo más importante para establecer un diálogo en
igualdad de condiciones con aquellos presidentes dispuestos a
interactuar con el movimiento social. La expresión más significativa de
ello, fue la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata, Argentina en el
2005, cuando se derrotó el proyecto del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), casi el propósito original del nacimiento de las
Cumbres de las Américas en 1994 en Miami, Estados Unidos.
Asimismo,
las CP han contribuido a crear nuevos procesos de integración en la
región como CELAC y UNASUR, que van en direcciones radicalmente opuestas
a la Cumbre de las Américas.
En esta ocasión, la Cumbre de los
Pueblos paralela a la VIII Cumbre de las Américas, es convocada y
organizada por el Comité Nacional Unitario de Lucha (CNUL) que se formó
al calor del indulto a Fujimori y la vacancia de PPK, y que está
encabezado por la CGTP e integrado por varias otras organizaciones
sociales, y algunos partidos de la izquierda peruana.
Para
inscribirse y conocer el programa de la Cumbre de los Pueblos de Lima,
que incluye más de cuarenta eventos autogestionarios en diversos locales
sindicales del centro de Lima (10 de abril de 9am a 6pm), su
inauguración en el local de la Derrama Magisterial (10 de abril a las
7pm), la plenaria central en local de la Federación de Construcción
Civil (11 y 12 de abril), una marcha antiimperialista (12 de abril a las
4pm), un encuentro de articulación social continental (13 de abril) y
el Festival Político Cultural en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (14 de abril), se puede consultar el siguiente vínculo: https://www.facebook.com/cumbredelospueblos2018/
Según
los organizadores es muy probable que participen de esta Cumbre algunos
presidentes de izquierda como el cubano Raúl Castro, el boliviano Evo
Morales y expresidentes como el ecuatoriano Rafael Correa, quienes ya
habrían confirmado su presencia. Con ello, la segunda semana de abril se
presenta muy interesante en el Perú.
https://www.alainet.org/es/articulo/191886
Las malas palabras
Por Carolina Vásquez Araya
El derecho de los demás es también mi derecho. Una idea para reflexionar.
Hubo un tiempo no muy lejano –mediados del siglo pasado- cuando no se hablaba de derechos humanos. Era un concepto desconocido para las mayorías; no se había desgastado por la manipulación mediática ni el manoseo social y era algo así como una parte decorativa del léxico diplomático en los círculos internacionales. Luego, con el transcurrir de los años y la violencia política ya bien instalada en los países del Tercer Mundo, fue tomando protagonismo por la obvia necesidad de proteger a la población civil de los desmanes de sus gobiernos y de grupos extremistas.
Sin embargo el tema de derechos humanos nunca parece haber tomado cuerpo más que en círculos muy reducidos de las sociedades, quedando como un tópico de discusión entre expertos pero nunca, o casi nunca, como una materia obligatoria en las escuelas, colegios y universidades para que las nuevas generaciones comprendieran en toda su extensión el significado de esos códigos de comportamiento y de respeto por sus semejantes, pero también la dimensión de sus propios derechos como persona. Por el contrario, se fue desarrollando una especie de anticuerpo dedicado a distorsionar y destruir la esencia misma del concepto.
El respeto por los derechos humanos y todo mecanismo para garantizar su protección, constituyen un capítulo indispensable de la vida en cualquier sociedad democrática en donde las óptimas condiciones de vida de sus miembros representen un objetivo primordial para sus gobernantes. Por el contrario, los regímenes autoritarios y dictatoriales se han caracterizdo precisamente por reprimir los derechos de los ciudadanos, oprimiendo y coartando sus libertades por la fuerza de las armas, la intimidación o la amenaza, abierta o velada.
Esta clase de sistemas opresivos muchas veces cuentan con la colaboración entusiasta de un sector de la sociedad cuyos parámetros valóricos e intereses coinciden plenamente con los de sus líderes, ya sea por protegerse contra una eventual pérdida de privilegios o por pura convicción. Entonces orquestan hábiles campañas de desprestigio contra quienes se empeñan en la defensa de los derechos de la ciudadanía para debilitar su discurso y socavar sus funciones. Estas campañas pretenden destruir no solo a los defensores de los derechos humanos; también atentan contra esos derechos retorciendo su significado con la intención de anular el potencial poderío de una sociedad fuerte y, por lo tanto, consciente de su papel en la vida de la nación.
El desgaste provocado por esos grupos antidemocráticos resulta en un incremento de la violencia social y un creciente escepticismo sobre el papel de la justicia en la resolución de conflictos. Al no comprender la trascendencia de los valores humanos en las relaciones entre individuos y grupos, las tensiones fácilmente derivan en la aplicación de la fuerza anulando toda posibilidad de diálogo y búsqueda de consenso. Se intenta bloquear el flujo de la información, se amenaza a quienes ejecutan una labor periodística, social, humanitaria o ambientalista y poco a poco se van cerrando las posibilidades de crear las condiciones necesarias para el desarrollo de un auténtico sistema democrático.
En otras palabras, el respeto por los derechos humanos no conviene a las fuerzas antidemocráticas por ser la base del desarrollo de una ciudadanía poderosa, educada y consciente de su papel en el mundo que le rodea. Las libertades consagradas en convenios y tratados resultan una amenaza para quienes no poseen las calidades para sobresalir sin el recurso del miedo y la tiranía. Derechos humanos son, para ellos, malas palabras.
Sin el respeto por los derechos humanos no existe la menor posibilidad de vivir en democracia.
www.carolinavasquezaraya.com
“Puerto Rico permanece bajo dominación colonial”
La activista puertoriqueña Aurora Muriente
explica los motivos por los que la lucha independentista quiere librarse
del yugo estadounidense
CADTM
Aurora Muriente
Pastrana, pertenece al Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de
Puerto Rico (MINH), una organización política de izquierda que se
dedica a la lucha por la independencia y la soberanía nacional de Puerto
Rico, así como a las luchas sociales, a la defensa de los derechos de
los trabajadores y de los derechos humanos.
Nos cuenta porque se debe
seguir hablando de “colonialismo” al respecto de Puerto Rico, ya que el
presidente electo en Estados Unidos es quien gobierna sin que la colonia
participe en esa elección.
¿Después de haber vivido durante
más de 400 años bajo posesión colonial española, podemos seguir hablando
de “colonización” para Puerto Rico o más bien de “neocolonialismo”
estadounidense desde 1898?
En nuestro caso debemos seguir
hablando de “colonialismo” y no de “neocolonialismo”. Puerto Rico es una
nación caribeña que surge como resultado del complejo y contradictorio
proceso de conquista y colonización de España en América y el Caribe.
405 años después de la llegada de los españoles, en 1493, y como
resultado de la Guerra Hispano-Cubano-Americana de 1898, Puerto Rico
pasó a manos de Estados Unidos como botín de guerra, junto a Cuba, Guam y
Filipinas. Desde entonces Puerto Rico es colonia de Estados Unidos.
Aunque en 1952 se dio la creación del Estado Libre Asociado (ELA) de
Puerto Rico acompañada de una constitución propia y se presentó al mundo
como un ejercicio de descolonización, ello no alteró la condición
colonial del país. Puerto Rico es una nación pero no es un Estado
nacional, pues carece de soberanía.
