En una suerte de
vuelta de campana, la flamante ola derechista en América Latina –ver los
gobiernos de Mauricio Macri, en Argentina, y de Michel Temer, en
Brasil– no ha demorado en aplicar el duro ajuste fiscal conocido de
antaño en la zona, con las consabidas consecuencias económicas y
sociales.
Desde Página 12, el sociólogo Emir Sader apunta que,
para su propósito, los reaccionarios tuvieron que recomponer el viejo
diagnóstico según el cual los problemas son el “fruto” de gastos
excesivos del Estado. Algo evidentemente desmentido por la praxis,
porque en esas mismas naciones, no lo olvidemos, los gabinetes
progresistas respondieron a los torvos efectos de la crisis
internacional iniciada en 2008 con orientaciones diametralmente opuestas
a las vigentes: aplicaron medidas anticíclicas.
“Con ello
pudieron sacar rápidamente a las economías de la recesión, volver a
crecer, superar el desempleo y retomar la dinámica de expansión
económica con distribución de renta, que permitió el momento más
virtuoso de la historia de esos y de otros países del continente en este
siglo”.
El pensamiento sofístico intenta inculcar la idea de que
la extrema situación actual resulta generada por el modelo que en
verdad mejor funcionó, amplía el intelectual, para acotar: “Dicen que se
habría gastado demasiado. Que los gastos en políticas sociales serían
la causa del desequilibrio de las cuentas públicas. No las altísimas
tasas de interés, no el pago de las deudas interna y externa, no la
evasión de impuestos, no los paraísos fiscales, no los subsidios a los
grandes empresarios, no la especulación financiera.
“En realidad,
la derecha vuelve para destruir lo que fue construido a lo largo de
este siglo en los países donde logra, por una u otra vía, volver al
gobierno. Su agenda es estrictamente negativa: privatización de
propiedades públicas, menos recursos para políticas sociales, menos
derechos para los trabajadores, más recesión, más desempleo. Más Estados
Unidos en el continente y menos integración regional”.
Para eso
se han echado a un lado –¿hasta cuándo y hasta dónde?– las armas
desembozadas, simplemente porque desde hace tiempo, como recuerda
Aurelio Alonso en su libro El laberinto tras la caída del muro (La
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2006), “la aplicación del modelo
neoliberal encontró más funcionalidad en la dinámica electoral del
sistema democrático representativo que en las dictaduras militares. Este
es un dato necesario para no caer en la trampa de creer que la
democratización vivida es un producto generoso y natural de la lógica
del capital. Para la máquina de poder del capital se hace más factible
enfrentar la crisis de gobernabilidad mediante el entendido de que la
vía electoral proveerá soluciones. La alternancia no solo reporta
virtudes; también contribuye a reducir el papel del Estado en las
economías nacionales. Esta funcionalidad explicaría por sí sola que la
dependencia neoliberal, particularmente en América Latina, optara por la
adopción de formas democráticas”.
¿Por qué, al fin y al cabo, buen segmento de la ciudadanía se inclinó por lo de antaño en estos casos?
Puede
que encontremos una pauta en el propio Alonso, para quien una (otra)
paradoja consiste en que las dinámicas del Sistema hacen coincidir a
menudo el incremento de la presencia de la izquierda en esferas de
decisión con momentos muy regresivos en lo que se refiere a la
distribución de los ingresos (lo que no sucedió mientras el precio de
las materias primas, principal renglón exportador del área, se mantuvo
en la comba celeste) y en el empobrecimiento (relativo) de la población.
Pero ubicándonos vigorosamente en el presente, el analista
Andrés Mora Ramírez trae a colación, en ALAI, que la Comisión Económica
para América Latina (Cepal) acaba de publicar un valioso informe en el
que ahonda en el análisis de algunas dimensiones o “ejes estructurantes
de la profunda y persistente desigualdad social que caracteriza a
nuestra región, a saber: la condición socioeconómica (la clase social);
las desigualdades étnicas y raciales y su relación con las desigualdades
de género; las desigualdades a lo largo del ciclo de vida, y las
desigualdades territoriales”.
Conforme a Mora, la divulgación del
documento arriba en un momento oportuno, ya que, “en un contexto
regional signado por el avance de la restauración conservadora y
neoliberal”, las acciones políticas y económicas de las fuerzas de
derecha otra vez en el poder –“unos por la vía de las elecciones y otros
por el golpismo de nuevo patrón– amenazan seriamente la sostenibilidad
de los avances en materia de desarrollo social y humano alcanzados
durante los últimos 15 años, especialmente por los gobiernos
progresistas y nacional-populares”.
