Honduras
El Salmón Contracorriente
| Honduras es el país que más ingresos fiscales pierde por incentivos a empresas nacionales y extranjeras: un 5,6% de su PIB |
La nueva Ley de Fomento del Turismo en Honduras es ejemplo de cómo las
élites económicas controlan la política fiscal para beneficiarse sin
tener en cuenta el interés público, los recursos naturales y a la
población originaria.
Frente a esta dura realidad, el Estado hondureño no puede (o no
quiere) atender las necesidades de sus ciudadanos y eliminar las causas
estructurales de la pobreza y la violencia. Los altos niveles de
corrupción, que son una constante desde la época colonial, provocan que
las élites políticas que dominan el país estén más centradas en obtener
beneficio para ellos y sus allegados (no pocas veces vinculados con el
crimen organizado) que en lograr un verdadero progreso económico y
social.
En este contexto, la política fiscal del país muestra un diseño
dirigido a favorecer a determinadas élites, en vez de a trabajar para
construir un verdadero estado democrático y avanzar hacia la justicia
social. De hecho, en el 2015 y según datos del Instituto Centroamericano
de Estudios Fiscales, organización socia de InspirAction, el 70% de la
recaudación fiscal del país procedía de impuestos indirectos,
caracterizados por su regresividad. Esta situación viene derivada de la
proliferación de leyes que ofrecen incentivos fiscales a empresas
nacionales y extranjeras. Según datos de las autoridades tributarias de
la región, Honduras es el país que más ingresos fiscales pierde en
relación al tamaño de su economía como consecuencia de la aplicación de
estos incentivos en toda Centroamérica, suponiendo esta pérdida un 5,6%
de su PIB. Al mismo tiempo el país sigue estando a la cola en cuanto a
recepción de inversión extranjera directa en la región, siendo el cuarto
país (de seis) en términos nominales.
La última de estas normativas que promueven los incentivos fiscales
es la Ley de Fomento del Turismo, actualmente en discusión dentro del
Congreso Nacional de Honduras. Esta ley se suma a una anterior, aprobada
en 1998 y llamada Ley de Promoción del Turismo, cuya aplicación solo en
el año 2016 causó, según ICEFI, una reducción en los ingresos fiscales
del país de alrededor de 500 millones de lempiras (21 millones USD). La
nueva normativa dispone, además de la ampliación de los privilegios
fiscales actuales, la creación de un Fondo de Turismo, el cual según
ICEFI “es una muestra de corporativismo del Estado, pues confluyen
intereses privados que manejarán recursos y decisiones públicas, lo que
da lugar a un potencial foco de corrupción”.
Además, la nueva ley propone que dicho ente pueda expropiar tierras
que hoy son de propiedad privada o comunitaria, por la existencia de un
aparente interés para promover inversiones turísticas. Este precepto
produce todavía mayor preocupación, más teniendo en cuenta los nefastos
antecedentes de Honduras en cuanto a persecución del movimiento
ambientalista y de defensa de los recursos naturales.
Desde el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres en 2016,
ocurrido en el marco de su defensa de un rio sagrado frente a las
pretensiones de una empresa, han sido múltiples los casos de
hostigamiento, amenazas y muertes de defensores del territorio. En enero
de 2017 Global Witness publicó un informe en el que calificaba a
Honduras como el país más peligroso del mundo para los activistas de la
tierra y el medio ambiente.
Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que agrupa
a amplios sectores del pueblo afrodescendiente garífuna, aseguran que
esta ley no ha sido debidamente socializada. Además, señalan que les
produce gran preocupación que se otorgue al Fondo de Turismo capacidad
para promover la expropiación de tierras, contraviniendo de forma
directa el derecho a consulta previa, libre e informada establecido en
la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales. Y su preocupación no está para nada
infundada, dado que el pueblo garífuna ha sufrido varias experiencias
negativas en los últimos años en relación con la implementación de
proyectos turísticos en la costa caribeña de Honduras. Entre estas
destacan el desalojo violente de la comunidad de Barra Vieja en Tela
para favorecer el proyecto turístico Indura Resort en 2014, o el proceso
de despojo de tierras en marcha en la actualidad en los alrededores la
ciudad de Trujillo en detrimento del pueblo garífuna.
Es por ello que es fundamental cambiar la política fiscal del país,
en cuanto a incentivos fiscales empresariales, y lograr frenar la
aprobación de esta ley turística en el Congreso de Honduras, que debe
ser sustituida por una normativa que promueva un tipo de turismo más
respetuoso con el medio ambiente y con los pueblos originarios, de base
comunitaria y que respete las decisiones de las poblaciones a las que
pueda afectar.
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