¿Cuál sería la diferencia principal de lo que era el Puerto Rico del siglo XIX comparado con el del siglo XXI?
El
Puerto Rico del siglo XIX era un país mestizo con unas características
culturales muy propias que lo diferenciaban del resto de las islas
caribeñas, como Cuba y La Española. Lo conformaban principalmente
familias criollas de origen español y de otros países europeos que se
asentaron aquí; familias de origen africano, por la presencia de miles
de esclavos y la influencia que quedó de nuestro pasado indígena. La
economía se basaba principalmente en la agricultura. Durante ese siglo
se libaron luchas importantes. En 1868 sucedió el Grito de Lares,
insurrección armada en contra de España para declarar la República de
Puerto Rico. En 1873 se abolió la esclavitud y a finales del siglo XIX
cientos de puertorriqueños se trasladaron a Cuba, donde pelearon junto a
los cubanos por la independencia de ambas islas en la llamada Guerra
Necesaria de 1895, encabezada por el Partido Revolucionario Cubano (PRC)
fundado por José Martí. A este proceso independentista cubano y
puertorriqueño se incorporaron personajes tan importantes de nuestra
historia como Ramón Emeterio Betances y Eugenio María de Hostos.
Posteriormente,
tras la invasión militar de Estados Unidos, el proceso fue distinto.
Nuestra población no es de origen estadounidense, así que somos una
nación bajo dominación colonial por un país extranjero. Nos vincula a
ellos una relación política y una historia caracterizada por los pasados
120 años de resistencia, pero no nos une a ellos lazos de origen étnico
como tal de nuestra población. A diferencia de los puertorriqueños del
siglo XIX que pelearon contra España, que muchos eran hijos o nietos de
españoles, a partir del siglo XX la lucha fue en contra un país que es
totalmente distinto a nosotros con una cultura distinta, con un idioma
distinto. Hay un enfrentamiento mucho más fuerte entre ellos y nosotros.
La
primera mitad del siglo XX bajo el dominio estadounidense estuvo
marcada por el establecimiento de una economía de monoproducción
azucarera, la población vivía en condiciones de extrema pobreza y la
represión política a los obreros y al movimiento independentista fue
brutal. A partir de la década de 1930, miles de puertorriqueños se
vieron forzados a emigrar a Estados Unidos donde trabajaron en
condiciones miserables en fábricas e industrias tras la Gran Depresión. A
partir de la década de 1940 se instalaron numerosas bases militares
estadounidenses en el país y se comenzó a utilizar nuestro territorio
como campo de batalla para las prácticas militares, como ocurrió en las
islas municipios de Vieques y de Culebra. Cabe señalar que en 1917 a los
puertorriqueños se les impuso la ciudadanía estadounidense y desde
entonces hasta la década de 1970 en Puerto Rico el servicio militar era
obligatorio, provocando que miles de jóvenes boricuas participaran en
las guerras en las que Estados Unidos se involucraba.
La segunda
mitad del siglo XX comenzó con el surgimiento del Estado Libre Asociado
(ELA) de Puerto Rico en 1952, que quiso proyectar una nueva situación
política y que facilitó el enclave de un nuevo sistema económico
industrial. El país se modernizó rápidamente conforme a los intereses
económicos de Estados Unidos. El siglo XX también estuvo marcado por
luchas importantes: huelgas de trabajadores, luchas por el derecho al
sufragio universal y a los derechos de la mujer, por la excarcelación de
nuestros prisioneros políticos, levantamientos armados por la
independencia, lucha en contra de la militarización, luchas
estudiantiles, ambientales, entre otras.
Actualmente, en el Puerto Rico del siglo XXI se vive el desgaste y el
colapso del modelo político del ELA y del modelo económico establecido
por Estados Unidos. También nos han impuesto una junta de control
fiscal; ente externo creado para garantizar el pago de millones de
dólares a los bonistas. Este siglo que corre está marcado por la crisis
económica, la deuda y la emigración masiva a Estados Unidos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles.
¿Difícil hablar de soberanía?
Absolutamente.
De hecho, una de las razones por la que existe un deseo de que se
resuelva nuestra situación política es precisamente por la falta de
soberanía. En el año 1952, con la creación del Estado Libre Asociado
(ELA) de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos impuso una
constitución y a partir de entonces hemos tenido un sistema político a
la manera republicana con poderes ejecutivos, legislativos y judiciales.
Sin embargo, todo nuestro ordenamiento está sujeto a las imposiciones
que vengan desde el Congreso de Estados Unidos. Los gobiernos locales
administran la colonia, pero no toman decisiones trascendentales, esas
vienen directamente desde Washington. Como ejemplo de la falta de
soberanía los puertorriqueños no tenemos derecho a una ciudadanía propia
sino que somos ciudadanos estadounidenses por imposición congresional
desde 1917. No tenemos ninguna representación en las instituciones
estadounidenses como el Congreso, la Cámara y el Senado, salvo un
representante denominado comisionado residente en Washington, que tiene
voz pero no tiene voto en la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos.
Tampoco tenemos derecho al voto presidencial, o sea que el
presidente electo en EE UU es quien nos gobierna sin que Puerto Rico
participe en esa elección. No tenemos embajadas ni diplomáticos, tampoco
representación en las Naciones Unidas. Eso no es otra cosa que
colonialismo. Nosotros, como independentistas, lo que deseamos es poder
elegir a nuestro propio presidente, y a nuestro propio gobierno, crear
un proyecto de país para el presente y para el futuro. Entendemos que la
soberanía es un derecho fundamental para todas las naciones.
¿Cómo surgió la idea de recoger el nombre de Eugenio María de Hostos para su organización?
El
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano nació aproximadamente
hace 15 años como resultado de la unión de dos organizaciones políticas,
por un lado, el Congreso Nacional Hostosiano y por otro lado el Nuevo
Movimiento Independentista Puertorriqueño. Viendo que había más
coincidencias que diferencias, estas dos organizaciones decidieron
unirse. Cuando hubo que decidir un nuevo nombre para la formación se
mantuvo lo de hostosiano.
Eugenio María de Hostos era un personaje
puertorriqueño muy importante del siglo XIX, un educador, luchador por
la independencia de Puerto Rico contra España. Además, ayudó en el
desarrollo de la educación en países como República Dominicana y Chile.
Siendo una figura tan destacada en nuestra historia que combatió el
imperialismo y el colonialismo se decidió acuñar su nombre como una
reivindicación a su memoria.
Además de vernos reflejado en el
espíritu de Hostos, también nos inspira Ramón Emeterio Betances. Es
reconocido como el Padre de la Patria. Betances es otro personaje
puertorriqueño muy importante del siglo XIX que luchó por la
independencia de Puerto Rico contra España. Estuvo exiliado en Francia
gran parte de su vida donde representó a los independentistas cubanos y
puertorriqueños y planteó a todo un sector de revolucionarios europeos
la necesidad de escuchar y respaldar lo que estaba sucediendo en ese
tiempo en el Caribe. Nosotros tenemos una historia de hombres y de
mujeres extraordinarios que reivindicamos para que no queden en el
olvido.