La Cepal reconoce que la
reducción del desnivel alcanzado en períodos recientes tuvo un fuerte
componente de voluntad y decisión estratégica, en un contexto económico
favorable a la América Latina, toda vez que “los gobiernos de los países
de la región dieron una alta prioridad a los objetivos de desarrollo
social y promovieron políticas activas de carácter redistributivo e
incluyente”.
En efecto, entre los años 2000 y 2014 la penuria
disminuyó sustancialmente, al pasar de 43,9 por ciento a 28,2; en tanto
que la indigencia se comprimió de 19,3 a 11,8, en virtud del “aumento de
los ingresos de los hogares a causa de la mejora del mercado de trabajo
(disminución de la tasa de desocupación, aumento de los ingresos
laborales e incremento de la formalización y de la participación laboral
de las mujeres) y por la expansión del gasto público social y de las
políticas de lucha contra la pobreza, entre ellas, las transferencias
monetarias”.
Sin embargo, esto todavía no es suficiente, y se
requieren cambios de más raigales repercusiones en nuestras sociedades.
“Como muestra la experiencia histórica y reciente de América Latina y el
Caribe –dice el estudio–, si bien el crecimiento económico es un factor
fundamental para la reducción de la pobreza, la desigualdad puede
limitar significativamente ese proceso. Sin un cambio en la distribución
del ingreso, incluso los altos niveles de crecimiento son insuficientes
para reducir la pobreza en forma sostenible”.
Cual proyectil
lanzado al centro mismo de la situación en algunos Estados, precisamente
los de la “vuelta de campana”, la Cepal formula ocho recomendaciones -a
manera de desafíos- para las administraciones:
1) articular la política
económica, la ambiental y la social;
2) “desarrollar políticas públicas
con enfoque de derechos y ciudadanía social, esto es, que todas las
personas, por el solo hecho de ser parte de la sociedad, tienen pleno
derecho a acceder al bienestar social”;
3) construir políticas de
desarrollo bajo el principio de universalidad sensible a las
diferencias, “para romper las barreras de acceso a los servicios
sociales y al bienestar que enfrentan las personas que se encuentran en
condiciones de pobreza o vulnerabilidad, las mujeres, los
afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas que residen en
áreas rezagadas, las personas con discapacidad y los migrantes, así como
los niños, los jóvenes y los ancianos”; asimismo,
4) “el
fortalecimiento de la institucionalidad social, con miras a reforzar la
sostenibilidad de las políticas sociales como políticas de Estado y no
solo de gobierno”;
5) la promoción de la cohesión territorial por medio
de políticas sociales;
6) la mejora en las bases de datos y los
indicadores estadísticos para la toma de decisiones;
7) la protección
del gasto social y el resguardo de los ingresos tributarios frente a
“una élite activa y con poder de veto” que se opone sistemáticamente al
pago de impuesto; y por último, y
8) la necesidad de “transitar de la
cultura del privilegio a una cultura de la igualdad”.
Loable
empeño el de la mencionada entidad. Ahora, deviene archiconocido que las
buenas intenciones quedan precisamente en amagos si no cuentan con el
soporte material, con el sujeto que las pondrá en práctica, en este caso
las masas, verdad de perogrullo que no vadeamos, para abocarnos a una
interrogante que se formula en voz alta el antes mencionado Sader:
“¿Cómo deben reaccionar las fuerzas populares frente a esa ofensiva conservadora?”.
Y
seguimos comulgando con él cuando se responde que, antes que todo,
buscando el más amplio proceso de toma de conciencia, movilización y
organización de las víctimas de las políticas de los “nuevos-viejos”
gobiernos.
Sin eso no será posible revertir la coyuntura. En
segundo lugar, apostilla, ir tras la más amplia unidad de las fuerzas
opositoras, tomando como línea divisoria entre los dos campos
precisamente al modelo neoliberal. Igualmente, realizar “un balance del
pasado reciente, pero valorando todo lo conquistado como paso previo a
la crítica de los errores”. Y “reconquistar la hegemonía de los valores
que han llevado a los gobiernos progresistas a ser elegidos por la
mayoría. Reelaborar los temas de la justicia social, de la democracia
política, de la soberanía nacional, entre tantos otros, en los términos
actuales, después de los avances de la derecha”.
Dentro del
imprescindible plano de lucha ideológica, que acompaña a la política,
conforme a nuestra fuente, habría que reimponer como objetivos
fundamentales el desarrollo económico con distribución de renta, después
de desarticular las falsedades con las que la derecha retorna a algunos
países de América Latina.
Esto, si no queremos “marearnos” hasta sucumbir con tanta vuelta de campana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario