Guatemala
La disputa por las
reformas constitucionales es librada en las alturas por élites cuya
visión es estrecha y con intereses que se circunscriben a mantener el statu quo
y refuncionalizar la institucionalidad relativa al sistema de justicia.
El carácter incluyente en la formulación anterior se debe a que en
ambas posturas conviven fundamentos esenciales para que al final el
sistema siga intacto.
E s cierto que los propósitos y las fuerzas
varían. Me explico. Quienes se oponen a las actuales reformas
constitucionales en contienda persiguen mantener los actuales niveles de
impunidad y evitar que ocurran cambios interpretados, desde la matriz
anticomunista, como un peligro de acercarnos a procesos demonizados como
el de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que se recurre a
las justificaciones anticomunistas cuando los sectores dominantes ven
un milímetro de peligro en la continuidad de sus intereses (en este caso
y en este momento) de carácter mafioso y empresarial. Son quienes, en
general, logran articular el conjunto de medios y dispositivos
económicos, políticos e ideológicos que activan la hegemonía dominante:
profundamente conservadora y éticamente cuestionable. En general, tienen
a su favor la correlación de fuerzas dentro del Congreso de la
República, la cual podría cambiar siempre y cuando las fuerzas
reformistas logren que a algunos diputados les tuerzan el puño a partir
de los procesos de investigación o antejuicio en los cuales se
encuentran implicados. Son estas fuerzas las que tienen la mejor
correlación, por razones de hegemonía, en una eventual consulta popular,
si es que las reformas finalmente son aprobadas en el Organismo
Legislativo.
Quienes están promoviendo las reformas
constitucionales pretenden disminuir los altos niveles de impunidad
devenidos de la penetración del crimen organizado en el Organismo
Judicial, del predominio de grupos empresariales que operan a través de
funcionarios judiciales y consorcios de abogados corporativos y de
articulaciones políticas (de partidos y élites universitarias y
gremiales) que han generado una distorsión ética, política y
jurídica en la elección de las cortes. Constituyen una fuerza reformista
devenida del apoyo, el estímulo y el interés de la Embajada de Estados
Unidos, operada a través de la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público y el Procurador de los
Derechos Humanos e integrada por un conjunto de fundaciones, oenegés y
colectivos igualmente elitistas, que carecen de la fuerza suficiente en
el Congreso de la República para avanzar en la pretensión de generar
reformas constitucionales cuyo alcance (de darse) será la
refuncionalización a través del incremento de la eficiencia y la
eficacia del Organismo Judicial, el que menor desgaste presenta en el
Estado.
Los cambios que pudieran implicar las reformas
constitucionales susceptibles de aprobarse finalmente no cambiarán en
esencia el carácter del sistema de justicia, sobre el cual pesan las
relaciones de poder históricamente existentes. Quienes poseen o se
disputan el poder en las alturas de la contienda, entre segmentos
empresariales, mafiosos y políticos, correspondientes en general a las
derechas, tendrán la capacidad de recomponer sus fuerzas, influencias y
capacidades determinantes ante una eventual modificación del engranaje
institucional del Organismo Judicial, tal como ha sucedido con reformas
anteriores.
En artículos previos hemos analizado las debilidades
y las carencias esenciales que ha tenido el proceso de formulación de
las propuestas de reforma constitucional: las fuerzas, las demandas y
las propuestas que fueron excluidas. Al no aprobarse el artículo 203,
correspondiente al reconocimiento de los sistemas jurídicos de los
pueblos indígenas, la articulación que continúa pretendiendo las
reformas constitucionales perdió la posibilidad de contar con una fuerza
organizada y movilizada por el Gran Consejo Nacional de Autoridades
Ancestrales, la Asamblea Social y Popular y otras articulaciones
sociales que permitieran pensar en el logro del propósito de aprobación
de tales reformas en el Organismo Legislativo y finalmente en una
eventual consulta popular.
Así las cosas, aquellos sujetos
mayoritarios, como los pueblos indígenas, el campesinado, los
trabajadores y el movimiento de mujeres y feminista, siguen siendo
excluidos de las búsquedas elitistas de reformas impuestas recientemente
en el país. Y, con los signos de agotamiento histórico del Estado
guatemalteco, aun lográndose las reformas constitucionales que se
pretenden en la actualidad, es muy probable que estemos a las puertas de
un nuevo momento de crisis política, ya que los problemas nacionales
históricos y estructurales siguen profundizándose y no encuentran una
salida en ningún nivel y ámbito de la política devenida del Estado.
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