¿Cómo de efectivos son los tratados internacionales sobre derechos humanos?
Estados
Unidos es el único de los países desarrollados que insiste en que si
bien los derechos humanos son fundamentales, en éstos no se incluyen
derechos que eviten morir de hambre, que eviten morir por falta de
acceso a servicios de salud asequibles, o que eviten crecer en un
contexto de total privación.
Philip Alston
El
pasado diciembre, el profesor de derecho Philip Alston, relator
especial de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos
humanos, visitó los Estados Unidos a través de una invitación del
Gobierno Federal para analizar si la persistencia de la pobreza extrema
de Estados Unidos socava el disfrute de los derechos humanos por parte
de sus ciudadanos. Varios artículos de CounterPunch han proporcionado excelentes resúmenes de los contenidos de este devastador informe: Poverty American Style, The Professor and the Poverty Tour, y War and Poverty: A Compromise With Hell. Pero es que el informe en sí mismo debe ser leído por todas las personas.
¿Cómo ocurrió esta visita y cómo de efectivo es el proceso de supervisión de los derechos humanos de la ONU?
La
ley internacional integral de derechos humanos comenzó con la creación
de la ONU. "Antes del final de la Segunda Guerra Mundial, el modo en que
trataba un estado a sus propios habitantes no era asunto de nadie"
(Louis Henkin). La protección y el avance de los derechos humanos fue
uno de los objetivos de la ONU, ya que muchos se horrorizaron ante las
atrocidades que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y que continuaron
durante la misma. La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
adoptada por todos los miembros de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1948 no es vinculante. Sin embargo, sí fue un preludio de los
tratados jurídicamente vinculantes (a menudo llamados convenciones o
convenios). La Constitución de los Estados Unidos establece que los
tratados se convierten en "la ley de la nación".
La DUDH se
inspiró tanto en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos
como en el "Discurso de las cuatro libertades" del presidente Franklin
Roosevelt (el discurso del Estado de la Unión de 1941). Roosevelt
propuso cuatro libertades fundamentales de las que las personas "en todo
el mundo" deberían disfrutar: "libertad de expresión y expresión,
libertad de culto, libertad para vivir sin miseria, y libertad ante el
miedo".
Declaración Universal de los Derechos Humanos: Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia
de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada
del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos,
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra
y de la libertad de creencias;
Considerando esencial
que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a
fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la
rebelión contra la tiranía y la opresión;
El comité de
preparación de la ONU dividió el contenido de la DUDH en dos tratados,
en parte porque Estados Unidos no estuvo de acuerdo con las
disposiciones sociales. Éstas incluían ideas tan antiestadounidenses
como el derecho al trabajo, a una remuneración adecuada, a afiliarse a
sindicatos, al descanso y al ocio, a recibir atención médica o a un
igual salario por el mismo trabajo realizado.
El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por los
Estados Unidos. Este pacto proporciona garantías similares a la Carta de
Derechos de la Constitución de los Estados Unidos: libertad de
expresión, prensa, etc. y garantías de justicia en procesos penales.
Pero va más allá, haciendo valer derechos de afiliación y de formación
de sindicatos, de igualdad entre hombres y mujeres, de erradicación de
la discriminación, de "votar y ser elegido en elecciones periódicas
auténticas que serán realizadas por sufragio universal y en secreto,
garantizando la libre expresión de la voluntad de los electores" y de
que "no se imponga la pena de muerte por delitos cometidos a menores de
18 años y a mujeres embarazadas".
Al igual que con todos los
tratados, las naciones pueden unirse con salvedades. Así, Estados Unidos
se opuso al Artículo 20: "1. Toda propaganda para la guerra estará
prohibida por la ley. 2. Toda apología del odio nacional, racial o
religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o
la violencia estará prohibida por la ley”. Estados Unidos afirmó que no
impondría restricciones a la libertad de expresión, a diferencia de
muchos países, como por ejemplo Dinamarca, Francia, Alemania, Canadá,
México o Sudáfrica, que prohíben el discurso de odio (un ataque a una
persona o a un grupo por motivos de género, origen étnico, religión,
raza, discapacidad u orientación sexual). EE.UU. tampoco estaba de
acuerdo con el protocolo (adición) que requería la abolición de la pena
de muerte, y sostuvo que el tratado no era "autoejecutable". Esto
significa que solo podría aplicarse en los EE.UU. si existiera una ley
de los Estados Unidos que respaldara sus disposiciones.
El Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no fue
ratificado por los Estados Unidos, pese a que 164 países lo ratificaron.
Los derechos a un nivel de vida adecuado, al trabajo, a la seguridad
social, al permiso de maternidad remunerada y a la asistencia sanitaria
no forman parte de la ideología dominante de los EE.UU. Además, el
primer artículo es un desafío a nuestro querido "destino manifiesto":
1) Todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación. En
virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
2) Todos los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer
libremente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las
obligaciones derivadas de la cooperación económica internacional
(basadas en el principio de beneficio mutuo) y del derecho
internacional. En ningún caso se puede privar a un pueblo de sus propios
medios de subsistencia.
3) Los Estados partes en el
presente Pacto, incluidos los que tienen la responsabilidad de la
administración de territorios no autónomos y en fideicomiso, promoverán
la realización del derecho de libre determinación y respetarán ese
derecho, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas.
Otras convenciones de derechos humanos
incluyen la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial. Los EE.UU. son parte de la misma y la
han firmado con salvedades, sin vetos ni en la incitación al odio ni en
la discriminación positiva.
La Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer. A diferencia de
otros 189 países, Estados Unidos no ha ratificado ésta.
La
Convención de los Derechos del Niño. EE.UU. es el único país que no la
firmó. La ratificación de un Tratado en los Estados Unidos requiere el
consentimiento del Presidente y 2/3 del Senado. La última parte es la
más difícil. A menudo, los tratados ni siquiera son enviados al Senado
anticipándose así al rechazo de la cámara. Una actitud típica entre
nuestros líderes es que ningún extranjero debería decirnos qué hacer.
Otra razón ofrecida por nuestros senadores es que estas disposiciones
son materia del Gobierno Estatal de los EE.UU. Otros dicen que los niños
no deberían tener derechos sino que deben obedecer a sus padres. La
falta de fuertes demandas entre la ciudadanía para la ratificación de
las convenciones de derechos humanos también informa a nuestros
senadores de que obtendrán poco rédito de tal acción y en cambio podrían
perder el apoyo de los constituyentes conservadores.
Dicha
convención incluye numerosos derechos para los niños. Como son el
derecho de los niños a la atención médica, a un nivel de vida decente, a
libertad de expresión, de religión y a la "libertad para buscar,
recibir y difundir información e ideas de todo tipo, independientemente
de las fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, en
forma de arte o mediante cualquier otro medio que el niño elija”. Se
requiere además que las naciones promuevan la lactancia materna.
Es
verdad que Estados Unidos no se ha unido a la convención principal,
pero sí ha ratificado 2 protocolos. Uno afirma que los niños deben ser
excluidos del conflicto armado. En éste, EE.UU. hizo una salvedad, la
cual permite que los menores de 18 años se ofrezcan como voluntarios
para el ejército. El otro protocolo que fue aceptado por EE.UU. protege a
los niños de la prostitución y de las peores formas de trabajo
infantil.
