Señalan la criminalización del aborto, los feminicidios y la “brecha” salarial en el trabajo
El Código Penal de El
Salvador aprobado en 1998 penaliza el aborto en todos los supuestos. El
país centroamericano cuenta hoy con una de las legislaciones más
restrictivas del mundo, lo que incluye penas por aborto y delito conexo
de homicidio -agravado o en tentativa- que pueden superar los 30 años de
prisión. La tipificación delictiva afecta asimismo a los profesionales
de la salud. Movimientos como la Alianza por la Salud y la Vida de las
Mujeres, que agrupa a una treintena de asociaciones, han pedido la
reforma del artículo 133 del Código penal para que se despenalice la
interrupción del embarazo en las cuatro circunstancias más graves:
cuando ponga en riesgo la salud o la vida de la madre; en el caso de las
malformaciones incompatibles con la vida extrauterina; si el embarazo
es producto de una violación sexual o trata; y en supuestos de violación
sexual a niñas o adolescentes.
Además,
“la extrema derecha salvadoreña –la formación política ARENA- ha
propuesto que las penas por aborto aumenten hasta los 50 años de
prisión”, recuerda Sara García, defensora de derechos humanos y miembro
de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Destaca la
importancia de que se despenalicen las cuatro “causales” mencionadas,
pues ello “aliviaría un tanto la situación de muchas mujeres”. “La
prohibición legislativa ha dado lugar al encarcelamiento de mujeres que
han sufrido abortos espontáneos y complicaciones relacionadas con el
embarazo, a quienes se acusó de tener abortos y condenó injustamente por
homicidio”, explica la activista antes de participar en un acto
organizado por la Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) del País
Valencià, en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de
València. El debate se halla actualmente en la Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa de El Salvador.
Amnistía Internacional se ha sumado a la campaña recordando que, según
el Ministerio de Salud salvadoreño, se produjeron 19.290 abortos
“clandestinos” entre 2005 y 2008. Y que en 2011, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el 11% de las mujeres y niñas sometidas a un
aborto “ilegal” en El Salvador murieron tras esta práctica. La red en
defensa de la salud Global Health Council subraya que en el periodo
1995-2000 se produjeron 246.275 abortos en El Salvador.
Uno de
los casos señeros es el de Manuela (nombre ficticio). Pobre, ágrafa,
residente en el medio rural y con dos hijos a su cargo, murió en la
cárcel en 2010, donde cumplía una condena de 30 años por un delito de
homicidio agravado impuesta por el Tribunal de San Francisco Gotera en
2008. Manuela había tenido un embarazo y, en el séptimo mes, sufrió una
fuerte caída que le motivó un parto precipitado. Al trasladarse al
hospital, la doctora encargada de atenderle acusó a Manuela ante la
policía de un delito de aborto “voluntario”. Además, esta mujer de 33
años nunca recibió un tratamiento adecuado del cáncer linfático que
padecía y que causó su muerte en la prisión. Las organizaciones Centro
de Derechos Reproductivos, Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local
y Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto consideran que
personal de salud, funcionarios de las prisiones, de la policía,
Fiscales y jueces violaron los derechos de la víctima. Por este motivo,
presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que resolvió su admisión el pasado 18 de marzo.
El informe
“Excluidas, perseguidas y encarceladas” publicado en 2013 por el Centro
de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto apunta que, entre 2000 y 2011, fueron
procesadas 129 mujeres en El Salvador por aborto (68) y homicidio
agravado (60). Del total de procesadas, 49 resultaron finalmente
condenadas (23 por aborto y otras 26 por homicidio en diferentes
grados). Además, la mayoría de las mujeres incriminadas (88) eran
jóvenes y adolescentes, con edades comprendidas entre 18 y 25 años.
Según detalla el documento, predominan las mujeres que sufren
situaciones de pobreza y “totalmente dependientes económicamente”. Otro
grupo destacado (95) de las mujeres imputadas no tienen marido o
compañero.
“Durante casi dos décadas –subraya Sara García- el
Estado de El Salvador ha criminalizado el aborto en todas las
circunstancias, incluso cuando es necesario para salvar la vida de la
mujer”. El 19 de abril el Centro de Derechos Reproductivos y la
Agrupación Ciudadana hicieron balance de la iniciativa “Las 17”, que
promovieron en diciembre de 2014 junto a otras organizaciones. Se pedía
el indulto de Guadalupe y otras 16 mujeres con causas similares,
acusadas de cometer abortos “ilegales” y condenadas por homicidio
agravado. La nota informativa señala que Mirna fue liberada en diciembre
de 2014; Guadalupe también accedió a la libertad y el perdón en febrero
de 2015, tras una condena a siete años de prisión. En febrero de 2017
Sonia Tábora tuvo acceso a la libertad permanente. “Las mujeres
restantes están cumpliendo condenas de 30 a 40 años de prisión por
crímenes que nunca cometieron”, concluyen las organizaciones de apoyo.
Salvo María Teresa Rivera, cuyo caso reviste algunas particularidades.
Sentenciada en 2012 a 40 años de prisión por homicidio agravado, la pena
fue revisada en una sentencia posterior (mayo de 2016) que la absolvía.
