El presidente Juan
Manuel Santos es el único responsable de desactivar la violencia que
la fuerza pública ha desatado contra los participantes del Paro Cívico
de Buenaventura iniciado el 16 de mayo. También debe restablecer la
Mesa de Concertación con los voceros de la comunidad para encontrar
soluciones eficaces a los problemas estructurales que aquejan a la
población.
La empobrecida población del puerto más importante sobre el Pacifico –que suministra billonarios ingresos al país- exige, entre otros, su derecho humano al Agua Potable en una geografía en que abundan los recursos hídricos. Agua que es negada sistemáticamente como parte de una estrategia genocida que busca el desplazamiento forzado de sus territorios de los pueblos originarios -indígenas y afro descendientes– para seguir implementando mega proyectos que arrasan con el entorno ambiental, material y espiritual de las comunidades e imponer el hierro ardiente del capital.
La dosificada represión estatal a la justa reclamación ciudadana liderada por varias organizaciones sociales busca la desviación de la demanda de espacios políticos que permitan resolver las elementales necesidades a un escenario de expresión descontrolada de la centenaria rabia contenida por las injusticias.
Pese a la fuerza pública solicitada por el Gobierno Departamental y Distrital causó graves daños a las comunidades bonaverenses el día de ayer 19 de mayo de 2017, hoy en lugar buscar canales civilizados y políticos, arrogantemente el Gobierno nacional ha informado de que :“ 1. Se reforzará el pie de fuerza con otros 530 uniformados que se sumarán a los mil actuales. 2. Ejército apoyará a la policía en el control vial, para garantizar la movilidad en la carretera”.
Señor presidente , cualquier daño a la vida y a la integridad individual o colectiva de los manifestantes es su responsabilidad.
Lo de Buenaventura es la expresión de un descontento nacional del cual hacemos parte los pueblos, comunidades, autoridades tradicionales y organizaciones indígenas que sentimos como propia la agresión a nuestros hermanos. En este sentido estamos invitando a movilizarnos que desde el municipio de Jamundí haremos el día 23 hasta la ciudad de Cali y a la audiencia pública el día 24 de mayo de 2017 en Cali convocado por la Macro-occidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, sectores sociales, sindicales y populares del suroeste Colombiano.
En esta movilización y audiencia pública denunciaremos: 1. La violación sistemática de los derechos humanos, espacios de vida, DIH y los DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales); 2. La implementación nefasta de la política minero energética en nuestros territorios (minería legal e ilegal, exploración y explotación de hidrocarburos, construcción de represas, mega proyectos, entre otros); 3. La amenaza paramilitar en los territorios del sur occidente colombiano y el resto del país que hoy más que nunca arrecian su accionar; 4. El incumplimiento de todos los acuerdos por parte del Gobierno nacional con los pueblos indígenas, comunidades negras, campesinas, sindicales y demás organizaciones sociales; 5. La privatización de los bienes públicos y comunitarios.
Exigimos al Estado y al Gobierno colombianos respeto a los derechos humanos a las poblaciones afrodescendientes, indígenas y demás sectores sociales en el reclamo de sus justas luchas.
Llamamos a las organizaciones sociales, a las organizaciones y organismos de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales a sumarse a la movilización por los derechos de todas nuestras comunidades .
Instamos a la Comisión Interamericana de Derechos, a la Organización de Estados Americanos, a la Unasur, a la Celac, A la Corte Penal Internacional, al Alto Comisionado de DDHH y al Consejo de Seguridad de la ONU a que exija al Estado de Colombia pronta solución de las demandas comunitarias y cesar la represión a la población que exige derechos elementales.
ORGANIZACIÓN REGIONAL INDIGENA DEL VALLE DEL CAUCA –ORIVAC-
CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD
Valle del Cauca, 20 de mayo de 2017
Buenaventura: https://www.las2orillas.co/los
http://www.pachakuti.org/texto
La empobrecida población del puerto más importante sobre el Pacifico –que suministra billonarios ingresos al país- exige, entre otros, su derecho humano al Agua Potable en una geografía en que abundan los recursos hídricos. Agua que es negada sistemáticamente como parte de una estrategia genocida que busca el desplazamiento forzado de sus territorios de los pueblos originarios -indígenas y afro descendientes– para seguir implementando mega proyectos que arrasan con el entorno ambiental, material y espiritual de las comunidades e imponer el hierro ardiente del capital.
La dosificada represión estatal a la justa reclamación ciudadana liderada por varias organizaciones sociales busca la desviación de la demanda de espacios políticos que permitan resolver las elementales necesidades a un escenario de expresión descontrolada de la centenaria rabia contenida por las injusticias.
Pese a la fuerza pública solicitada por el Gobierno Departamental y Distrital causó graves daños a las comunidades bonaverenses el día de ayer 19 de mayo de 2017, hoy en lugar buscar canales civilizados y políticos, arrogantemente el Gobierno nacional ha informado de que :“ 1. Se reforzará el pie de fuerza con otros 530 uniformados que se sumarán a los mil actuales. 2. Ejército apoyará a la policía en el control vial, para garantizar la movilidad en la carretera”.
Señor presidente , cualquier daño a la vida y a la integridad individual o colectiva de los manifestantes es su responsabilidad.
Lo de Buenaventura es la expresión de un descontento nacional del cual hacemos parte los pueblos, comunidades, autoridades tradicionales y organizaciones indígenas que sentimos como propia la agresión a nuestros hermanos. En este sentido estamos invitando a movilizarnos que desde el municipio de Jamundí haremos el día 23 hasta la ciudad de Cali y a la audiencia pública el día 24 de mayo de 2017 en Cali convocado por la Macro-occidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, sectores sociales, sindicales y populares del suroeste Colombiano.
En esta movilización y audiencia pública denunciaremos: 1. La violación sistemática de los derechos humanos, espacios de vida, DIH y los DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales); 2. La implementación nefasta de la política minero energética en nuestros territorios (minería legal e ilegal, exploración y explotación de hidrocarburos, construcción de represas, mega proyectos, entre otros); 3. La amenaza paramilitar en los territorios del sur occidente colombiano y el resto del país que hoy más que nunca arrecian su accionar; 4. El incumplimiento de todos los acuerdos por parte del Gobierno nacional con los pueblos indígenas, comunidades negras, campesinas, sindicales y demás organizaciones sociales; 5. La privatización de los bienes públicos y comunitarios.
Exigimos al Estado y al Gobierno colombianos respeto a los derechos humanos a las poblaciones afrodescendientes, indígenas y demás sectores sociales en el reclamo de sus justas luchas.
Llamamos a las organizaciones sociales, a las organizaciones y organismos de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales a sumarse a la movilización por los derechos de todas nuestras comunidades .
Instamos a la Comisión Interamericana de Derechos, a la Organización de Estados Americanos, a la Unasur, a la Celac, A la Corte Penal Internacional, al Alto Comisionado de DDHH y al Consejo de Seguridad de la ONU a que exija al Estado de Colombia pronta solución de las demandas comunitarias y cesar la represión a la población que exige derechos elementales.
ORGANIZACIÓN REGIONAL INDIGENA DEL VALLE DEL CAUCA –ORIVAC-
CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD
Valle del Cauca, 20 de mayo de 2017
Buenaventura: https://www.las2orillas.co/los
http://www.pachakuti.org/texto
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