La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados no ha sido ratificada por los Estados Unidos que, no
obstante, firmó un protocolo de 1967. El tratado más reciente de
derechos humanos de la ONU es la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, a la que aún no se ha unido Estados Unidos.
¿Cómo
se hacen cumplir estos tratados? Tras la ratificación, las naciones
acuerdan los métodos de aplicación que son insertados en el documento.
En gran parte, las disposiciones se incorporan a las leyes y a las
constituciones de los países que son parte en las convenciones, y sus
tribunales nacionales las tienen en cuenta a la hora de tomar sus
decisiones. A menudo los gobiernos locales usan los tratados como guías
políticas. Existen organizaciones en cada país (agencias gubernamentales
y organizaciones no gubernamentales) que tienen interés en vigilar el
cumplimiento de los derechos humanos y que usan las convenciones para
promover dichos derechos.
Los tratados de derechos humanos
también se hacen cumplir mediante un requisito: que las naciones
presenten un informe cada pocos años al comité pertinente de la ONU. Un
motivo importante para el cumplimiento de dichos tratados es el deseo de
ser concebidos como sociedades más humanas. Además, también pueden ser
requeridos inspectores e investigadores; de ahí que la visita de Alston
fuera parte de los términos convenidos en el tratado.
Si bien los
tratados especializados tienen sus propios comités de revisión, el más
general y el que examina a todos los países, es el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. Las revisiones se basan en un informe nacional, en
información de personas expertas en derechos humanos de las Naciones
Unidas (incluidos los relatores especiales), en organizaciones no
gubernamentales y en agencias gubernamentales de derechos humanos. Éstos
están dirigidos por el grupo de trabajo del Examen Periódico Universal
(EPU), el cual está formado por los 47 miembros del Consejo. Sin
embargo, cualquier nación miembro de la ONU puede participar en el
debate. Es interesante leer, por ejemplo, lo que dice la delegación
albanesa sobre Islandia o los comentarios de Maldivas sobre Ecuador.
Finalmente, la revisión concluye con algunas recomendaciones de mejora,
que serán estudiadas en la próxima revisión. Generalmente, en cuatro o
cinco años.
Pese a que Estados Unidos no sea parte en la
Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sí ha
ratificado la de Derechos Civiles y Políticos. Así, Alston estaba
informando oficialmente sobre cómo la pobreza había afectado a esos
derechos que Estados Unidos sí había jurado lealtad: libertad y justicia
para todas las personas.
Además de los tratados relativos a las
políticas nacionales, existen tratados regionales de derechos humanos.
Éstos permiten a las personas afectadas llevar casos a instituciones
judiciales internacionales si sus tribunales nacionales no resuelven las
violaciones de los derechos humanos. Dos de los principales tribunales
internacionales son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
¿De qué sirven los tratados e
informes de derechos humanos de la ONU? Tal y como informa la jurista
Gráinne de Búrca, existen casos en los que ha habido mejoras
significativas en el logro de los derechos, especialmente donde las
organizaciones no gubernamentales y agencias gubernamentales han
participado. Además, la mera existencia de los tratados cumple una
función educativa y éstos son importantes en los planes de estudios para
los niños y las niñas de muchos países.
Varios estudiosos, como Stephen Hopgood en su libro The Endtimes of Human Rights,
consideran inútil o peor aún todo el proceso. Aquellas personas que
somos conscientes de lo que está sucediendo tanto en los países en vías
de desarrollo como en los países desarrollados, incluso en el "más
grande" de todos (incluidos sus puestos avanzados en Cuba y los centros
de detención clandestina de la CIA), no podemos ser muy optimistas. El
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid
Ra'ad Al Hussein, presentó un informe sombrío el 11 de septiembre de
2017. Un informe que, además, solo analizaba 40 países.
Pero,
¿por qué el rendimiento de este noble proyecto ha sido tan escaso? He
aquí una posibilidad. Parte del ímpetu para la realización de los
tratados de derechos humanos fue la Guerra Fría (la cual podría decirse
que comenzó en 1848). Los reformistas liberales de muchos países
reconocieron la validez de la crítica socialista del capitalismo, pero
sostuvieron que no era necesario un cambio revolucionario; no hacía
falta “recurrir a la rebelión contra la tiranía y la opresión” aunque
tal rebelión está justificada en la Declaración de Independencia de los
Estados Unidos. Las reformas podrían curar los males. Los remedios
garantizaban los derechos a un nivel de vida decente, al trabajo, a la
atención de la salud, al descanso y al ocio, etc. De ahí la defensa de
Roosevelt de "libertad para vivir sin miseria”. Por otro lado, se
argumentó que los países socialistas privaban al espíritu humano de
aspectos esenciales de la propia humanidad como son la libertad de
expresión y la libertad de culto.
Uno de los resultados de la
"diplomacia blanda" de la Guerra Fría fue el Acuerdo de Helsinki de
1975. La URSS solicitó un acuerdo europeo de seguridad y las naciones de
Europa Occidental llegaron a un acuerdo, con la condición de que Canadá
y Estados Unidos fueran parte de él y de que se incorporaran estándares
económicos y de derechos humanos. El énfasis de este acuerdo en las
libertades civiles dio lugar a la creación de Helsinki Watch, una ONG
internacional creada por distintas fundaciones para vigilar los
acuerdos. Esta organización se convirtió en Human Rights Watch, con el
apoyo crucial de las fundaciones Rockefeller, Ford y Soros. Otras
organizaciones de derechos humanos, como “Campaign for Peace and
Democracy/East and West”, operaron en toda Europa del Este.
La
intervención occidental en la URSS y las sociedades de Europa del Este
en apoyo a los disidentes ganaron legitimidad a diferencia de algunos de
los intentos anteriores, como la Asamblea de Naciones Cautivas Europeas
que contaba con una destacada presencia nazi. Otro de los esfuerzos de
esta "diplomacia blanda" fue la guerra fría cultural. Mientras se
elogiaban las libertades liberales, las fundaciones privadas que
trabajaban con el gobierno de Estados Unidos promovieron la religión, el
nacionalismo y la "política de identidad" para contrarrestar a los
comunistas impíos y su internacionalismo (trabajadores del mundo
unidos).
Actualmente, organizaciones no gubernamentales como
Amnistía Internacional y Human Rights Watch desempeñan un papel
importante en la supervisión internacional de los derechos humanos.
Éstas y otras dependen de los fondos de las mismas fundaciones que
figuraban entre los importantes combatientes de la guerra fría. Como
resultado, y tal y como lo indica un estudio reciente de Cliquennois y
Cahmpetier, hay mucha menos publicidad y denuncias con respecto a los
fallos de los "vencedores".