Pero ya había pasado cuatro años en prisión. Además, la Fiscalía
General de la República no aceptó el fallo y presentó un recurso pasado
un mes. Ante la situación de asedio, María Teresa y su hijo se
desplazaron a Suecia donde han logrado el asilo.
Pero la
penalización del aborto no es el único ejemplo de violencia
institucional. El Instituto de Medicina Legal registró 524 asesinatos de
mujeres en El Salvador en 2016, de las que el 75% murieron a causa de
disparos con arma de fuego; según el instituto público el 41,4% de las
víctimas tenía entre 15 y 29 años, aunque también fueron asesinadas 21
niñas y adolescentes menores de 14 años y otra veintena de mujeres que
tenían 65 años o más. El departamento en el que se produjo un número más
elevado de homicidios contra la población femenina fue San Salvador
(172). El balance de feminicidios en el último quinquenio asciende a
1.928, con un promedio de 385,6 anuales. Sólo en octubre de 2016 la
Policía Nacional Civil constató 41 feminicidios, es decir, uno cada 16
horas.
“El Salvador es, en proporción a su territorio y
población, uno de los países con más casos de violencia sexual y
feminicidios del mundo”, afirma Vilma Vaquerano, activista de la
Organización feminista de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). El
fenómeno se explica en parte por el contexto histórico de violencia del
país, multiplicado por las pandillas y grupos armados; y en el que las
mujeres –sobre todo niñas y adolescentes- tienen mucho miedo a denunciar
los hechos. Con la “Ley Especial Integral para una vida libre de
violencia para las mujeres” se produjeron algunos avances, destaca
Vaquerano, “pero puede hacerse mucho más; hay una realidad histórica de
impunidad de los delitos, que no puede cambiarse de la noche a la
mañana”. ¿Qué razones explican esta generalización de la violencia? “Hay
en el fondo un sistema machista y de cosificación de las mujeres”. La
miembro de ORMUSA resalta los casos en que se usa a las mujeres como
“elemento de terror”. Por ejemplo en una comunidad, cuando el jefe de
una pandilla obliga a la mujer a que mantenga una relación, y ella se
niega. “Matarla implica un ‘mensaje para el resto de la comunidad”.
Vilma Vaquerano también subraya las desigualdades “históricas” en el
ámbito laboral. “El sistema patriarcal asume que la mujer es la
reproductora y cuidadora de la familia; y esto es muy grave, porque en
El Salvador no existen las políticas de bienestar social”. Es una
realidad que planea sobre los hogares y las empresas. La Concertación
por un Empleo Digno para las Mujeres recibió en 2016 un total de 111
denuncias en los centros de trabajo, que en la mayoría de los casos
afectan a más de una persona, y que figuran en el Balance de Empresas e
Instituciones vulneradoras de Derechos Laborales. En el desglose por
sectores económicos, destacan las denuncias en las maquilas textiles
(24,32%), otras empresas privadas (44%), trabajo del hogar (4,52%) e
instituciones gubernamentales y municipales (27%). Los servicios de
asesoría y atención legal recibieron denuncias sobre incumplimientos en
las cuotas de la seguridad social, despidos injustificados, impago de
horas extras e indemnizaciones y restricciones a la libertad sindical,
entre otras.
El informe “Mujer y Mercado Laboral” de 2016,
elaborado por ORMUSA con datos de 2015, señala que más de la mitad de
las mujeres en edad de trabajar en El Salvador (53,3%) no contaban con
empleo remunerado, mientras que en el caso de los hombres la vinculación
con el mercado laboral se situaba en el 80,2%. Además, según cifras del
Ministerio de Economía, el salario medio de las mujeres representaba el
84,5% del percibido por los hombres. Los desequilibrios de género se
aprecian también en las tasas de “subempleo”, que en 2015 fueron del 33%
en el caso de las mujeres y del 30,6% en el de los hombres. Todavía era
mayor la “brecha” en los índices de trabajo “informal” en el país:
47,5% en la población femenina y 38% en la masculina. Además contar con
un empleo no supone, siempre, mejores perspectivas. De hecho, la tasa de
pobreza entre las mujeres ocupadas se sitúa en el 27,4%. Y la de
sindicalización, en sólo el 5% (el 14% entre la población masculina
ocupada).
La segunda parte del informe “Mujer y Mercado
Laboral” apunta la realidad en los sectores del textil y la confección,
cuyas exportaciones se dirigen principalmente a Estados Unidos. Las
mujeres percibían en 2015, en la actividad de la confección de prendas,
salarios parecidos a los que se cobraban en el sector “informal” de la
economía. “Apenas se cubre la canasta básica alimentaria”, según el
documento publicado por ORMUSA. A ello se agrega la exposición a
punzamientos, golpes, altas temperaturas, ruidos, quemaduras, productos
químicos, fatiga visual y forzamiento de las posturas durante la
actividad laboral. La tasa de pobreza entre las mujeres ocupadas en la
confección de prendas se situaba, en 2015, en el 25,6%. “A pesar de los
esfuerzos por humanizar las maquilas de parte de trabajadoras y
organizaciones sociales, se mantienen los mismos inconvenientes que
cuando llegaron a El Salvador en los años 70 del siglo XX”, remata Vilma
Vaquerano.
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