La Guerra Fría en sí misma no es
amiga de los derechos humanos. La vigilancia y las purgas, las
elecciones manipuladas y los gobiernos títeres (en ambos lados) no
mejoran la democracia. Las invasiones y les guerras de la Contra, las
revoluciones y las contrarrevoluciones, lo empeoran. Además, si se
hubieran consumido los recursos de otro modo, podrían haber
proporcionado un nivel de vida adecuado para todas las personas. Durante
mucho tiempo, el mundo ha estado bajo el régimen de la guerra global
contra el terrorismo o, dicho de otra manera, bajo una guerra sin fin
que incluye la destrucción "humanitaria" de Yugoslavia.
No
podemos saber cómo sería el mundo si las intervenciones duras y blandas
de las potencias imperialistas capitalistas no hubieran atacado a los
socialistas o, incluso, no hubieran atacado a los reformadores
moderados. Sin embargo, es difícil pensar que hubiera sido peor. Killing Hope,
libro ampliamente documentado y escrito por Bill Blum, nos ha
demostrado que el resultado han sido repúblicas bananeras fascistas,
mafiosas y corruptas. Nuestra particular "cortina de uranio". Hoy
podemos razonar que el ascenso de Stalin y las atrocidades del
estalinismo fueron habilitadas a raíz de la invasión aliada de la Unión
Soviética y los continuos intentos de destruirla. El derrocamiento de
Mossadegh en Irán, Arbenz en Guatemala, Allende en Chile y Sukarno en
Indonesia (entre muchos otros) han tenido en sus regiones consecuencias
para los "derechos humanos" que se aprecian hoy en día. Por otro lado,
el costo de mantener imperios desafiados por los "rebeldes contra la
tiranía y la opresión" ha intensificado el "miedo" y la "miseria" en los
países de origen.
Joan Roelofs es catedrática emérita de Ciencia Política en Keene State College, New Hampshire.
Fuente: https://www.counterpunch.org/2018/03/09/how-effective-are-international-human-rights-treaties/
Traducción: Julen Bollain
viernes, 30 de marzo de 2018
México: No logran frenar el paso arrollador de López Obrador
Andrés Manuel López Obrador
Andrés
Manuel López Obrador, candidato progresista de Morena, PT y PES, se
inscribió por tercera vez en el instituto electoral para contender por
la Presidencia mexicana, confiado en su triunfo: aseguró que no habrá
represalias ni persecución, afirmó que su primera iniciativa de ley será
para poder juzgar al presidente por delitos electorales y corrupción y
ofreció someterse a la revocación de mandato cada dos años.
Las
encuestas no han mostrado variantes significativas en los últimos
meses: López Obrador encabeza con entre el 30 y el 35% de la intención
de voto, Anaya lo sigue a la distancia con 19% y Meade con un punto
menos.
Morena cuenta con una ventaja que los otros
partidos no tienen: un liderazgo carismático e indiscutible, poderoso
factor de unidad interna. Cuenta con una perspectiva triunfadora en la
medida en que todas las encuestas lo colocan como el virtual ganador de
las elecciones del próximo 1 de julio.
Y si la derrota o
perspectivas de la misma generan divisiones, las posibilidades de la
victoria son un elemento poderoso de unificación. Carlos Figueroa Ibarra
recuerda que militantes de Morena que arduamente han participado en el
trabajo organizativo, que desde hace años son parte del
lopezobradorismo, se han visto desplazados por políticos profesionales o
personalidades mediáticas del mundo artístico o deportivo.
Y
personajes que hace muy poco tiempo se rasgaban las vestiduras en
contra del “peligro populista”, que denostaban a López Obrador
repitiendo los epítetos de la derecha neoliberal hacia él (“mesiánico”,
“incitador de la violencia”, “autoritario” etc.,) o peor aún con un
pasado controversial, hoy son flamantes candidatos. Sin dudas, la
victoria electoral necesita de una amplia alianza y de candidatos que
por base organizativa, recursos, fama, carisma, pueden sumar votos. El
dilema será cómo lidiar entre sus principios y lo que se necesita para
triunfar en este próximo 1 de julio.
Reitero que no caeré
en ninguna provocación, aunque venga del presidente Enrique Peña Nieto,
afirmó Andrés Manuel López Obrador, después de que el jefe del Ejecutivo
señaló que el primero de julio se decidirá si se mantiene la reforma
energética o se cancela. En un video difundido en redes sociales, López
Obrador manifestó que en el marco de la legalidad rescatará el petróleo y
la industria eléctrica. No vamos a cometer ninguna arbitrariedad,
sostuvo.
Un triunfo del candidato progresista –hasta
ahora puntero en todas las encuestas publicadas– preocupa al poder
financiero mexicano y trasnacional. Representa un riesgo para la
continuidad de la política macroeconómica, señaló la calificadora de
inversiones Fitch Ratings, una de las más influyentes en los mercados
financieros mundiales.
Bajo una administración de López
Obrador, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, no
podrían descartarse riesgos relativos a una puesta en marcha más lenta
de reformas, en especial, en el sector de energía; la reorientación de
las políticas económicas hacia una mayor intervención del Estado, así
como un aumento del gasto fiscal, especuló Fitch.
El 2 de
marzo, Standard and Poor’s, la principal firma calificadora de
inversiones, consideró que un cambio en la política económica de México
después de la elección presidencial de este año conlleva la posibilidad
de que la calificación de riesgo de la deuda emitida por el sector
público sea degradada.
Mientras, Ricardo Anaya, candidato
presidencial de la coalición derechista Por México al Frente, integrada
por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano - partidos con ideologías
distintas-, manifestó su interés por replicar en México la experiencia
de los partidos de la Concertación chilena, tras entrevistarse con
Ricardo Lagos y Eduardo Frei, ex presidentes surgidos de esa alianza.
Anaya,
acusado de lavado de dinero, dijo que busca generar un gobierno de
coalición que permita un nuevo régimen político para combatir la
corrupción, garantizar las libertades y la defensa de los derechos
humanos, y fomentar un crecimiento económico con inclusión y desarrollo
social.
A propósito, Luis Almagro, secretario general de
la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó que es mejor llevar a
cabo una investigación cuando alguien es candidato que cuando ya es
presidente, en referencia a los señalamientos por lavado de dinero
contra Anaya.
Desde el poder financiero internacional se
le quiere dar una mano al oficialista José Antonio Meade, candidato
priista a la presidencia: ganará las elecciones presidenciales del 1 de
julio, aseguró el periódico inglés Financial Times, que trata
de imponer esa posverdad en el imaginario internacional. El ex
secretario de Hacienda y Crédito Público tiene un gran bagaje político,
tras formar parte de los tres últimos gobiernos mexicanos, además de la
maquinaria electoral que posee el PRI, dice el diario británico.
México
solo cuenta con un sistema donde hay una vuelta de elecciones, por lo
tanto, basta solo 30% de los votos a Meade para que sea el titular del
poder ejecutivo, especula el Financial Times, siempre que pueda
convencer a los votantes de que tiene un carácter propio y no es un
clon del actual gobierno, y que puede ser presidente tras subir el
precio del petróleo 20% antes de enero, y el aumento de la inflación.
Pero
hasta el momento nada logra parar –ni siquiera las campañas sucias- la
candidatura de López Obrador. Pero aún faltan poco más de cien días para
las elecciones.
Gerardo Villagrán del Corral
Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
https://www.alainet.org/es/articulo/191682
El combate a la corrupción como instrumento político
Una
de las características más distintivas de la historia brasileña
contemporánea es su carácter recurrente, sugiriendo una secuencia de
farsas y tragedias, un perverso proceso circular que retarda el
desarrollo en sus diversos planos, sea económico, político o social. No
habrá sido por casualidad –ni mucho menos por capricho de los dioses–
que hemos sido la única monarquía del continente, la última nación que
se libró de la esclavitud y la última en instalar la República. Sin
embargo, una República sin pueblo, sin voto, protectorado de la
preeminencia de los militares y de la oligarquía rural que, con los ojos
dirigidos a las bolsas de valores de Londres, comandaría el país,
frustrando su desarrollo, hasta la revolución de 1930. A este
movimiento cívico-militar le tocó fracturar la alianza entre paulistas y
mineiros, productores de café y ganado, defensores de la
economía agroexportadora, alejada de los intereses del país y,
principalmente, de su pueblo.
La República tutelada
El
trasfondo de los problemas sociales y estructurales que acompañan a la
historia brasileña desde la Colonia es el carácter foráneo de su clase
dominante, cuyos intereses y ganancias jamás estuvieron vinculados al
desarrollo nacional.
En las primeras décadas del siglo
pasado, la población era predominantemente rural, y la economía dependía
del rentismo y de los precios internacionales del café, con 'élites'
económicas adversas a la industrialización y resistentes a cualquier
desarrollo que pudiera amenazar las estructuras económico-políticas que
garantizaban su poder. Es sobre ese escenario que comienza a
configurarse lo que se podría llamar la clase media urbana: funcionarios
públicos, pequeños y medianos comerciantes, intelectualidad emergente,
etc. y los jóvenes militares.
En 1922, año de la Semana de
Arte Moderna, los sentimientos moralistas de la clase media se
encuentran con la inquietud de la joven oficialidad, simbolizada en el
Levantamiento del Fuerte de Copacabana, la primera de una serie de
irrupciones militares que se producen hasta el golpe del 1 de abril de
1964, vestíbulo de la dictadura militar que sólo llegaría a término en
1984. Con el Levantamiento, surge el ‘tenientismo’[1] del cual nace la Columna Prestes (1924)[2] e incluso la revolución de 1930 que se desdobla (1937) en el Estado Nuevo, la dictadura que sobrevivirá hasta 1945.
La
preeminencia de los militares, garantes de los gobiernos oligárquicos,
se establece institucionalmente a partir del golpe de Estado del 15 de
noviembre de 1889, conocido como Proclamación de la República: un
acontecimiento de ellos, y sólo de ellos, es decir, sin pueblo y sin
republicanos, que, al derribar la decadente Monarquía, instauró la
República de los grandes terratenientes.
La República
tutelada, apoyada en un proceso electoral restringido y corrupto,
buscaba legitimidad en un padrón que no abarcaba ni a las capas medias
de la población. En 1894, en la primera elección directa para
presidente de la República, el candidato victorioso, Prudente de Morais,
se eligió con cerca de 270 mil votos, lo que representaba menos del 2%
de la población brasileña.
Esa democracia sin pueblo y sin
voto sobreviviría hasta 1930, año de la revolución varguista que se
transformará en dictadura en 1937 y se extenderá hasta 1945, cuando
Getúlio Vargas, el dictador, es depuesto por un golpe militar.
Ruptura constitucional
Esta
pequeña introducción tiene el propósito de poner de manifiesto el
encuentro del combate despolitizado a la corrupción con los golpes de
Estado, de base militar o no, como el de 2016. Uno de los temas
centrales del levantamiento de 1922 era la denuncia de la corrupción
electoral y la demanda de un sistema electoral 'justo', es decir, sin
fraude. Se establece entre los militares, mayoritariamente, la creencia
de que los males del país residían en la corrupción (un crimen civil),
tema que luego fue absorbido por las corrientes políticas de derecha,
que dominaban el debate político, y pasarían a frecuentar los cuarteles
militares. Así, el combate a la corrupción se transforma en instrumento
político de apelación a la ruptura constitucional, invocada como
necesaria para combatir la corrupción, cuando su objetivo ha sido el de
impedir la continuidad de gobiernos, llamados 'populistas', por haber
dado lugar a la emergencia de las masas.
El horizonte que
unifica las fuerzas conservadoras (auto-denominadas 'liberales') es la
'moralización de las costumbres políticas' (cortina de humo para el
golpismo) que, a partir principalmente de los años 50 del siglo pasado,
pasa a contar con la acción de los grandes medios de información. Su
papel, desde siempre, pero que se acentúa principalmente luego de la
redemocratización de 1946 (primeras elecciones tras la caída de la
dictadura del Estado Nuevo), es la construcción del discurso ideológico
unificador del pensamiento conservador-reaccionario, fundado en el
combate a la corrupción, en la manipulación de los conceptos de ética,
libertad y democracia. Les corresponde: 1) crear las condiciones
subjetivas para el golpe (al que la derecha recurre cada vez que se ve
amenazada en sus intereses) y 2) legitimarlo mediante la construcción
autónoma de la narrativa. En el año 2016 (contra el lulismo), como en
1954 (contra Vargas, el hombre y lo que él representaba), como contra
Juscelino Kubitscheck en los años del desarrollismo (1956-1961), como en
la preparación de 1964, contra João Goulart y lo que representaba como
promesa de desarrollo nacional autónomo, distribución del ingreso y
emergencia de las masas, el eterno fantasma que provoca las pesadillas
de las clases dominantes.
A partir del gobierno
constitucional y democrático de Vargas (1951-1954) y hasta el
derrocamiento del lulismo (2003-2016), se registra el avance del
pensamiento de centro-izquierda, caracterizado por la emergencia de las
masas asociada a un proyecto de desarrollo nacional autónomo. Tesis
inaceptables para la derecha brasileña. Se repiten los golpes con la
misma justificación de la lucha contra la corrupción.
La
victoria de la campaña contra Vargas, en 1954, se centraba en la
denuncia de un 'mar de lodo’ que correría en los inexistentes 'poros'
del Palacio del Catete, sede del gobierno. Lo que en realidad se
combatía era el proyecto de desarrollo nacional autónomo y de protección
de las clases trabajadoras.
El gobierno de Juscelino fue
atacado, como corrupto, desde el primer día, y volvió a ser objeto de
investigaciones bajo la dictadura. Igual que en el caso de Vargas y
João Goulart, nada sería comprobado, pero el presidente tuvo que
enfrentarse a dos levantamientos militares y cerca de 10 pedidos de impeachment.
Su sucesor, el candidato de la derecha Jânio Quadros, el efímero,
tenía como símbolo de campaña una escoba y como lema "acabar con el
robo".
João Goulart (1961-1964) ya era combatido desde su
tiempo de Ministro de Trabajo (1953) y desde siempre acusado de
‘populista’ y corrupto. En su gobierno avanzaron los esfuerzos hacia la
emergencia de las masas y la efectividad de una política exterior
independiente, proyectos fatales en la contingencia brasileña. La larga
campaña para su deposición (1964) acusaba a su gobierno de subversivo y
corrupto.
La Historia no se repite, sino como farsa o
tragedia, pero al menos ella es recurrente. Maquiavelo decía que a los
hombres les gusta rehacer caminos ya recorridos.
La
denuncia de corrupción fue el arma de la derecha brasileña para
justificar la destitución de Rousseff en 2016, pero esta vez sus
objetivos son más profundos. Con la cantaleta de siempre, se trata de
destruir el símbolo de la emergencia de las masas, el ex presidente Luiz
Inácio da Silva, a quien se trata de destruirlo difamándolo como
corrupto, es la imagen que de él intenta dibujar la conspiración del
sistema empresarial en alianza con los medios y el poder judicial.
En
el caso de la destitución de Rousseff y del intento, en marcha, de
destruir la imagen del ex presidente Lula y de lo que representa, hay un
hecho inusitado: fueron las fuerzas de la corrupción, simbolizadas en
la figura de Michel Temer y de la cuadrilla que tomó por asalto el poder
que, en nombre del combate a la corrupción, comandaron el golpe y ahora
maniobran la condena moral de Lula. (Traducción: ALAI)
Roberto Amaral es escritor, politólogo, ministro de Ciencia y Tecnología en el primer gobierno de Lula.
[1]
Nombre dado al movimiento político-militar y a la serie de rebeliones
de jóvenes oficiales (en la mayoría, tenientes) del Ejército Brasileño
en el inicio de la década de 1920. https://es.wikipedia.org/wiki/Tenentismo
[2]
Movimiento político militar cuyo máximo exponente fue el capitán Luiz
Carlos Prestes, que alcanza una tremenda popularidad y que
posteriormente ingresa en el Partido Comunista Brasileño y llega a ser
su Secretario General. https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_Prestes
| Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: La corrupción: Más allá de la moralina 06/03/2018 |
https://www.alainet.org/es/articulo/191810
La complicidad israelí con la dictadura Argentina; venta de armas y silencio
Virginia Bolten
Durante la última
dictadura cívico-militar-eclesiástica, Argentina estaba sometida a un
embargo internacional de ventas de armas por violaciones a los DD.HH. No
obstante, este embargo fue incumplido por Israel. Hubo múltiples
contratos de ventas de material bélico israelí a Argentina que incluyó:
aviones Mirage IIIC y A-4E Skyhawk, sistemas de alerta radar, camperas
de abrigo, munición, misiles Shafrir y equipos de comunicación.
Asimismo, muchos técnicos israelíes realizaron la instalación de estos
equipamientos y brindaron asesoramiento militar.
El monto de las
mencionadas compras ascendió a los U$S700 millones, lo que equivaldría
al día de hoy un monto aproximado de U$S1.400 millones. Las compras se
realizaron vía Perú, donde aviones de Aerolíneas Argentinas retiraban el
material bélico desde el aeropuerto de Lima y lo trasladaban a Buenos
Aires. Una de las compras que realizó la dictadura militar fue por
aviones durante la guerra de Malvinas, los mismos llegaron una vez
finalizada. Las transacciones se realizaron por medio de la empresa
Isrex -instalada en Argentina desde 1968- que actualmente suministra
entre otras cosas, sistemas de riego por dispersión.
Esta venta de
armas tuvo repercusiones negativas en la relación de Israel con Gran
Bretaña. No obstante, no perduró en el tiempo. En el 2017, Reino Unido
lanzó un millonario plan de compras de armas para las Islas Malvinas. En
el segundo trimestre del año, el Reino Unido llegó a un acuerdo con el
departamento de defensa de Israel por U$S95 millones, según informó el
portal Mercopress.
La
compra de armamento es a la empresa israelí Rafael Defense System. El
sistema incluye una red de gestión de batalla, comando, control,
comunicaciones e informática (BMC4I). Junto con la asociación de una
empresa británica, suministrará un sistema de misiles para defensa aérea
terrestre para el año 2020.
El periodista Hernan Schiller, uno de los fundadores del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, detalló en el artículo El judaísmo oficial y la dictadura los
vínculos israelíes con la dictadura. En la nota informa sobre la
expresión de Reneé Epelbaum, una de las fundadoras de Madres de Plaza de
Mayo, quien tiene sus tres hijos desaparecidos “No quisiera enterarme
que a mis hijos judíos los mataron con armas israelíes”. Asimismo
Schiller detalla que Eduardo Luis Duhalde, durante una entrevista a un
policía arrepentido de los crímenes de la dictadura, informó que Herzl
Inbar -ministro consejero de la embajada de Israel en Argentina- les
brindaba “instrucciones antisubversivas”.
En otra nota, publicada en Página 12, El judaísmo oficial, la dictadura y el “Pirkei Avot”,
Schiller transcribe lo que María Gutman, de Madres de Plaza de Mayo,
publicó en el periódico Nueva Sion: “He leído con atención este escrito
aberrante que es el ‘Informe oficial de Israel sobre desaparecidos
judíos en la Argentina’”. “No me sorprende el descaro y la desfachatez
de las autoridades israelíes, que no dicen absolutamente nada de su
nefasto papel en esa época. Israel, al igual que sus patrones
norteamericanos, le dio a la dictadura apoyo económico, político, moral y
armamentístico. Nuestros queridos hijos sufrieron una doble
persecución: por parte de los fascistas uniformados, que los torturaron y
los hicieron desaparecer. Y, también, por parte de los fascistas
judíos, que armaron a los asesinos. Cuando en 1982 el primer ministro
Shamir vino a Buenos Aires, no nos quería recibir. Shamir es un fascista
y yo soy antifascista. También lo era mi hijo. Y yo estoy profundamente
orgullosa de los sueños revolucionarios y de las luchas de mi hijo. Que
era judío y, a lo mejor, fue asesinado con armas israelíes”.
En
declaraciones al medio DelaCole.com, Herzl Inbar, quien dirigió la
embajada israelí en Argentina durante aquellos años, expresó: “No es un
secreto que en aquella época, antes de ella y después de ella teníamos
con la Argentina relaciones vinculadas al negocio de las armas”. Luego
continuó: “Eso posibilitó una mejor llegada a los militares en el poder.
Habría que mirar esto bajo dos opciones; una simple por la cual nos
hubiésemos prohibido comerciar con un país así y la otra, la pragmática,
nada fácil. Cuando tuvimos que localizar shlijim del Hashomer Hatzair
que desaparecieron en Córdoba en 1976, logramos hacer esto en horas
gracias a nuestros vínculos con el poder. Si; estuve sentado con los
asesinos pero pensamos que era la mejor forma de salvar judíos”.
La
dictadura argentina tuvo un sesgo profundamente antijudio. De hecho,
muchas de las teorías conspirativas como el “Plan Andinia” surgieron en
el seno de la dictadura militar. Esto no se debe confundir con la
evaluación de territorios a ocupar por el sionismo; unas de las opciones
analizadas fue la patagonia argentina. En la dictadura hubo 2000
personas judías detenidas-desaparecidas, el 1% de la comunidad
argentina, un número mayor a la comunidad en general.
"Martín Vizcarra es un provinciano buena persona en un torbellino de un país cloacal"
Entrevista a Ricardo Napurí, exdiputado constituyente y senador peruano
M.H.: ¿Renuncia o expulsión de la presidencia de Perú de PPK?
R.N.: Parece una serie de película de misterio del poder pero mestizo, o sea “chicha”, como se dice en los países andinos.
M.H.: Por un lado Kuczynski renuncia y por otro el Parlamento lo echa.
R.N.:
El problema central, y que no dicen los medios, es que ayer (21.3)
renunció porque le fracasó la maniobra que había hecho con el hermano de
Keiko Fujimori para conseguir la mayoría de congresistas que necesitaba
para que no lo echaran. Como eso fracasó porque la hermana, y ahí viene
lo que hace de esto una especie de serie de televisión, infiltró a una
persona que se entrevistó con él y con los representantes del gobierno
ofreciendo una cantidad de prebendas a todos aquéllos que dieran su voto
a favor de la no expulsión. Como esto el martes tomó estado público
porque Keiko Fujimori hizo conocer los audios al país, no le quedó otra
opción más que renunciar, porque no solamente ya no podía tener la
mayoría de votos, sino que se descubrió directamente esta farra de cosa
sucia mercantilista e idiota del gobierno para defenderse tratando de
comprar de la forma más burda los votos de los congresistas.
Esa es la parte periodística del asunto, pero yo que voy más lejos les
digo que el problema no es solamente Odebretch y la corrupción de los
gobiernos, en este caso a PPK y a todos los otros gobiernos
involucrados, sino el hecho de que Perú, siendo un país al que así como
los bolivianos le llamaban “rosca” a su pequeña burguesía en la medida
que 10 mineros eran dueños prácticamente de todo el país, pero también
de lo que se podía llamar la mini burguesía, Perú es un poquito más
todavía porque entre 30 y 40 empresas son las dueñas del país, la
mayoría de ellas ligadas al capital extranjero, el resto es una clase
media débil y el 60% somos pobres y marginales.
Esa es en
términos escuetos la situación del país, sino no se entendería por qué
Fujimori a través de su hija tiene el 50% de los votos. El tipo a pesar
de ser corrupto, ladrón y asesino hizo asistencialismo en un país donde
nadie se preocupaba por ese 60% de la población que lo vota creyendo que
la hija va a hacer asistencialista también.
Recordemos que
está acusado de robar miles de millones de dólares, además de haber
atentado contra los Derechos Humanos, aún así tiene el apoyo de un 50%
de la población. Digo esto para saber directamente sobre el país, pero
la acusación va más lejos, porque no solamente los cuatro Presidentes
que cito: Alan García, Ollanta Humala, Toledo y PPK son los
involucrados, Odebretch va más lejos.
Más de una vez hemos
conversado que a través de mi experiencia como Senador y de haber estado
en comisiones importantes como ser la de Presupuesto, yo conocía la
trama del poder en Perú, la que he volcado en mi libro Pensar América Latina;
la corrupción es sistémica, engloba a todo el sistema de dominación de
todos los países, no solo de Perú, entonces las empresas tienen un
presupuesto determinado ya para los sobornos y las coimas, no es
Odebretch solamente, son todas las grandes empresas incluidos los bancos
que corrompen a través de este mecanismo de lo que se llama la coima y
que en este caso aparece singularizado Odebretch.
Por eso es
que los cuatro Presidentes que cito están comprometidos no solamente por
haber recibido dinero de Odebretch para obras públicas, lógicamente con
beneficios a su favor, violando la competencia interempresarial, sino
montones de otras empresas. Lo que tenemos que alertar es que no es un
caso particular, en Argentina o en cualquier país el asunto de la
corrupción va más lejos de la que pueda haber realizado Odebretch a
través de coimas para beneficiarse con obras, es sistémica, el
funcionario corrupto sabe que se puede beneficiar de las coimas que dan
las empresas y el sistema de corrupción se generaliza.
En Perú
particularmente es grotesco porque la corrupción es directamente con los
Presidentes y los ministros están en un nivel más bajo, en otros países
a veces no aparecen los Presidentes sino los ministros o
representantes, como en Argentina, por ejemplo.
Entonces
estamos hablando del prototipo de cómo el sistema se ha vuelto
degenerativo, corrupto e inmoral, de tal manera que la gente que
defiende lo que hace no puede de ninguna manera rasgarse las vestiduras
diciendo que solamente es corrupto tal o cual Presidente, sino que
tenemos que ver por qué el sistema es corrupto y por qué esa
degeneración se da en todos lados.
Por otro lado Pedro Pablo
Kuczynski tiene doble nacionalidad, él primero es norteamericano, fue
Ministro de Fomento y Obras Públicas cuando yo fui Senador y como yo era
de la Comisión de presupuesto el tipo tenía que venir a mí y a mis
compañeros de Comisión a discutir el entramado del Presupuesto, allí él
ya se declaraba lobista, con orgullo.
Hay un Presidente de la
Corte Suprema de Perú que se declaró agente de la CIA con orgullo,
diciendo que eso lo prestigiaba ante el país. El peligro es que ahora
Kuczynski en lugar de estar sometido a la fiscalía que tiene que ver las
depredaciones que ha hecho, se vaya a su país, porque él fue primero
norteamericano y después vino a Perú de visita y se hizo Ministro y
tiene doble nacionalidad, es igual que el caso de Sánchez Lozada de
Bolivia y en cierta forma de Toledo, que era tan sucio en sus
manifestaciones que ponía visiblemente todo lo que robaba a nombre de su
mujer y su suegra, belgas ambas, y se ha refugiado en EE UU porque
tiene un poco de residencia allá y bastante de nacionalidad
norteamericana.
EE UU jamás los va a entregar de ninguna manera
porque no considera que sea delito robar de esa forma, porque
consideran que es legítimo todo el sistema de coimas y depredación que
hacen los gobernantes sobre sus pueblos y en beneficio propio. Así que
si se va a su país, si la justicia lo considera lo podrá llamar después
para que venga a dar cuenta, pero EE UU lo va a negar.
El otro
problema que viene es la situación política concreta, yo lo conozco a
Martín Vizcarra que es un ingeniero de la zona de Moquegua donde está la
mina de Cuajone, él fue gobernador allí. Hace dos años estuve con él en
Lima, él no tiene partido político pero es considerado un hombre
decente y PPK lo buscó justo para blanquear la imagen de su candidatura.
El hombre viene de Canadá ahora donde estuvo de embajador y mañana
(23.3) asume la presidencia. No tiene partido ni ideas definidas y el
país es obviamente una coctelera, porque se va Kuczynski, no se sabe qué
va a hacer Keiko Fujimori, extensivamente seguramente los organismos de
Derechos Humanos internacionales van a definir que Fujimori vaya preso
de nuevo, sin embargo, todo el arreglo del hermano de Keiko con
Kuczynski que desató la crisis fue la liberación de Fujimori acusado de
violación a los Derechos Humanos y de corrupción, a 25 años de prisión.
Es probable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare que
tiene que volver a la cárcel. Entonces el país está en una crisis
fenomenal, donde el Presidente no tiene contextura política, es un
provinciano buena persona y nada más, en un torbellino de un país
cloacal por la situación que señalé recién.
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